Nicolás Gandini | El Inversor Online |
Cuando finalizaba la reunión con los máximos directivos de la industria petrolera convocada el viernes pasado para presentar el borrador de la nueva ley de Hidrocarburos que impulsa el Gobierno, la secretaria de Energía, Mariana Matranga, animó a los ejecutivos del sector a presentar recomendaciones y sugerencias para incorporar el texto oficial.
Desde la Cámara de Empresas Exploradoras de Hidrocarburos (Ceph), que reúne a los principales jugadores de la industria, siguieron el pedido al pie de la letra: sus referentes se reunirán mañana jueves a las 14.30 para definir los detalles del documento que le acercarán a la funcionaria.
Si bien respaldan la iniciativa que promueve el Ejecutivo –establece beneficios para las compañías que garanticen inversiones por US$ 250 millones, habilita a los concesionarios de áreas petroleras a pedir nuevas prórrogas cuando finalicen sus contratos y fija un marco impositivo básico para todas las provincias hidrocarburíferas, entre sus principales puntos-, la mayoría de los productores quieren aprovechar el espacio para poner sobre la mesa ciertos temas que, desde la óptica de los privados, desalientan la llegada de inversores del exterior.
En esa lista figuran las retenciones a la exportación de petróleo, que en los hechos descalzan los valores locales del crudo de las referencias internacionales, y el cepo al dólar, que erosiona la confianza de las empresas a la hora de ingresar nuevos capitales al país.
Según pudo saber El Inversor Online, en el documento que prepara la Ceph, que es presidida por Oscar Vicente, CEO de Entre Lomas y una de las voces más autorizadas del sector petrolero, figuran –entre otras- las siguientes observaciones:
-En lugar de diferenciar entre concesión convencional y no convencional, propone unificar en una sola figura de concesión, con un plazo de duración de 30 años más una prórroga de 20 años.
-Promueve que las concesiones actuales –la mayoría de las cuales vencía en 2016/17 y fue prorrogada al menos hasta 2027 en la mayoría de las provincias- pueden extender su vigencia en función de los plazos que establezca la nueva ley.
-Plantea la necesidad de ir hacia un esquema de precios que elimine las retenciones a la exportación de crudo, que provoca un desfase de los precios locales y desincentiva la inversión.
-En la misma línea, sugiere que las empresas puedan recuperar la libre disponibilidad de los hidrocarburos que producen; una facultad recortada por el Decreto 1277/2012.
–Defiende la necesidad de retomar un esquema de libre disponibilidad de divisas, de manera tal de habilitar el ingreso y egreso de capitales. Reconoce el sentido del Decreto 929/2013, que autoriza a los privados a enviar fuera del país un 20% de las utilidades generadas por proyectos de más de US$ 1000 millones de inversión, y va en la dirección correcta, pero advierte que su alcance no es suficiente.
–Promueve la instauración de un ‘Canal verde’ para dinamizar la importación de equipos e insumos para la industria petrolera que no sean fabricados en el país. El ingreso de equipos torre al país sigue siendo un problema para la industria. Por ejemplo, Pan American Energy (PAE), la segunda petrolera del país, tuvo más de tres meses demorado en Aduana un equipo de perforación que debía incorporarse a Cerro Dragón.
–Propone crear un marco tributario específico, que reduzca las regalías hasta el 5%, para los proyectos de muy alto riesgo tanto en tierra como en el offshore.
-Sugiere habilitar una amortización acelerada de los bienes de capitales y del reintegro del IVA.
La reunión de mañana en la cámara será clave para saber si el texto cuenta con el respaldo de todos los socios –entre los que figuran YPF, PAE, Total, Petrobras, Chevron, Sinopec, Tecpetrol y Pluspetrol- o si, por el contrario, algunos prefieren mantener el perfil bajo y evitar rispideces con las gobernaciones provinciales.
