Las tarifas de los servicios públicos vinculados con la energía, luz y electricidad tuvieron un fuerte incremento desde el inicio del gobierno de Cambiemos. Los ingresos de los hogares nunca pudieron acompañar las actualizaciones tarifarias, motivo por el cual, los esfuerzos que están haciendo las familias para poder atender el pago de estos servicios son cada vez mayores. Desde octubre de 2016, el incremento acumulado para un usuario de Metrogas con un consumo promedio fue de 1.321%. Al mismo tiempo los salarios aumentaron, en promedio, un 47%.
Los aumentos de tarifas no solo posibilitan el ahorro fiscal, producto del ajuste del gasto en subsidios económicos, sino que también sirven para mejorar la realidad económico-financiera de las prestatarias de servicios públicos. Es decir, se pagan mayores tarifas no solo para que el Estado gaste menos, sino también, para que estas empresas ganen más.
En el caso del conjunto de transportistas y distribuidoras de gas en 2017 comienzan a operar con un margen de beneficio notablemente superior al registrado en los años anteriores. La principal causa de esta situación es la aplicación escalonada de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) a partir de abril de ese año. Como el tercer y último tramo de aumento derivado de la RTI comenzó a tener vigencia en abril de 2018, se espera que el margen de beneficio del conjunto de estas empresas se amplíe aún más.
El principal problema derivado de que el Estado avale un alto margen de beneficio es que las tarifas dejen de ser asequibles para las familias y entre en riesgo el acceso universal e irrestricto a servicios imprescindible para la vida humana. Este es uno de los motivos por los que la energía no debe ser un mercancía
Este artículo forma parte del Nª24 boletín de EJES, donde describimos proyectos y conflictos en territorios alejados de la norpatagonia y vinculados a Vaca Muerta.
