Desde hace 43 años, las comunidades indígenas que viven en las cercanías de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, en el distrito de Andoas, Loreto, en Perú, enfrentan una realidad de total desidia, pues son obligadas a convivir con los efectos devastadores de la explotación petrolífera practicada por la Occidental Petroleum Corporation of Perú (Oxy) y por la argentina Pluspetrol. A pesar de los llamamientos realizados a diversas instancias gubernamentales y de la continua lucha por reparación, los indígenas Achuar, Quechua, Kichwa y Urarina están viendo a sus hijos enfermarse, y la región en que viven, ser totalmente contaminada sin que se haga nada.
Tres (Pastaza, Corrientes y Tigre) de las cuatro cuencas ya fueron declaradas en estado de emergencia ambiental. Es visible la cantidad de petróleo crudo en las aguas, que también están contaminadas con metales pesados e hidrocarburos totales de petróleo (TPH). Esta situación ya fue confirmada por organismos estatales, como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) y la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa). Además, se publicaron informes confirmando la elevada situación de riesgo a que los indígenas están expuestos, pues ellos se bañan con el agua contaminada y consumen los pocos peces que consiguen pescar. Los daños a la salud provocados son de piel, en la sangre, en los riñones e hígado. Los compuestos también pueden provocar cáncer y llevar a la muerte.
Una de las pruebas de que no se está haciendo nada para reparar los daños a las comunidades es que, en noviembre de 2013, la Oefa multó a Pluspetrol, que explota la región desde el año 2000, en más de 20 millones de nuevos soles por haber contaminado y hacer desaparecer la laguna Shanshococha. La empresa también debería generar medidas correctivas, como hacer aparecer una nueva laguna o agua de calidad para la población, pero, hasta ahora, nada se concretó. De la misma forma, la Oxy ya hizo diversas promesas de reparación que nunca salieron del papel.
Una vez más, en el intento por ser escuchadas, las comunidades indígenas locales se unieron en torno de la campaña (http://consultape.com) que reivindica la realización de una consulta previa en el país. La campaña quiere contribuir con análisis y debate técnico para poder llegar a la realización de una consulta previa. En el video, publicado este miércoles, 5 de febrero, es posible tener una noción de la situación del lugar.
El próximo año vence la concesión que la Pluspetrol tiene sobre la región. Ante esto, la población indígena y sus organizaciones están movilizadas para exigir cinco demandas mínimas además de la consulta previa. Son ellas: indemnización por daños sociales y ambientales producidos; compensación por el uso de sus tierras; remediación de pasivos ambientales; elaboración de diagnósticos integrales para solucionar la problemática de la zona; y la titulación de sus tierras. Además de que exigen que el Estado cumpla con las medidas inmediatas del Plan de Declaración de Emergencia, que consiste en la donación de alimentos y agua tratada.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
Desde hace 43 años, las comunidades indígenas que viven en las cercanías de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, en el distrito de Andoas, Loreto, en Perú, enfrentan una realidad de total desidia, pues son obligadas a convivir con los efectos devastadores de la explotación petrolífera practicada por la Occidental Petroleum Corporation of Perú (Oxy) y por la argentina Pluspetrol. A pesar de los llamamientos realizados a diversas instancias gubernamentales y de la continua lucha por reparación, los indígenas Achuar, Quechua, Kichwa y Urarina están viendo a sus hijos enfermarse, y la región en que viven, ser totalmente contaminada sin que se haga nada.
Tres (Pastaza, Corrientes y Tigre) de las cuatro cuencas ya fueron declaradas en estado de emergencia ambiental. Es visible la cantidad de petróleo crudo en las aguas, que también están contaminadas con metales pesados e hidrocarburos totales de petróleo (TPH). Esta situación ya fue confirmada por organismos estatales, como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) y la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa). Además, se publicaron informes confirmando la elevada situación de riesgo a que los indígenas están expuestos, pues ellos se bañan con el agua contaminada y consumen los pocos peces que consiguen pescar. Los daños a la salud provocados son de piel, en la sangre, en los riñones e hígado. Los compuestos también pueden provocar cáncer y llevar a la muerte.
Una de las pruebas de que no se está haciendo nada para reparar los daños a las comunidades es que, en noviembre de 2013, la Oefa multó a Pluspetrol, que explota la región desde el año 2000, en más de 20 millones de nuevos soles por haber contaminado y hacer desaparecer la laguna Shanshococha. La empresa también debería generar medidas correctivas, como hacer aparecer una nueva laguna o agua de calidad para la población, pero, hasta ahora, nada se concretó. De la misma forma, la Oxy ya hizo diversas promesas de reparación que nunca salieron del papel.
Una vez más, en el intento por ser escuchadas, las comunidades indígenas locales se unieron en torno de la campaña (http://consultape.com) que reivindica la realización de una consulta previa en el país. La campaña quiere contribuir con análisis y debate técnico para poder llegar a la realización de una consulta previa. En el video, publicado este miércoles, 5 de febrero, es posible tener una noción de la situación del lugar.
El próximo año vence la concesión que la Pluspetrol tiene sobre la región. Ante esto, la población indígena y sus organizaciones están movilizadas para exigir cinco demandas mínimas además de la consulta previa. Son ellas: indemnización por daños sociales y ambientales producidos; compensación por el uso de sus tierras; remediación de pasivos ambientales; elaboración de diagnósticos integrales para solucionar la problemática de la zona; y la titulación de sus tierras. Además de que exigen que el Estado cumpla con las medidas inmediatas del Plan de Declaración de Emergencia, que consiste en la donación de alimentos y agua tratada.
Adital
