“Los pasivos son de nosotros…”

Indemnizamos a REPSOL

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó anoche el proyecto de ley, proveniente del Ejecutivo y el Senado, que ratifica el Convenio con REPSOL. A dos años de la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF por parte del Estado nacional (Ley de soberanía hidrocarburífera 26.741) y luego de tres meses de negociaciones, el gobierno llegó en febrero a un acuerdo político, económico y financiero con REPSOL por el que la Argentina reconoce a la empresa U$S 5.000 millones de indemnización, a efectivizar con Títulos Públicos en U$S. También se acordó el desistimiento recíproco de las acciones judiciales y arbitrales, además renuncia a efectuar nuevos reclamos (por ejemplo por los daños ambientales no remediados). El Convenio queda enmarcado no solo en leyes nacionales sino en el Tratado Bilateral (TBI) Argentina-España.

Los cuestionamientos en relación al monto de indemnización radica en, -si bien hay quienes sostienen que podría duplicarse- la falta de intervención del Tribunal Nacional de Tasación que debe fijar el precio en cualquier expropiación. Nosotras/os queremos hacer hincapié en lo que hace a los pasivos ambientales:

En ocasión del tratamiento de la ley de expropiación, en abril de 2012, el funcionario del Ministerio de Economía -hoy Ministro- Axel Kicillof, había apuntado que se estaba encarando, junto a las provincias, una investigación sobre la situación ambiental dejada por la compañía REPSOL. Las provincias petroleras efectuaron un informe de los pasivos ambientales y dimensionaron los costos, ratificando la existencia de pozos abandonados (8.000 sólo en Santa Cruz), cursos de agua y tierras contaminadas por derrames de crudo, piletas mal saneadas, y otros. A todo esto debe sumarse los daños a la salud de los pobladores, la pérdida de áreas de cultivo, pastoreo y otras actividades tradicionales, y ante todo, la violación a derechos de los pueblos indígenas.

De modo que, cuando el gobierno nacional habilitó la queja, los gobernadores salieron a reclamar pasivos y daños ambientales: Neuquén los estimó en 1.500 millones de dólares; Santa Cruz estaba dispuesto a demandar el pago de un pasivo de 3.500 millones de dólares; Río Negro los calculaba en 40 millones de dólares; más de 200 pasivos estimaba Mendoza; Chubut consideraba “será muy importante e incluso puede superar al del resto de las provincias”…

Es de destacar que los pobladores, comunidades indígenas y organizaciones, desde la década del 90, reclamaban el saneamiento de sus territorios y el control de la operatoria petrolera, nunca habían logrado este reconocimiento por parte de funcionarios del gobierno).

Todos estos montos, proclamados en mayo o junio de 2012, no fueron tenidos en cuenta al momento de justipreciar las acciones de REPSOL: ¡quedaron en el olvido!, junto la cuestión ambiental que fue concretamente ignorada en la valuación de pasivos, cerrando el análisis de la indemnización con una cifra antojadiza -pasivos contingentes ambientales por un valor de 307 millones de dólares- que en absoluto refleja el complejo escenario de hechos consumados y de causas existentes sobre la materia en las últimas dos décadas.

Además de no haber sido tomados en cuenta para negociar el precio, en la Cláusula Sexta 2, la República Argentina desiste de iniciar acciones contra REPSOL y se obliga a su vez a mantenerla indemne de las iniciadas por terceros (6.2. iii). Esto implica que nuestro país se hace responsable de pagar las condenas en contra de REPSOL, cuando otros sean los actores. Serán la nación y las provincias (todos nosotros) quienes deberemos asumir el saneamiento, y recomposición –y los costos- de estos pasivos que hoy omiten; el monto de compensación queda abierto no solo al devenir en el mercado de los títulos públicos emitidos, sino también a los reclamos judiciales que se efectúen en el futuro y a los costos de los planes de gestión ambiental que deban ponerse en marcha.

Más allá de los costos, cae definitivamente la idea de una YPF nacional y soberana, para dar paso a esta sociedad anónima que se comporta como cualquier otra empresa extranjera desconociendo las consecuencias ambientales y sociales de sus actividades.

¿Cómo hará esta YPF -que sale a buscar financiamiento e inversiones para extraer no convencionales- para hacer frente al saneamiento de los pasivos que REPSOL no saneó y que se compromete a no reclamarle? Será necesario un largo derrotero judicial, de probanzas y años de espera, para que comiencen a trabajar en los territorios devastados, que en 2012 las provincias reconocieron que existen, que allí están, que costarán muchos millones de dólares que no tenemos… Mientras seguimos creyendo tener una petrolera de bandera argentina y, endeudándonos, pagamos a REPSOL el mal que nos hizo, los pueblos indígenas, las ciudades, los poblados, los barrios que tienen los pozos en sus territorios, los argentinos que necesitan que les acerquen bidones de agua porque la que tenían a la mano se llenó de hidrocarburos, siguen esperando.

Quedamos entrampados en un proceso que podemos llamar de reprivatización de YPF (o sin F, porque ya no es más una empresa fiscal).

Tras éste proceso perverso, queda la cantidad de ilusiones forjadas por hombres y mujeres que conocieron y vivieron la historia de YPF -Empresa del Estado. Al son de la propaganda de los gobiernos provinciales, los sindicatos petroleros y quizás la misma REPSOL, nos preguntamos ¿cómo hará la “nueva YPF” para lograr el prometido autoabastecimiento energético? y ¿el saneamiento ético, en el marco en que pretende reconstruir el mito de empresa del estado que autoabasteció al país?

hoja abierta Número 69 / Abril 2014
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