Repsol ya tiene fecha para pasar a cobrar

Los bonos para cancelar la expropiación de YPF se emitirán y entregarán antes de mediados de mayo

Con la aprobación del Congreso ya acordada, el gobierno nacional prepara la emisión de bonos con los que cancelará el pago por la expropiación del 51 por ciento de las acciones. Se estima que el monto final en términos nominales ascenderá a 5500 millones de dólares.
Por Tomás Lukin
El Ministerio de Economía se prepara para realizar la primera emisión de deuda externa en dólares de magnitud desde los bonos entregados durante el segundo canje de 2010. No se trata de una desesperada operación en el mercado financiero para llevar calma a los acreedores externos ni una transacción con un banco de desarrollo extranjero para realizar inversiones en infraestructura, sino del mecanismo diseñado para compensar a Repsol por la expropiación del 51 por ciento de sus acciones en YPF. La aprobación definitiva del Congreso al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la petrolera habilitó al equipo de Axel Kicillof a concretar el pago. La transacción se llevará a cabo durante la segunda semana de mayo, cuando, según explicaron en el Palacio de Hacienda, concluyen todos los plazos formales establecidos en el convenio rubricado.
La cancelación se hará mediante un combo de bonos por un valor nominal entre 5000 y 6000 millones de dólares que terminarán de pagarse en el 2033. El día que se entregan los títulos, Argentina garantiza que el paquete tendrá como mínimo un valor de 4670 millones en el mercado. Por esa razón, todavía no está cerrado el número definitivo, pero en el equipo económico indicaron a Página/12 que estiman que la emisión nominal rondará los 5500 millones de dólares.
Recuperar el control de un activo estratégico para el desarrollo económico no fue gratuito. Pero, desde Economía reiteraron a este diario que el mecanismo de pago adoptado es favorable y sustentable para el país. Además, enfatizan, deja cerrada la disputa legal. Tres días hábiles después de que se entreguen los títulos, la petrolera española que preside Antonio Brufau deberá terminar de levantar la totalidad de las demandas contra YPF y Argentina. El caso más relevante fue iniciado en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, donde Repsol reclamaba 10.500 millones de dólares. La causa se encuentra “en suspenso” y en las próximas semanas será desistida por la firma española.
A diferencia de 2006, cuando se canceló en un pago la deuda por 9000 millones de dólares con el FMI, las condiciones actuales no permiten que el país disponga de efectivo para hacer frente a una cifra como la acordada con Repsol. Sin embargo, la posibilidad de financiar a dos décadas la recuperación de una empresa representa una alternativa atractiva para un Estado desendeudado. Ciertamente, como enfatizaron diferentes legisladores, si se suman las erogaciones por vencimientos de capital e intereses hasta 2033, en términos nominales, la cifra superará los 5500 millones de dólares. Pero incluso para quienes se alarman por el costo de pagar en cuotas, Economía estima que la rentabilidad del 51 por ciento del paquete accionario de YPF hasta 2033, supera entre 12 y 28 mil millones de dólares (dependiendo de las inversiones) el desembolso nominal total por los bonos.
En ese punto, desde la petrolera y el equipo económico coinciden en destacar el esfuerzo inversor de YPF que le permitió sumar equipos de perforación, capacitar a trabajadores, bajar sus costos de exploración y comenzar a desarrollar Vaca Muerta junto con Chevron. Pero para alcanzar el objetivo del autoabastecimiento se requieren más inversiones y un mayor involucramiento del sector privado que ya opera en el país, reconocen desde la compañía controlada por el Estado. Hoy, YPF representa el 37 por ciento de la producción de hidrocarburos y el 53 por ciento de la refinación. Por ahora, a pesar de las mejoras en las condiciones de rentabilidad y la existencia de un nuevo marco regulatorio, el resto de las compañías no acompañaron el proceso con mayores inversiones.
Cuando se emitan los bonos se observará un incremento en el nivel de endeudamiento. De todas formas, la relación entre los pasivos externos y el PIB permanecerá en niveles bajos tanto en términos históricos como globales. La deuda total pasará a representar aproximadamente el 48 por ciento del producto, un alza entre 1,5 y 2 puntos frente a los valores actuales, y el peso de los bonos en dólares en manos de acreedores privados ascenderá al 15 por ciento del PIB. Se trata de un impacto similar al que tuvo el segundo canje de deuda en 2010. Mientras no se modifique la política, los vencimientos continuarán realizándose con las reservas del Banco Central que, a lo largo del año pasado, registraron un fuerte retroceso. La magnitud de la operación para pagarle a Repsol es relevante, pero en Economía explican que la emisión en dólares no compromete la capacidad de pago de la deuda del país para los próximos años. A los vencimientos de intereses anuales por los bonos existentes se sumarán entre 300 y 400 millones de dólares.
El mecanismo de pago no es complejo, pero su comprensión requiere paciencia y atención. El acuerdo contempla la emisión de un combo de títulos por un valor nominal de 5000 millones de dólares. Ese paquete está compuesto por tres bonos que vencen entre 2017 y 2033. La mayor parte será cancelada con el Bonar 2024, el nuevo instrumento que tiene un vencimiento a 10 años y una tasa de interés anual de 8,75 por ciento con desembolsos semestrales (ver aparte). Pero, si en el mercado la cotización promedio de esa cartera a lo largo de los tres meses previos es inferior a 4670 millones de dólares, se deben entregar bonos adicionales con un tope de 1000 millones. Las estimaciones preliminares permiten anticipar que el valor del mix de títulos al momento de entregarlos rondará los 4200 millones de dólares, por lo tanto Repsol recibirá en simultáneo aproximadamente 500 millones, la mitad de títulos extra previamente estipulado.
Es probable que para hacerse de recursos líquidos a lo largo de los próximos años, la petrolera española venda parte de los bonos a terceros o los entregue en pago de deuda con bancos internacionales. Cuando una operación de enajenación alcance los 300 millones de dólares, Repsol estará obligada a ofrecerle al gobierno argentino la posibilidad de igualar la oferta. La cláusula podría generar oportunidades atractivas –por el precio u otros aspectos financieros–, para los funcionarios a cargo de la política económica. Sin embargo, quien esté a cargo cuando llegue el mail o llamado, sólo contará con dos horas para tomar la decisión.
Otro elemento que despertó algunos cuestionamientos es que la deuda se considerará saldada a medida que Repsol vaya recibiendo el pago de los vencimientos o le ingresen fondos por la venta de bonos a terceros. La cláusula habilita a la petrolera española a reclamar por la totalidad de sus acreencias ante un posible default.
Página/12