Por Eduardo Lucita
Una coyuntura económica compleja, un déficit energético inédito y una intrincada trama de relaciones internacionales concluyeron en el acuerdo con Repsol. Se pone énfasis en señalar que fue obra de tres países, aunque se obvia el rol que jugó Estados Unidos en el convenio.
El impacto que en las finanzas nacionales provocaba la factura energética llevó al gobierno nacional, en abril del año pasado, a reapropiarse del 51 por ciento de las acciones de YPF. Esto fue acompañado por la celebrada Ley de Soberanía Hidrocarburífera. Se suponía entonces que este era el punto de partida de una política energética diferenciada de la anterior.
La decisión política de recuperar el control de la emblemática empresa nacional, en manos de la española Repsol, tuvo una dimensión política simbólica que superó al propio acto expropiatorio. Desde esta misma columna señalábamos entonces que se trataba de un avance que había que superar ya que nada decía de los decretos desreguladores vigentes desde los años ’90, ni de los contratos de concesión por fuera de YPF, menos aún del concepto de libre disponibilidad del crudo que da plena libertad a los concesionarios, lo que resultaba contradictorio con los objetivos generales enunciados.
Aquel giro parecía emparentarse con lo que fuera la captura de renta agraria extraordinaria o la nacionalización de las AFJP. Se mostraba como una decisión soberana positiva que, si bien dejaba planteada numerosos interrogantes, abría genuinas esperanzas.
Negociaciones a la carta
Ahora se sabe que el acuerdo con Repsol ha sido la resultante de un largo proceso de negociaciones, “nueve meses de conversaciones y charlas informales”, según afirmó el recién estrenado ministro de Economía, Axel Kicillof. Cuando se decidió recuperar para el Estado la mayoría del paquete accionario, con el argumento de que la empresa española había en realidad consumado un vaciamiento, algo fácilmente verificable, fue ese funcionario, en ese momento vice-ministro de la cartera, quién en un encendido discurso en el Congreso de la Nación gritó a los cuatro vientos que no estaban dispuestos a pagar por el vaciamiento producido, ni por activos que estaban sobrevalorados, sino… por “el costo real de la empresa”.
Repsol exigía una indemnización superior a los 10.000 millones -en algún momento llegó a exigir 15.000 y hasta 20.000-, luego se conocería que eran solo maniobras del presidente del directorio para trabar cualquier negociación. Con el acuerdo alcanzado el gobierno argentino pagaría menos de la mitad del reclamo original. Se estima será de 5.000 millones de dólares, aunque no se conoce con certeza cuál ha sido la valuación real ni quién la hizo, tampoco si se pagará en activos líquidos (bonos de deuda) o con algún porcentaje de participación en la explotación. Precisamente el Observatorio Petrolero Sur (Opsur) ha señalado que “todavía no está claro si el Tribunal de Tasación va a intervenir en determinar el monto indemnizatorio o será a través de una negociación entre las partes, ni tampoco si se va a dar intervención en la negociación a las provincias que integran el directorio de YPF”.
La participación de las provincias es un tema crucial porque es allí donde se ha producido el daño ambiental, cuyos costos parecen haber sido dejados de lado. Chubut, Santa Cruz y Neuquén pueden aportar datos concretos y una evaluación monetaria de estos daños. Precisamente computar el daño ambiental probablemente llevaría a cero la indemnización de ley. Conviene recordar que la expropiación por razones de utilidad pública contempla el pago de la misma una vez realizada la evaluación correspondiente por organismos competentes del Estado.
Lo notable es que ha sido el propio Kicillof, ahora ya como ministro, quién anunció el acuerdo y que este -con cláusulas que no se conocen por un criterio de confidencialidad, igual que el acuerdo con Chevrón- contiene una indemnización que no sería acorde al “costo real de la empresa” si se computara el daño ambiental.
El “amigo americano”
Se ha divulgado profusamente que cuando luego de varios meses en que la negociación entre el gobierno argentino y la petrolera española estaba en vía muerta, fue un acuerdo entre los gobiernos de tres países -Argentina, España y México- el que la destrabó, y que la posición mexicana a través de su petrolera Pemex -tenedora del 9 por ciento de las acciones de Repsol- había resultado decisiva.
Un recorrido por las diversas fases que atravesó la negociación da parte de razón a estos dichos, sin embargo se oculta que hubo un cuarto jugador. Este no fue otro que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que por medio de su secretario de Estado de Energía, Ernest Moñiz, hizo saber al ministro español de Industria y Energía, José M. Soria, que su país apoyaba a Repsol en su demanda contra YPF, pero que la petrolera Chevrón necesitaba con urgencia el acuerdo entre ambas empresas para poder ingresar en la explotación del yacimiento argentino de Vaca Muerta. Este acuerdo resultaba de particular importancia para la multinacional norteamericana, ya que las advertencias de la compañía española, que amenazaba con demandar a cualquier empresa que invirtiera en la nacionalizada YPF, constituían una traba.
Esto es, el “amigo americano” presionó a dos puntas. Por un lado al gobierno argentino para que aceptara pagar algo a Repsol y por el otro al español para que aceptara una indemnización menor a la reclamada. No solo expresaba los intereses de Chevrón, también de Exxon y otras petroleras americanas. EEUU se valió también del gobierno mexicano y de los intereses de Pemex, que tiene relaciones contradictorias con el directorio de la petrolera española e intereses en ingresar a Vaca Muerta.
Pragmatismo sin soberanía
El vuelco que implica este pragmatismo está sin dudas obligado por el déficit del sector energético y los resultados de una política que durante casi una década dejó hacer a los vaciadores y miró como caían la producción de petróleo y de gas sin inmutarse. Ahora desde el oficialismo se lo presenta como una necesidad para atraer inversiones, engrosar las alicaídas reservas internacionales y evitar un colapso energético en el mediano plazo. No se lo reconoce pero es evidente forma parte del giro promercados que ensaya el gobierno luego de los recientes resultados electorales
Y puede que dé resultados. Que vengan inversiones de la mano de las corporaciones internacionales y que finalmente, explotación no convencional mediante (fracking), aumente la producción de gas y petróleo. Resultados estos que no se verán de inmediato.
Habrá entonces energía a costa de afianzar el régimen de sociedad mixta, el principio neoliberal de “libre disponibilidad” y una inserción cada vez más subordinada al mercado mundial. Ha quedado para el arcón de los recuerdos la declamada soberanía energética. (Diario La Arena)
Eduardo Lucita es integrante de EDI-Economistas de Izquierda.
El impacto que en las finanzas nacionales provocaba la factura energética llevó al gobierno nacional, en abril del año pasado, a reapropiarse del 51 por ciento de las acciones de YPF. Esto fue acompañado por la celebrada Ley de Soberanía Hidrocarburífera. Se suponía entonces que este era el punto de partida de una política energética diferenciada de la anterior.
La decisión política de recuperar el control de la emblemática empresa nacional, en manos de la española Repsol, tuvo una dimensión política simbólica que superó al propio acto expropiatorio. Desde esta misma columna señalábamos entonces que se trataba de un avance que había que superar ya que nada decía de los decretos desreguladores vigentes desde los años ’90, ni de los contratos de concesión por fuera de YPF, menos aún del concepto de libre disponibilidad del crudo que da plena libertad a los concesionarios, lo que resultaba contradictorio con los objetivos generales enunciados.
Aquel giro parecía emparentarse con lo que fuera la captura de renta agraria extraordinaria o la nacionalización de las AFJP. Se mostraba como una decisión soberana positiva que, si bien dejaba planteada numerosos interrogantes, abría genuinas esperanzas.
Negociaciones a la carta
Ahora se sabe que el acuerdo con Repsol ha sido la resultante de un largo proceso de negociaciones, “nueve meses de conversaciones y charlas informales”, según afirmó el recién estrenado ministro de Economía, Axel Kicillof. Cuando se decidió recuperar para el Estado la mayoría del paquete accionario, con el argumento de que la empresa española había en realidad consumado un vaciamiento, algo fácilmente verificable, fue ese funcionario, en ese momento vice-ministro de la cartera, quién en un encendido discurso en el Congreso de la Nación gritó a los cuatro vientos que no estaban dispuestos a pagar por el vaciamiento producido, ni por activos que estaban sobrevalorados, sino… por “el costo real de la empresa”.
Repsol exigía una indemnización superior a los 10.000 millones -en algún momento llegó a exigir 15.000 y hasta 20.000-, luego se conocería que eran solo maniobras del presidente del directorio para trabar cualquier negociación. Con el acuerdo alcanzado el gobierno argentino pagaría menos de la mitad del reclamo original. Se estima será de 5.000 millones de dólares, aunque no se conoce con certeza cuál ha sido la valuación real ni quién la hizo, tampoco si se pagará en activos líquidos (bonos de deuda) o con algún porcentaje de participación en la explotación. Precisamente el Observatorio Petrolero Sur (Opsur) ha señalado que “todavía no está claro si el Tribunal de Tasación va a intervenir en determinar el monto indemnizatorio o será a través de una negociación entre las partes, ni tampoco si se va a dar intervención en la negociación a las provincias que integran el directorio de YPF”.
La participación de las provincias es un tema crucial porque es allí donde se ha producido el daño ambiental, cuyos costos parecen haber sido dejados de lado. Chubut, Santa Cruz y Neuquén pueden aportar datos concretos y una evaluación monetaria de estos daños. Precisamente computar el daño ambiental probablemente llevaría a cero la indemnización de ley. Conviene recordar que la expropiación por razones de utilidad pública contempla el pago de la misma una vez realizada la evaluación correspondiente por organismos competentes del Estado.
Lo notable es que ha sido el propio Kicillof, ahora ya como ministro, quién anunció el acuerdo y que este -con cláusulas que no se conocen por un criterio de confidencialidad, igual que el acuerdo con Chevrón- contiene una indemnización que no sería acorde al “costo real de la empresa” si se computara el daño ambiental.
El “amigo americano”
Se ha divulgado profusamente que cuando luego de varios meses en que la negociación entre el gobierno argentino y la petrolera española estaba en vía muerta, fue un acuerdo entre los gobiernos de tres países -Argentina, España y México- el que la destrabó, y que la posición mexicana a través de su petrolera Pemex -tenedora del 9 por ciento de las acciones de Repsol- había resultado decisiva.
Un recorrido por las diversas fases que atravesó la negociación da parte de razón a estos dichos, sin embargo se oculta que hubo un cuarto jugador. Este no fue otro que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que por medio de su secretario de Estado de Energía, Ernest Moñiz, hizo saber al ministro español de Industria y Energía, José M. Soria, que su país apoyaba a Repsol en su demanda contra YPF, pero que la petrolera Chevrón necesitaba con urgencia el acuerdo entre ambas empresas para poder ingresar en la explotación del yacimiento argentino de Vaca Muerta. Este acuerdo resultaba de particular importancia para la multinacional norteamericana, ya que las advertencias de la compañía española, que amenazaba con demandar a cualquier empresa que invirtiera en la nacionalizada YPF, constituían una traba.
Esto es, el “amigo americano” presionó a dos puntas. Por un lado al gobierno argentino para que aceptara pagar algo a Repsol y por el otro al español para que aceptara una indemnización menor a la reclamada. No solo expresaba los intereses de Chevrón, también de Exxon y otras petroleras americanas. EEUU se valió también del gobierno mexicano y de los intereses de Pemex, que tiene relaciones contradictorias con el directorio de la petrolera española e intereses en ingresar a Vaca Muerta.
Pragmatismo sin soberanía
El vuelco que implica este pragmatismo está sin dudas obligado por el déficit del sector energético y los resultados de una política que durante casi una década dejó hacer a los vaciadores y miró como caían la producción de petróleo y de gas sin inmutarse. Ahora desde el oficialismo se lo presenta como una necesidad para atraer inversiones, engrosar las alicaídas reservas internacionales y evitar un colapso energético en el mediano plazo. No se lo reconoce pero es evidente forma parte del giro promercados que ensaya el gobierno luego de los recientes resultados electorales
Y puede que dé resultados. Que vengan inversiones de la mano de las corporaciones internacionales y que finalmente, explotación no convencional mediante (fracking), aumente la producción de gas y petróleo. Resultados estos que no se verán de inmediato.
Habrá entonces energía a costa de afianzar el régimen de sociedad mixta, el principio neoliberal de “libre disponibilidad” y una inserción cada vez más subordinada al mercado mundial. Ha quedado para el arcón de los recuerdos la declamada soberanía energética. (Diario La Arena)
Eduardo Lucita es integrante de EDI-Economistas de Izquierda.
