El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que dirige el popular José Manuel Soria, ha declarado extinguidos dos de los cuatro permisos de investigación de hidrocarburos que había autorizado en la provincia de Cádiz, los denominados Calderín y Horquilla, que fueron otorgados en noviembre de 2010 a la compañía Petroleum Oil & Gas España Sociedad Anónima y que abarcaban 96.488 hectáreas cada uno, según la Dirección General de Política Energética y Minas. «Con ello disminuyen los posibles efectos que tendrían estas perforaciones», afirma Pablo Álvarez, portavoz de la plataforma ‘Cádiz Libre de Fracking’. El objetivo es localizar gas natural en la provincia gaditana, donde según algunos informes técnicos del sector podrían localizarse bolsas muy importantes.
La extinción de los permisos, publicada el pasado 20 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fue solicitada por la propia sociedad Petroleum Oil & Gas España (cuya matriz es el grupo Gas Natural) que fue creada en 1997 «para la extracción de crudos de petróleo» y que cuenta hoy con quince empleados y capital social de 3,9 millones de euros, según la información del Registro Mercantil de Madrid. En noviembre de 2010, el Consejo de Ministros aprobó cinco decretos en los que dió su visto bueno a la exploración en varios emplazamientos de Castilla y León, Cantabria, Comunidad Valenciana y Andalucía.
En Cádiz se autorizaron cuatro permisos de investigación que abarcaban una superficie de aproximadamente 300.000 hectáreas. Los que ahora se han declarado extinguidos -Calderín y Horquilla- suponían casi 200.000 hectáreas (Bahía de Cádiz y Costa Noroeste, frente a Doñana).
Los que están ahora vigentes son los de Ruedalabola y Tesorillo, en las comarcas de La Janda y Campo de Gibraltar (Alcalá de los Gazules, Benalup, Medina, Vejer, Barbate, Los Barrios y Tarifa), que afectan a tres parques naturales (Breña y Marismas de Barbate, Alcornocales y Estrecho).
Moratorias y prohibiciones
De hecho, así es desde hace justo un año, cuando el director general de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas, autorizó a las que aún siguen las investigaciones la «concentración de trabajos» y la inversión mínima a destinar en el área conjunta de trabajo por parte de las dos empresas beneficiarias, durante los seis años de vigencia, que ascenderá a 2.694.585,28 euros.
Las compañías Schuepbach Energy España Sociedad Limitada Unipersonal y Vancast Exploración SL son las que cuentan, desde agosto de 2009, con los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Ruedalabola (20.676 hectáreas) y Tesorillo (62.028 hectáreas), «cuyas superficies comprenden zonas terrestres en la provincia de Cádiz, así como zonas de subsuelo marino». Ambas compañías investigan convencidas de que la materia prima existe. Los sondeos se practican mediante de torres móviles de perforación que operan en parcelas de 80 metros cuadrados. Si hay gas, se instalan válvulas y el pozo queda preparado para su desarrollo.
Según el activista Pablo Álvarez, el movimiento social contra la fractura hidráulica ha conseguido que la propia industria «lo considereun obstáculo importante para el desarrollo de la actividad». Una oposición que se ha venido traduciendo en moratorias, prohibiciones, aumentos de la carga regulatoria y abandonos de los proyectos por parte de las compañías, tal como ha pasado con la empresa Petroleum Oil & Gas España.
El Parlamento de Andalucía aprobó a principios de octubre de 2013 una proposición no de ley por la que se declaró a esta comunidad autónoma «libre de fracking», con lo que son ya seis las regiones españolas que han tomado algún tipo de medida para protegerse de la práctica de la fractura hidráulica (Andalucía, Asturias, Cataluña, La Rioja, Navarra y Cantabria), amén de los 400 municipios españoles que han aprobado resoluciones declarándose libres de fracking. El Gobierno andaluz debería aprobar una ley para completar el proceso y garantizar que no podrán llevarse a cabo estas perforaciones.
