Editorial Revista Tierra Para Vivir .- Estos primeros meses del gobierno del PRO, encabezado por Mauricio Macri y apoyado por la coalición política Cambiemos, alianza que le permitió llegar a la presidencia el 22 de noviembre pasado, han dejado mucho para analizar. Algunas medidas económicas tendrán su impacto inmediato en las políticas ambientales y muestran una clara tendencia a seguir profundizando el modelo extractivista, el cual se sustenta en la explotación de los bienes comunes transformándolos en commodities, para su exportación y comercialización en el exterior, base fundamental del modelo económico kirchnerista y que ahora Macri sigue sosteniendo con perspectivas de agudizar.
En la campaña electoral, el PRO hablaba de las inversiones que estaban esperando llegar al país, “cuando las condiciones lo permitan”. Uno de los encargados de generar esas condiciones a través del Ministerio de Hacienda y Trabajo, es el ministro Alfonso Prat Gay quien, con el objetivo de aumentar las reservas del Banco Central y por medio del levantamiento de la restricción a la compra de dólares y la devaluación, favoreció a los capitales exportadores. Particularmente buscó beneficiar a los capitales extranjeros que operan a lo largo y ancho de nuestro país, permitiendo la estadía de los que están y buscando que las transnacionales, que desean expandirse por el mundo, vean a la Argentina como un destino cómodo y seguro, ya que este paquete de disposiciones le permite abaratar costos.
Beneficios sí pero ¿para quienes?
El gobierno accionó para que las “materias primas” extraídas puedan exportarse fácilmente y generen mucha más rentabilidad, ya que se tomaron algunas medidas como la eliminación de retenciones para las mineras, la firma de un decreto para que la Argentina tenga cero retenciones a las exportaciones agrícolas, excepto para la soja. En la actualidad esto permite que no se cobre un arancel a las ventas externas de cereales (trigo, maíz, girasol y sorgo), y que el de la soja baje de un 35 a un 30%. Intentando generar que las empresas sean mas “productivas”, es decir que saqueen aún más el territorio.
Otro de los puntos que permite, que las empresas tengan una actividad prospera, es la “seguridad jurídica”. La muestra más cabal de esto es la firma del contrato, con cláusulas secretas firmada entre la supuesta estatal YPF y la norteamericana Chevron, rubricado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que sin embargo y pese a la orden de la Corte Suprema de Justicia, de entregar el contrato completo, la gestión de YPF bajo el gobierno de Macri decidió no hacerlo público, con el argumento de que difundir los detalles de ese pacto podría comprometer secretos “geológico, comercial, técnico e industrial” de ambas compañías.
El extractivismo, no sólo necesita de medidas económicas, sino que también necesita legitimidad social. La mayoría de las políticas que otorgan consenso provienen de instituciones del sistema científico y universitario, en ese marco no es un dato menor la continuidad del ex ministro de Cristina Kirchner Lino Barañao, quien permanece en la cartera de Ciencia y Técnica. Este funcionario ha sido lobbista de las grandes empresas sojeras y encabezó públicamente una campaña de desprestigio a las investigaciones del médico Andrés Carrasco que comprobaron la gravedad del glifosato en los cultivos transgénicos.
Las empresas que nos gobiernan
Otro aspecto interesante a analizar y que está íntimamente relacionado con este modelo, es la “CEOcracia” del PRO, que en menor medida también se dio durante los gobiernos anteriores. Juan José Aranguren, ex Shell es ahora el ministro de Energía y Minería; Susana Malcorra ex IBM y Telecom Argentina está a cargo de la Cancilleria; Isela Costantini de General Motors pasó a Aerolíneas Argentinas; el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Buryaile, es un terraten| iente ganadero y ex dirigente de la Confederación Rural Argentina. Estos nombramientos no se reducen al gabinete nacional. En la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, ex ceo de Monsanto, está al frente del Ministerio de Agroindustria y la lista sigue.
En su “preocupación” por mantener un ambiente sano, Macri creó por decreto Nº 232/2015 la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con Sergio Bergman a la cabeza, quien públicamente admitió no tener conocimiento en el área. El discurso de un capitalismo verde que ya viene de la gestión PRO en la Ciudad de Buenos Aires, encontró su caldo de cultivo con la plataforma de un capitalismo serio que dejó instalada los 12 años de gobierno kirchnerista.
Del discurso a la realidad
Leandro Ross, periodista del portal de noticias alternativas Ecos Córdoba, plantea que: “Hoy, ese vacío sobre cuestiones ambientales que ha tenido el kirchnerismo, el macrismo lo rellena con una puesta en práctica de políticas ambientales, apuntadas a una perspectiva de ecología conservadora o proteccionista”. Lo que ha permitido “un próspero discurso apegado a la perspectiva proteccionista, basada en la conservación de espacios verdes y la proliferación de fuentes de energía alternativas.
Sobran ejemplos de este discurso “eco friendly”: la intención de quitar a “próceres” de la historia Argentina en los billetes de circulación monetaria para ser reemplazados por especies de la fauna autóctona del país; la promesa de crear un parque solar en la provincia de Jujuy; el anuncio de presentación de un proyecto de ley para la regulación de humedales e incluso la visita de Bergman a Jachal después del terrible derrame de cianuro. Estos ejemplos y tantos otros existentes no son más que medidas cosméticas para disimular la brutalidad extractivista. Políticas discursivas y sin efecto, mientras el modelo actual de acumulación no sea enfrentado, y los derechos sigan siendo tratados como mercancías.
Esta orientación política, se sustenta en parte, por el desembarco de funcionarios formados en ONG’s verdes. Emiliano Ezcurra, ex integrante de Greenpeace, es actual directivo de la ONG Banco de Bosques y vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales. Diego Moreno, director general de la fundación Vida Silvestre, quien dejó su cargo en la organización para asumir como secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. El actual secretario de Control y Monitoreo Ambiental Javier Ureta Saenz Peña, en 2006 fundó la ONG Cascos Verdes. La subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio Dolores María Duverges, es abogada, especializada en derecho ambiental y energía, y ha estado a cargo del área de Política Ambiental en FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales). Carlos Bruno Gentile, subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, fue asesor de ONUDI (Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) y creó el Programa Escuelas Verdes en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Carlos Villalonga de “Los Verdes” ha sido seguramente el precursor de toda esta oleada cuando empezó a presidir la Agencia de protección ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En este marco es importante mantenernos informades, entendiendo que por lo general estas políticas tienden a ser cómplices del despojo y el saqueo, legitimado por Macri para darle sentido a su proyecto económico, visualizando que el Extractivismo , es un modelo de enclave que beneficia exclusivamente a los capitales concentrados y centralmente trasnacionales.
La reproducción del capital es posible gracias a la explotación de trabajadores y de la tierra. El extractivismo, como una de las formas que toma está explotación, afecta directamente al medio ambiente. Sin embargo, por más eco friendly que una empresa o gobierno pueda ser (o aparente ser), la contaminación y los desastres ambientales que provocan las grandes empresas extractivistas es un correlato necesario de este modelo de producción. La acumulación de capital se rige a partir de las leyes de competencia, provocando una carrera incansable de mejoras tecnológicas en cada sector de producción, donde priman la obtención de ganancias por sobre las remediaciones ambientales. Por eso es preciso alertarse, más que asombrarse, cuando un gobierno afirma ser “bueno con el medio ambiente”, ya que por detrás esconde la perpetuidad de un modelo de acumulación de capital que no mide las consecuencias de su búsqueda por más ganancia y que está poniendo en riesgo la vida de la población. Con su máscara de capitalismo verde, bueno, no permite detectar las trampas de un modelo que arrastra consigo desastres medioambientales. En donde hay que poner el acento no es en el cambio de clima sino en el cambio del sistema.
