Los U’wa saben lo que es resistir. Siglos de resistencia frente al colonizador, un batalla histórica ganada contra la temida petrolera Oxy y, ahora, en 2014 vuelve la amenaza a sus territorios con el paradójico nombre de Magallanes. Esta vez, el invasor es (más o menos) colombiano y se llama Ecopetrol.
Imagen del campamento donde los U’wa impiden el acceso a los operarios de Ecopetrol.
Por Paco Gómez Nadal / Equipo Otramérica
Todos quieren el territorio U’wa. Los bolsones de petróleo que atesora han sido objeto de proyectos desde los años 80 pero ahora, este pueblo superviviente se enfrenta al propio país en el que ha quedado enclavado su territorio: Colombia. La Autoridad Nacional de Licencia Ambiental (ANLA) le dio permiso en 2012 a la empresa estatal Ecopetrol para iniciar el programa de exploración Magallanes, en la vereda Troya, corregimiento Samoré, municipio de Toledo (departamento de Norte de Santander). La ANLA certificó que en la zona no vivían comunidades indígenas. La ceguera occidental y colonial es evidente, aunque no parece que sea casual.
El área de exploración petrolera es territorio ancestral de las comunidades de Uncasías (Sisiará), Tamarana (Sútota) y de Segovia (Onkasa) y se trata de un territorio contiguo al Resguardo Unido U’wa, está inmerso en la Reserva Forestal del Cocuy, creada mediante la Ley 2ª, de 1959. Se trata de una zona considerada por los U’wa como sagrada y donde se encuentran los “guardianes naturales”.
Los territorios U’wa de Norte de Santander están cruzados por los intereses energéticos del Estado. La ANLA parece obviarlo, pero la guerrilla lo tiene claro. De hecho, el pasado 25 de marzo dinamitó un tramo del estratégico oleoducto Caño Limón-Coveñas y esto generó un irreparable daño ambiental, la pérdida de un bebé de una mujer u’wa a la que afectó la onda expansiva. El crudo se derramó en la quebrada La China, a sólo 100 metros de donde habita una comunidad u’wa y esto ha terminado de levantar a estas comunidades, acostumbradas a luchar contra los invasores.
“Fuera del territorio”
En este momento, los U’wa mantienen bloqueado el acceso a la zona y no permiten la entrada de los operarios que pretenden reparar el oleoducto, también propiedad de Ecopetrol. Las condiciones para permitir ese trabajo son claras: el estado se debe comprometer a parar el proyecto Magallanes, a desviar el oleoducto para que no pase por los territorios u’wa, y debe reconocer “y reparar” los daños causados a la comunidad.
Por su parte, el Gobierno se ha anclado en la retórica del diálogo y en un comunicado oficial anunciaban el desembarco de tres ministros (Energía, Interior y Medio Ambiente): “En un nuevo intento para dialogar con la comunidad Uwa, tendiente a disuadirla para que permita el acceso a los operarios para reparar la rotura (…). Se trata, además, de atender el llamado de los líderes indígenas para que el Gobierno Nacional atienda sus requerimientos y de esta manera, acceder a la urgente reparación del daño infligido y conjurar el riego al que está expuesta la propia comunidad”. La sinceridad del Gobierno y su interpretación de los “requerimientos U’wa” son dudosos.
Amazon Watch, organización internacional que ha acompañado a los U’wa desde 1997, ha denunciado los fuertes vínculos entre Ecopetrol, la empresa estatal de hidrocarburos, y los inversores estadounidenses. Es más, recuerda que hace poco el Banco estadounidense de Exportación e Importación acaba de darle un aval para un crédito de 1.000 millones de dólares que le permita enfrentar megaproyectos como el Magallanes.
Los U’wa, a través de ASOU’WA, la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos, han manifestado su voluntad de dialogar pero también han recordado a la opinión pública como el Gobierno ha ignorado de forma continua sus exigencias.
20 años después
Los U’wa se articulan en 17 comunidades que reúnen a unas 6.500 personas en los departamentos colombianos de Arauca, Boyacá, Santander y Norte de Santander.
A finales de los años ochenta del siglo pasado conocieron a los nuevos invasores, que entonces llegaron con la marca de la Occidental Petroleum (Oxy) y un permiso estatal para explotar el bloque Gibraltar en territorio u’wa. Entonces, en 1988, este pueblo originario se organizó, recabó apoyo de organizaciones nacionales e internacionales y puso en marcha una intensa campaña de opinión pública que terminó con la salida definitiva de la Oxy del territorio en el año 2002.
Hoy, en 2014, los U’wa vuelven a defender sus territorios ante la codicia extractiva de quienes no entienden la cosmovisión originaria que obliga a este pueblo a defender la Madre Tierra.
En todo caso, ASOU’WA recuerda al gobierno que el nuevo Proyecto Magallanes “no ha tenido en cuenta las normas de carácter internacional, como lo es el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007. Así mismo, derechos de los Pueblos Indígenas consagrados en la Constitución Política de Colombia de 1991. Tampoco se ha considerado el Auto 004 de 2009, expedido por la Honorable Corte Constitucional, donde se establece que los U’was nos encontramos en peligro de extinción física y cultural”.
El auto de la Corte Constitucional al que se refiere ASOA’WA obligaba al Estado a negociar un plan de Salvaguarda que garantizara la pervivencia de este pueblo. En cambio, tres años después del auto de la Corte, se aprobó el proyecto Magallanes y todo lo que él conlleva.
Otramérica
El área de exploración petrolera es territorio ancestral de las comunidades de Uncasías (Sisiará), Tamarana (Sútota) y de Segovia (Onkasa) y se trata de un territorio contiguo al Resguardo Unido U’wa, está inmerso en la Reserva Forestal del Cocuy, creada mediante la Ley 2ª, de 1959. Se trata de una zona considerada por los U’wa como sagrada y donde se encuentran los “guardianes naturales”.Los territorios U’wa de Norte de Santander están cruzados por los intereses energéticos del Estado. La ANLA parece obviarlo, pero la guerrilla lo tiene claro. De hecho, el pasado 25 de marzo dinamitó un tramo del estratégico oleoducto Caño Limón-Coveñas y esto generó un irreparable daño ambiental, la pérdida de un bebé de una mujer u’wa a la que afectó la onda expansiva. El crudo se derramó en la quebrada La China, a sólo 100 metros de donde habita una comunidad u’wa y esto ha terminado de levantar a estas comunidades, acostumbradas a luchar contra los invasores.
“Fuera del territorio”
En este momento, los U’wa mantienen bloqueado el acceso a la zona y no permiten la entrada de los operarios que pretenden reparar el oleoducto, también propiedad de Ecopetrol. Las condiciones para permitir ese trabajo son claras: el estado se debe comprometer a parar el proyecto Magallanes, a desviar el oleoducto para que no pase por los territorios u’wa, y debe reconocer “y reparar” los daños causados a la comunidad.
Por su parte, el Gobierno se ha anclado en la retórica del diálogo y en un comunicado oficial anunciaban el desembarco de tres ministros (Energía, Interior y Medio Ambiente): “En un nuevo intento para dialogar con la comunidad Uwa, tendiente a disuadirla para que permita el acceso a los operarios para reparar la rotura (…). Se trata, además, de atender el llamado de los líderes indígenas para que el Gobierno Nacional atienda sus requerimientos y de esta manera, acceder a la urgente reparación del daño infligido y conjurar el riego al que está expuesta la propia comunidad”. La sinceridad del Gobierno y su interpretación de los “requerimientos U’wa” son dudosos.
Amazon Watch, organización internacional que ha acompañado a los U’wa desde 1997, ha denunciado los fuertes vínculos entre Ecopetrol, la empresa estatal de hidrocarburos, y los inversores estadounidenses. Es más, recuerda que hace poco el Banco estadounidense de Exportación e Importación acaba de darle un aval para un crédito de 1.000 millones de dólares que le permita enfrentar megaproyectos como el Magallanes.
Los U’wa, a través de ASOU’WA, la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos, han manifestado su voluntad de dialogar pero también han recordado a la opinión pública como el Gobierno ha ignorado de forma continua sus exigencias.
20 años después
Los U’wa se articulan en 17 comunidades que reúnen a unas 6.500 personas en los departamentos colombianos de Arauca, Boyacá, Santander y Norte de Santander.
A finales de los años ochenta del siglo pasado conocieron a los nuevos invasores, que entonces llegaron con la marca de la Occidental Petroleum (Oxy) y un permiso estatal para explotar el bloque Gibraltar en territorio u’wa. Entonces, en 1988, este pueblo originario se organizó, recabó apoyo de organizaciones nacionales e internacionales y puso en marcha una intensa campaña de opinión pública que terminó con la salida definitiva de la Oxy del territorio en el año 2002.
Hoy, en 2014, los U’wa vuelven a defender sus territorios ante la codicia extractiva de quienes no entienden la cosmovisión originaria que obliga a este pueblo a defender la Madre Tierra.
En todo caso, ASOU’WA recuerda al gobierno que el nuevo Proyecto Magallanes “no ha tenido en cuenta las normas de carácter internacional, como lo es el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007. Así mismo, derechos de los Pueblos Indígenas consagrados en la Constitución Política de Colombia de 1991. Tampoco se ha considerado el Auto 004 de 2009, expedido por la Honorable Corte Constitucional, donde se establece que los U’was nos encontramos en peligro de extinción física y cultural”.
El auto de la Corte Constitucional al que se refiere ASOA’WA obligaba al Estado a negociar un plan de Salvaguarda que garantizara la pervivencia de este pueblo. En cambio, tres años después del auto de la Corte, se aprobó el proyecto Magallanes y todo lo que él conlleva.
Otramérica
