La sostenida presión internacional por minerales sigue afectando a América Latina. No sólo a ecosistemas vulnerables y comunidades locales, sino, al mismo tiempo, a estructuras sociales, normativas y sistemas de convivencia nacionales. Sectores de la sociedad que al costo que sea, sueñan con un esquivo y muchas veces mal entendido desarrollo, sostienen discursos y prácticas muchas veces alejadas de la ética y del bien común.
La profundización del modelo productivo mundial de bienes, ahora ampliado infinitamente con la participación de China, pone en jaque el suministro de materias primas que deben sostener una producción y un consumismo altamente insustentable.
Los cambios tecnológicos del norte global clavan sus ojos en los recursos minerales del sur global y América Latina es un polo de concentración en esta tendencia. La reconversión a la electromovilidad es un claro ejemplo de ello.
El litio y el cobalto son entre otros, minerales necesarios para este proceso. Pero no olvidemos que el efecto sobre el cobre implicará aumentos importantes de producción del metal rojo y sus ya conocidos impactos.
Es preciso señalar también, que la minería de litio en los salares altoandinos de Argentina, Bolivia y Chile no está exento de riesgos socioambientales por la inminente destrucción de ecosistemas complejos, frágiles e insuficientemente estudiados. Esto hace suponer que el efecto de la pérdida de esos ecosistemas y su valor para la humanidad quedará para siempre fuera del saber humano.
Por donde miremos, veremos que la conflictividad socioambiental por la profundización del modelo extractivista minero, solo tiende a incrementarse.
Vemos además que los procesos de conflicto se manifiestan de forma cada vez más temprana y que aquellos de larga data y aparentemente desperfilados, pueden reactivarse poniendo en jaque la también aparente estabilidad institucional, empresarial y comunitaria. Aunque por otro lado, la dinamización de los conflictos por extracción de minerales es respondida con incremento de criminalización, represión y violencia por parte de gobiernos y empresas mineras.
Otros factores que acompañan la conflictividad socioambiental por minería son la crisis hídrica, la afectación de páramos y cabeceras de cuenca, la destrucción de glaciares, el cambio climático y la pérdida de condiciones de vida y sustento para las comunidades locales.
Por más evidencias que se generan para criticar el extractivismo minero y más se demuestra que la actividad minera empobrece nuestros pueblos, mayor es la insistencia de gobiernos de todas las corrientes para sostenerlo y profundizarlo. Como ejemplo mencionamos que la ONU alertó hace unos años sobre una “multimillonaria evasión tributaria minera” a partir de casos de África y Chile.
La grave situación de los diques de colas es uno de los corolarios de una actividad que se sostiene en ventajas ambientales, tributarias, financieras y legales y goza de la impunidad nacional e internacional allí donde se desarrolla. Todo eso ante los atónitos ojos de las comunidades afectadas. Los vuelcos en las estrategias de las empresas mineras para legitimar su actividad y las alianzas con los gobiernos extractivistas se enfrentan a la cada vez fortalecida creatividad de las comunidades en resistencia.
Este, posiblemente, seguirá siendo el panorama que nos acompañe en los próximos años y que dará cuenta de los conflictos mineros en la región. El presente trabajo es una muestra de ello.
Textos de: Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinarios sobre Problemática Energética (GECIPE) coordinado por Maristella Svampa y Pablo Bertinat, y del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, Integrantes del GECIPE e investigadoras docentes del Área de Sociología, Universidad Nacional de General Sarmiento – ARGENTINA; Colectivo CASA – BOLIVIA; Bruno Milanez, Carolina de Moura, Danilo Chammas, Larissa Pereira Santos, Lucas Magno, Maíra Mansur, Melisanda Trentin, Rafaela Dornelas, Tádzio Coelho – BRASIL; Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA – CHILE; Acción Ecológica – ECUADOR; CEICOM – El SALVADOR; Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, MÉXICO, Centro Humboldt – NICARAGUA; Colectivo Voces Ecológicas COVEC – Radio Temblor – PANAMÁ; Cooperacción, PERÚ; Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales
Edición: Equipo OCMAL
Alejandra Díaz
César Padilla
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL
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