Desaparición forzada de Santiago Maldonado: ¿el Estado amenaza al pueblo mapuche, antimineros y antifracking?

Por Marcelo García (Exclusivo el El Extremo Sur).

En una Patagonia en la que se potencian los movimientos sociales que enfrentan a la minería, el fracking, la proyectada central nuclear y los terratenientes extranjeros, la desaparición de Maldonado habilita hipótesis que remiten a las prácticas del terrorismo de Estado.

¿Se trata de una acción planificada que implica una advertencia o el presagio de una amenaza? Las definiciones de la ministra Patricia Bullrich se emparentan con las del dictador Jorge Rafael Videla sobre los desaparecidos. Mauricio Macri no se involucra de lleno. La Rural pide represión y Lanata denuncia una guerrilla mapuche inexistente.

Un nuevo desaparecido político en democracia conmociona a la Argentina. Como ocurrió con Julio López, el albañil que declaraba en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz, ahora desapareció un joven artesano de 28 años que se encontraba en la cordillera patagónica chubutense apoyando a los mapuches que defendían su territorio y fueron reprimidos por Gendarmería Nacional.

La desaparición de Santiago Maldonado es todavía un misterio que aparenta ser una acción forzada por las fuerzas nacionales que intervinieron en la represión del 1° de agosto pasado. Las semanas han pasado y las respuestas definitivas brillan por su ausencia, no hay responsables materiales ni intelectuales, pero Maldonado no aparece con vida.

Nadie se anima a decirlo públicamente ni tampoco hay pruebas que permitan confirmarlo, pero si Santiago no se fugó (como infiltrado de las FARC como se especula en ámbitos oficiales) lo más probable es que esté muerto y quizás jamás se vaya a encontrar su cuerpo, tal como sucedió con López.

Desapariciones, de Videla a Bullrich

Hoy a Maldonado le encaja a la perfección la definición dada por el dictador Jorge Rafael Videla, quien elucubró: “Frente al desaparecido en tanto esté como tal, es una incógnita. Si el hombre apareciera tendría un tratamiento X y si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está… ni muerto ni vivo, está desaparecido”.

Sin que las palabras hayan sido las mismas y obviamente rechazando de plano la comparación del gobierno de Macri con la dictadura militar, la ministra de Seguridad, Patricia Bulrich, terminó emparentada a la definición de Videla al no asumir la desaparición forzada como la principal hipótesis sobre Maldonado.

“Todas las hipótesis están abiertas” expresó Bullrich en su paso por el Senado y agregó que “Hay que buscar a Santiago sin un prejuicio y sin querer interponer una hipótesis como la hipótesis hegemónica. Todos los días buscamos personas, tenemos 5.000 personas desaparecidas en este momento”.

La ministra olvidó señalar que ninguna –dentro de esas miles de personas– desapareció en el marco de operaciones  represivas realizadas por Gendarmería; aunque sí se encargó de revelar la identidad de un testigo Ariel Garzi que declaró en la causa y que se suponía debía ser un testigo protegido.

Contradiciéndose y tomando partido por una de las hipótesis, que justamente no es la de la desaparición forzada de Maldonado, la ministra nacional sentenció: “No voy a hacer la injusticia de querer tirar un gendarme por la ventana. Prefiero como ministra asumir la responsabilidad y dejar que la Justicia investigue… Necesito a esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno”.

La desaparición de Maldonado y la detención para tratar de extraditar a Chile al lonko mapuche Facundo Jones Huala se emparentan, en lo que se manifiesta como una escalada represiva y atemorizadora hacia quienes recuperan territorios de grandes latifundistas extranjeros que en muchos casos desconocen leyes argentinas.

En la región patagónica el mensaje de advertencia parece estar claramente dirigido hacia los movimientos antimineros que se focalizan en Esquel y la zona cordillerana, a los vecinos que se oponen a la instalación de una central nuclear en Río Negro y a los mapuches y movimientos sociales que se enfrentan a las petroleras que impulsan el fracking en Vaca Muerta.

Lucha por la tierra, piedra en el zapato

La recuperación mapuche de territorios en la cordillera chubutense y patagónica es una enorme piedra en el zapato del Gobierno nacional ya que los terratenientes nacionales y los grandes inversores extranjeros -como Benetton, Lewis, Turner y Tompkins- no aceptan bajo ningún concepto que los pueblos originarios retornen a sus tierras ancestrales y afecten propiedades que en casos repetidos han comprado con papelitos y con el aval de dirigentes corruptos.

Desde 2001 cerca de 240 mil hectáreas han sido recuperadas por las comunidades mapuche y en los últimos diez unas 160.000 hectáreas fueron recobradas en las cercanías de Jacobacci, Machinchao y El Bolsón.

Las acusaciones que actualmente recaen sobre el lonko Facundo Jones Huala son similares a las que en los años ‘90 apuntaban hacia los hermanos Moira y Mauro Millán, que reclamaban junto a la Comunidad Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre con acciones directas la propiedad de las tierras de sus ancestros y a principios de 2007 impulsaron a la comunidad Santa Rosa de Leleque a la recuperación de poco más de 500 hectáreas dentro de la inmensidad territorial de Benetton.

En los últimos meses la escalada de imputaciones fue subiendo de tono entorno de la presunta existencia de grupos extremistas, violentos y con intenciones separatistas; focalizándose en la figura de Jones Huala y el RAM.

El cambio de gobierno en la Argentina y la llegada del macrismo ahondaron el recrudecimiento de las represiones en los territorios ocupados por los mapuches.

Se desató una oleada de presión y enjuiciamiento social que tiene su correlato en los ámbitos tribunalicios, con el infaltable acompañamiento de grupos editoriales y periodistas cooptados al efecto.

Para la lógica institucional del macrismo, que por momentos actúa en consonancia con la gestión del gobernador Mario Das Neves, no es aceptable que una comunidad aborigen pueda recuperar tierras y transformarlas en territorios donde no se puede aplicar el control territorial del Estado.

La existencia del Pu Lof en Resistencia Cushamen es una piedra en el zapato macrista que puede reconvertirse en un ejemplo que el gobierno nacional pretende encorsetar y hacer retroceder a su mínima expresión o directamente a su desaparición.

Huala, Maldonado y el RAM, ¿guerrilleros?

Las acciones del RAM dispararon la ira del gobierno nacional y también del chubutense, de ahí que se concretará el operativo de Gendarmería que desembocara en la desaparición en Maldonado, pero dicho proceso tiene un claro correlato con el juicio y nueva detención de Huala, a quien se pretende extraditar a Chile.

El comunicado de la Sociedad Rural Argentina (SRA) es más que contundente respecto a lo que sienten los terratenientes y lo que le reclaman al Estado nacional sobre los mapuches, el RAM y el problema de las ocupaciones de tierras.

La entidad que preside Luis Miguel Etchevehere llamó a “terminar con la impunidad para con los grupos delictivos y violentos del Sur”, denunciando que “las familias patagónicas son víctimas del hostigamiento y los ataques del grupo delictivo conocido como Resistencia Ancestral Mapuche”; para cerrar reclamando que “es hora de que la Justicia aplique la ley en tiempo y forma. A pesar de todas las pruebas que existen en contra de estos grupos criminales, hay jueces que actúan con llamativa demora”.

Los reclamos de la SRA, con puntos de contacto con el de los estancieros santacruceños en la Patagonia Rebelde de principios del siglo pasado, fueron escuchados por el Presidente Macri quien rompió el silencio sobre la desaparición de Maldonado y sostuvo que “hay búsquedas por distintos lugares, sin colaboración de esta organización (mapuche) que se declara con lineamientos bastante poco democráticos y bastante violentos… Pero estamos igualmente intentando ver qué es lo que pasó”.

La postura de Macri y SRA habilitó a otros políticos para lanzarse a la caza de los díscolos. Desde Chubut se oyeron las voces del gobernador Mario Das Neves (ex PJ y Frente Renovador) y del intendente esquelense Sergio Ongarato (Cambiemos). Ambos expresaron su preocupación por el accionar del RAM, al que catalogaron de “fundamentalista” y “separatista”.

El broche de oro a los reclamos mapuches se lo puso el periodista Jorge Lanata, quien en su programa televisivo Periodismo Para Todos que se emite por Canal 13 calificó al RAM como una “una guerrilla indígena en el sur”.

El fallido de Patricia Bullrich puede ser interpretado como una anticipación de lo que estaría por venir. La profundización de la persecución de la protesta social y la lucha parece una decisión sin retorno.

“Necesito a esa institución (Gendarmería) para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno la necesidad de gendarmería”, reveló la funcionaria. ¿La “tarea de fondo “incluirá nuevos Maldonados? ¿La represión será la respuesta a los movimientos sociales antimineros, anti fracking y antinucleares?

Un escenario complejo

Esa rara combinación de acompañamiento creciente en las urnas y rechazos contundentes en las calles a las políticas extractivas, le generan serios problemas al macrismo y los gobernadores provinciales. El fuerte repudio a la central nuclear en Río Negro, la minería en Chubut o la quita de los reembolsos a los puertos patagónicos se hacen sentir.

Santiago Maldonado sigue desaparecido tras la represión a los mapuches en Chubut y su aparición con vida es la prioridad, aunque no deja de ser una advertencia que puede ser interpretada como amenaza.

La toma de conciencia de la gravedad de lo sucedido y las “tareas de fondo” por venir deben abrir un profundo debate sobre el uso de las fuerzas de seguridad contra los que protestan y como una herramienta para la defensa de los intereses de poderosos terratenientes y empresarios.