Desde el comienzo de su gestión, la suba de las tarifas de distintos servicios públicos (electricidad y gas, principalmente) vino acompañada por un discurso que justificaba tal decisión en medidas de eficiencia energética. Con el reciente veto a la Ley que frenaba los últimos tarifazos, tal ideario de la racionalización total se ha exacerbado en la agenda pública.
Ya se ha comentado que el énfasis en la necesidad de ahorro se encuadra en un ideario liberal, en la cual se presenta a la crisis ecológica como “un problema de todos” y que para ello es necesario sólo “concientizarse”. De este modo, se individualiza un asunto complejo a la vez que se difuminan las responsabilidades sin tener en cuenta las disparidades sociales existentes.
Como se expresa en el último discurso del Presidente Mauricio Macri: “La única manera de lograr un cambio profundo y verdadero -en el tema energético- es que cada uno haga su parte, porque no se trata de sacar sino de poner y de ceder en algo para que gane el conjunto; el conjunto es Estado, empresa, sociedad y dirigencia política”.
Así, la última presentación por cadena nacional disparó una serie de críticas que llevaron a ponderar medidas de eficiencia energética racionales hasta el punto de lo tragicómico e irrisorio. La propuesta de adoptar el uso de las lámparas led no es una mala medida en sí misma, pero la insistencia en este punto termina desvirtuando su importancia en un contexto de ajuste.
En efecto, otro punto destacable del discurso liberal es su visión tecnocrática. No hace falta replantearse el modelo económico en profundidad, lo cual demandaría trastocar intereses corporativos, sino tomar conciencia de manera individual para incorporar las tecnologías más modernas que nos conducirán a resolver el problema.
Otra vez en el mensaje de Macri: “durante años nos hicieron creer que los subsidios a la energía eran gratis, que la energía es barata, que no cuesta”. Y por ello fuimos irresponsables en no adecuar nuestros consumos y tecnologías: “Esa mentira nos impidió tomar conciencia del valor real de la energía y no la supimos cuidar”.
No obstante, reducir la crisis energética a un problema de elecciones individuales deja por fuera otras medidas más estructurales. Desde la reglamentación vía normativa del uso de lámparas hasta la discusión de las cifras de rentabilidad que pretenden ganar las empresas que producen y distribuyen la electricidad y el gas en nuestro país.
Estuctura
Así las cosas, las medidas de eficiencia energética presentadas en el discurso pretenden encubrir políticas que sólo tienen como objetivo el ahorro fiscal, más ahora en el contexto del debate por el regreso de Argentina al control del FMI. En palabras de Macri, se trata de “ir reduciendo el déficit fiscal para así no depender más del endeudamiento externo y no generar más inflación”.
En tal sentido, la política ortodoxa implica cumplir con ciertas metas de reducción de subsidios públicos, pero garantizando o aumentando la rentabilidad del sector empresario. De las primeras medidas del gobierno de Cambiemos, la quita de retenciones a la megaminería y los productos del agronegocio han significado acumulación empresarial y déficit para el Estado.
Se trata también del paradigma liberal de la riqueza de las naciones mediante con sus consabidas “ventajas comparativas”, por la cual Argentina tiene que profudizar aún más un modelo agro-minero exportador. O, como diría Eduardo Galeano, el hecho de que algunos países se especializan en ganar y otros como el nuestro “se especializan en perder”.
La apertura sin restricciones de la economía en este punto nos lleva a un amento de las importaciones de bienes con valor agregado (como los industriales) que debilitan la frágil producción nacional. Y en este punto fundamental, tal modelo económico es insustentable y atenta contra el ambiente, ya que genera mayores cargas ecológicas al planeta que otra economía basada en la producción local.
Un ejemplo puntual pueden ser la importación de autos de alta gama, que aumentó debido a la baja de los aranceles a la importación. Además de no favorecer un posible desarrollo a largo plazo de una industria propia (o mejor aún de un sistema de transporte público), se trata de bienes para un sector muy reducido de la población, que profundiza el déficit de la balanza comercial.
Esto último, en un régimen denominado de “restricción externa” hace que el dolar se encarezca y por la propia dinámica económica este consumo de lujo termina repercutiendo en los sectores populares. Ya que la producción se piensa en términos de agronegocios y no de soberanía alimentaria, el valor del dolar impacta en la canasta básica de alimentos en bienes como el pan de cada día.
En síntesis, el ahorro fiscal que conlleva un ajuste (como el tarifazo) sumado a la apertura de la economía nos llevan a reducir la producción local, en particular de las PyMEs. Ello sin dudas conduce a un modelo insustentable y poco eficiente -también en el aspecto energético- que esconde y acentúa desigualdades estructurales para los cuales no alcanza la sola conciencia individual.
Los tarifazos que ponen en problemas a pequeñas empresas que constituyen el bastión de la economía local ponen en riesgo un principio fundamental de la economía ambiental y ecológica.
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Cambiando ecología por ahorro (5 de junio de 2016).
