Nicolás Gandini | El Inversor Online |
Un peligroso fenómeno preocupa cada vez más a las empresas del sector energético: la burocratización de la actividad, que va en aumento en los últimos meses. Cada vez son más los requerimientos administrativos que deben cumplir las petroleras para operar normalmente. Notas y comunicaciones de la Secretaría de Energía, de la de Comercio Interior, de la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas y del Enargas se acumularon este año para malestar de las firmas de la industria.
Este lunes, por ejemplo, la cartera que dirigió hasta el martes Daniel Cameron comunicó a las petroleras beneficiadas por el Plan de Estímulo a la Inyección de Gas, conocido en la industria como Plan Gas, que deberán empezar, ya no sólo a entregar información impresa sobre los volúmenes producidos del hidrocarburo, sino también a incorporar esos datos en un sitio Web creado especialmente para la ocasión por la Secretaría.
Facsímil del e-mail enviada esta semana por la Secretaría de Energía a los beneficiarios del Plan Gas
“A los efectos de proseguir con dichos trámites (por los beneficios del plan), los volúmenes sujetos a compensación deberán ser remitidos, en papel membretado y suscripto e inicialado con carácter de DDJJ por persona facultada a tal efecto, con el mismo formato y periodicidad con el que se cargan a un sitio Web que se creará para ello, a la Secretaría de Energía”, instruye el pedido enviado por mail el lunes 30 de junio a las petroleras.
Unos días antes, durante la semana del 20 de junio, Antonio Pronsato, interventor del Enargas, el ente regulador, envió otra nota a cada productor de gas que se pronuncia en la misma línea. En su carácter de titular de la Unidad de Gestión Técnica Operativa del Plan Gas, el funcionario informó que “con el fin de homogeneizar criterios de forma para la presentación de la información de volúmenes de gas natural, y con el objeto de avanzar en la sistematización y automatización de los procesos de análisis, se informa que en la página Web del organismo se han publicado los enlaces para la obtención de las tablas e instructivo que deberán ser utilizados para presentar aquella información”. “La información deberá ser presentada en formato físico y digital”, agrega la norma firmada por Pronsato, a la que tuvo acceso El Inversor Online.
Fragmento de la nota enviada por el Enargas a las petroleras
La modalidad de requerir información confidencial en formato Excel a cada empresa fue instaurada por el Ministerio de Economía desde que su actual titular, Axel Kicillof, se desempeñaba como subsecretario de Política Económica. Cuando estaba a cargo de la Comisión de Planificación y Control de Inversiones Hidrocarburíferas, creadas por su designio en 2012, Kicillof comenzó a solicitar datos de producción, estructura de costos y planificación de desembolsos de las compañías que integran la cadena de valor del sector energético. Hoy esa costumbre se hizo extensiva a otros organismos del Estado.
También en junio, los productores de gas recibieron otra nota firmada por Daniel Cameron que estableció nuevos procedimientos que deben cumplimentar las petroleras alcanzadas por los incentivos económicos del Plan Gas. “A los efectos de considerar su inclusión en los volúmenes de inyección de gas involucrados en el programa, todo volumen destinado al mercado interno que sea inyectado aguas arriba de los sistemas de transporte o de distribución de gas por redes, deberá resultar de mediciones realizadas con instrumentos normalizados acorde a lo establecido en la resolución 318/2010 de esta Secretaría”, ordena la nota rubricada por el ex titular de la cartera energética. En rigor, la medida dispone que la producción de gas adicional inyectada por las operadoras debe ser ponderada por equipos de telemedición digital instalados en puntos estratégicos del sistema de transporte manejados por técnicos de la Secretaría de Energía.
La nota firmada por Cameron que ordena la telemedición del gas adicional inyectado al sistema
En total, en los últimos 10 días las compañías del upstream de hidrocarburos recibieron tres notas de diferentes organismos que establecieron nuevos trámites administrativos para los beneficiarios del Plan Gas. La burocratización del sector despertó fuertes críticas. “Hemos recibido una cantidad de notas recabando todo tipo de información que tenemos que entregar mes a mes: precios de venta, volúmenes de producción, inversiones. Los encargos son cada vez más engorrosos”, cuestionó el gerente comercial de una petrolera. “Lo peor es que distintos organismos solicitan datos que se repiten, porque la burocracia se duplica. Parece que no hubiese contacto entre las áreas del Estado”, agregó otro petrolero.
En el Presupuesto 2014 aprobado por el Congreso, el Plan Gas recibió una partida anual de 7.060 millones de pesos, de los cuales hasta el 2 de julio ya se han devengado $ 4.095 millones y pagado a las empresas $ 2355 millones, es decir un 58% del total, según cifras oficiales del Ministerio de Economía.
Desde su lanzamiento, a principios de 2013, el programa funciona con una falencia no menor: el pago a los beneficiarios –reciben US$ 7,50 por millón por la producción adicional del fluido- se concreta con varios meses de demora. Por eso, los pedidos de YPF, Pan American Energy (PAE) y Total, entre otras, para agilizar las instancias burocráticas son recurrentes.
Frente a ese escenario, las empresas estiman que los nuevos requerimientos no harán más que acentuar la tardanza con la que el Ejecutivo transfiere los fondos a los privados. “En lugar de poner el foco en la producción, el Gobierno prioriza incrementar la burocracia del sistema. Es un claro error de diagnóstico”, advirtieron desde otra empresa.
Facsímil de la carta documento enviada por la Subsecretaría de Comercio Interior a las petroleras
El malestar se agudizó porque la semana pasada las petroleras también empezaron a recibir cartas documentos cursadas por la Subsecretaría de Comercio Interior reclamando el cumplimiento del Régimen Informativo de Precios, creado por la disposición 6/2014 del organismo que dirige Augusto Costa. La iniciativa fue inicialmente creada para controlar el precio de venta en los supermercados de los productos que integran la canasta básica de alimentos, pero luego se fue expandiendo a otros sectores de la economía.
