La herencia, los pasivos ocultos que dejó Repsol

Según el tribunal de tasaciones, YPF deberá invertir 2.700 millones de dólares en remediación, obras y juicios.

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Por Roberto Aguirre.- Los años de desinversión en los que incurrió Repsol previo a la estatización de YPF dejaron a la gestión estatal una pesada herencia en obras de mantenimiento, pasivos ambientales y juicios que supera holgadamente los 2.700 millones de dólares. Así surge del informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación al que accedió “Río Negro Energía”. Para ponerle un valor a la compañía renacionalizada, algo clave para arribar al acuerdo con la española por el 51% de las acciones expropiadas, el organismo “descontó” distintas contingencias que fueron agregadas en la columna del “debe”, pero que ahora deberán ser atendidas por la actual conducción de la compañía, a cargo de Miguel Galuccio.

De todo el informe, el dato más alarmante es el pésimo estado de buena parte de los ductos que tiene YPF en el país. La región vivió en carne propia esta situación cuando hace un año se registraron cuatro derrames de hidrocarburos y agua de producción en el río Colorado en tan sólo unos pocos días. Desde Neuquén se adjudicó la situación al mal estado de las cañerías y se pidió una urgente remediación.

Según el informe del Tribunal de Tasaciones, para el correcto funcionamiento de los más de 5.000 kilómetros de caños deben invertirse 992 millones de dólares. El presidente de la sala Ad Hoc para YPF, Daniel Martín, fue categórico durante su alocución en la Cámara de Senadores: “Nos encontramos con que muchas de las cañerías no estaban en condiciones normales y no estaban reemplazándose adecuadamente. Es más, en vez de reemplazarse se soldaban, lo que producía que a las 48 o 72 horas se rompieran nuevamente”, admitió.

El tribunal también puso el foco en los casi 30.000 pozos bajo concesión de YPF, de los cuales 1.173 están listos para ser abandonados. Según la normativa vigente –que con pequeñas variaciones es similar en las provincias petroleras–, un pozo que ya no produce debe ser taponado y cementado. Se trata de procesos caros para las compañías, que suelen dilatarlos todo lo que los trámites administrativos y la laxitud de controles les permitan. En este caso, la gestión estatal deberá afrontar 145 millones de dólares para taponar esos pozos. Para los que siguen en producción, en tanto, se les descontaron esos costos futuros a través de un mecanismo de depreciación.

También las refinerías de YPF requieren obras de infraestructura nodales para su funcionamiento por 469 millones de dólares. No figura en el informe la planta de Plaza Huincul, que por otro lado recibió importantes inversiones desde que Galuccio tomó el mando de la compañía.

Pasivos legales

La otra herencia no es de obras sino de juicios y de remediaciones ambientales. Según el tribunal, Repsol dejó tareas pendientes para subsanar derrames y otras contingencias por 279 millones de dólares. Se trata de una cifra muy lejana a la que se arrojó en momentos de la expropiación. En aquel momento, el ministro de Energía neuquino, Guillermo Coco, estimó que en Neuquén el pasivo ambiental podría acercarse a los 1.500 millones de dólares. El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, habló del doble.

Pero más importante que los números es que ese pasivo, que no es otra cosa que tierra contaminada, pozos e instalaciones en mal estado, etc., efectivamente se remedie. Será otro desafío central de la actual gestión, que debe mostrar resultados ambientales eficientes en momentos en que el fracking –técnica clave para los no convencionales– recibe duros cuestionamientos.

La otra contingencia que el tribunal contó y que ahora deberá afrontar la YPF bajo control estatal son los juicios en su contra, que representan potenciales pérdidas por 567 millones de dólares. Se trata de litigios en su mayoría encarados por superficiarios que siguen su curso y que podrían tener una sentencia en un tiempo razonable, según analizaron los abogados que trabajaron en el tema.

A último minuto, aclara el tribunal, se sumaron otros 307 millones de dólares en contingencias de los cuales no hay mayores detalles, pero que finalmente fueron descontados.

Considerando estas incidencias, a las que hay que agregar un valor de depreciación, los descuentos totales al valor de YPF fueron de 6.400 millones de dólares. La tasación total de la compañía a partir de sus activos (ver aparte) dio como resultado unos 15.000 millones. El valor final, por el 100%, fue entonces de 9.100 millones, con lo que el 51% que debe pagar Argentina se cifró en 4.667 millones de dólares. Si a eso se le suma YPF Gas más intereses, la suma supera apenas los 5.000 millones del acuerdo amigable que ayer aceptó Repsol y que ya tiene media sanción del Congreso. El avance del acuerdo sin duda trae un respiro, pero debe urgir a YPF a atender las contingencias heredadas de la gestión española.

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Una colección de empresas

La pregunta desveló a muchos en los últimos tiempos. Al final, el valor de la firma se consensuó entre expropiada y expropiador. Pero el Tribunal de Tasaciones, órgano que por ley tuvo que tasar la compañía, le puso un numero: 9.152 millones de dólares. El mismo no sale de balances contables ni futuras ganancias, sino lisa y llanamente de los activos que se inventariaron y se valuaron por oposición.

Así se llegó a la conclusión de que la firma tiene 264 millones de dólares en terrenos, 373 en edificios, 4.847 en pozos de producción, 2.538 en refinerías y petroquímicas, 746 en plantas y 152 en plataformas y ductos offshore, para citar algunas conceptos.

También se valuaron los más de 3.000 vehículos en 53 millones de pesos y un avión Lear Jet en 6,4 millones de dólares. Las perforaciones y obras en curso al momento de la tasación, en tanto, se figuraron en 2.351 millones.

Pero quizás el dato más revelador del informe del Tribunal de Tasaciones es la valuación de todas las empresas que posee YPF. Entre las controladas, que fueron valuadas en 130 millones de dólares, se cuentan Aesa, Eleran Inversiones, YPF Holdings, YPF Internacional, YPF Servicios Petroleros, Opessa, YPF Inversora Energética, YPF Service USA, Energía Andina e YFP Brasil.

Las firmas asociadas son claramente el principal activo, con 243 millones de dólares. Allí se cuentan la Compañía Mega (que maneja junto a Dow y Petrobras), Profertil (que administra con el grupo canadiense Agrium) y Refinor, junto a Petrobras y Pluspetrol.

Entre las empresas con participación se destacan Oldeval, Terminales Marítimas SA, Inversora Dock Sud y Pluspetrol Energy SA.

También hay un paquete de firmas de las cuales el tribunal no tiene datos, en su mayoría, porque están sin operación.

En total, la cartera de firmas y participaciones que posee YPF integra activos por más de 500 millones de dólares.

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Un informe secreto

Hasta hace algunos días, el informe del Tribunal de Tasaciones permanecía escondido en los despachos oficiales. Sólo se sabía que el organismo había prestado su visto bueno al acuerdo amigable firmado con Repsol y al valor por el 51% al que arribaron las partes: 5.000 millones de dólares.

Muchas fueron las quejas de los legisladores por no conocer la letra fina de la tasación e inclusive se denunció que la misma fue fraguada para arribar al mismo monto del acuerdo, una suerte de impostura para darle legitimidad a un número arreglado de antemano.

El encargado de dar la versión oficial de los hechos fue el secretario legal de la presidencia y arquitecto del acuerdo con Repsol, Carlos Zannini. Según el funcionario, el acuerdo del tribunal es anterior al convenio. De hecho, está fechado el 17 de febrero, una semana antes de la firma.

Para Zannini, tener fijado el precio de la tasación hubiera implicado cerrar automáticamente la negociación y tener que depositar ese dinero en efectivo en una cuenta que determine la Justicia, tal como lo obliga la ley. Se prefirió entonces mantenerla en secreto, para poder arribar a un acuerdo de partes.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, reseñó en tanto que el valor de YPF e YPF Gas más los intereses era de 5.049 millones de dólares según el tribunal. Con esta visión, el consenso con Repsol le ahorró al Tesoro 49 millones y evitó el pago en efectivo.

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