Los beneficios fiscales son sin dudas uno de los principales atractivos que puede aportar un país para atraer inversiones. Las empresas ya han tendido sus redes en su búsqueda y comienzan a operar en la compleja coyuntura del país.
Por una lado, no dejan de visitar los despachos del poder para otorgar argumentos en la pelea entre los gobernadores e YPF. Les gusta que Miguel Galuccio busque ordenar el juego sacando del medio “la rapiña” que implica para ellas que las provincias busquen quedarse con dinero de sus inversiones vía canon inicial o carry. Pero desconfían que la petrolera nacional quiera controlar todo el mercado, así que también apoyan a los mandatarios, que piden un régimen fiscal especial como el de la minería.
Nada nuevo bajo el sol, salvo por una última y curiosa lectura que ofrecieron esta semana las agencias especializadas en temas económicos: aseguran que un eventual default técnico del país el próximo 30 de julio podría beneficiar a las empresas internacionales que quieran incursionar en Vaca Muerta.
Según está lógica, la cesación de pagos dejará al país en una delicada situación económica, con altas tasas de interés, alto riesgo país y una caída general en los mercados. El único camino al ingreso de dólares –el Talón de Aquiles de la macroeconomía– será entonces la inversión extranjera directa.
Y allí estarán las empresas para traer los dólares que hagan falta. Pero, claro, pondrán sus condiciones: una de ellas será justamente pedir políticas de incentivos fiscales. Es decir menos impuestos, menos retenciones o una virtual liberación del mercado.
El default, una suerte de tragedia en términos económicos para el país, podría ser un elemento más de presión para el capital privado, lo que revela una vez más la imperiosa necesidad de una política de Estado que priorice las necesidades energéticas del país.
Río Negro