“Discutir pobreza energética es discutir privilegios”

La Alianza contra la Pobreza Energética es un movimiento social de Cataluña que lucha por la vivienda y el acceso justo a la energía y agua. Entrevistamos a Mónica Guiteras, una de sus integrantes, para abordar la feminización de la pobreza energética, las luchas territoriales en el contexto urbano y el derecho a la energía. “Necesitamos cambiar el foco de la pobreza energética: desde las personas afectadas, que han sido señaladas como responsables como si no supieran consumir, y ponerlo en las empresas”, sostiene.

Por OPSur .- El problema del acceso a la energía atraviesa a nuestras sociedades. Las malas condiciones de conexión, las altas tarifas y la ausencia de servicios son parte constituyente de un modelo energético que reproduce las desigualdades del actual modelo económico. En la clave de disputa por el acceso a la energía es que en 2014 surgió en Cataluña la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE). La socióloga Mónica Guiteras es parte de esta organización, cuenta que surgió “de la fusión de distintos movimientos que vistos a vuelo de pájaro son la unión entre el movimiento de la vivienda y distintos grupos ecologistas, entendiendo que una vivienda sin suministros no es un espacio digno y que el ambientalismo tiene que saber aterrizar las demandas del modelo energético macro a nivel micro. Eso se hace defendiendo los suministros básicos desde los hogares, que es también la defensa del territorio desde una perspectiva urbana”.

“Agua, luz y techo”, es la consigna que resume su lucha, según comenta Guiteras, en un camino que pelea por la democratización de la energía. Mónica sostiene que “la APE tiene una elevada presencia de mujeres que están defendiendo su territorio más inmediato, que aquí no son las montañas y los ríos, en el ámbito urbano en Barcelona, sino que son, pues, las casas. Como digo, no sólo vivienda y energía, sino vivienda y suministros: agua y energía conjuntamente, esas tres cosas. A partir de esa resistencia defendemos también el derecho a decidir sobre la energía, sacarla de una visión que queda solo en expertos”. 

-OPSur: ¿A qué les resuena este concepto de la pobreza energética?  

-Mónica: A nosotras usar el concepto pobreza energética nos ha permitido a nivel del Estado español, entrar en la opinión pública. La pobreza energética es un fenómeno que lleva tiempo ocurriendo en España pero no estaba nombrado. Y aunque seguimos hablando de derecho a la energía, es verdad que las noticias no son sobre el derecho a la energía; las noticias en el mass media son sobre la pobreza energética y no sobre los impactos de la pobreza energética.

Estamos hablando que empezamos con la Alianza el año 2014, después de la crisis de 2008, que las principales problemáticas se centraron en el acceso a la vivienda, y cuando muchas familias terminaron ocupando una vivienda por imposibilidad de pagar un alquiler. Entonces hay varias cosas aquí: nosotras siempre hablamos de pobreza energética desde una perspectiva que incluía los suministros básicos de agua y energía porque creemos que uno sin el otro no tiene sentido. Cuando nos unimos como APE lo hicimos para plantear que la pobreza energética es discutir privilegios, no si puedes o no pagar la factura. Es poner responsabilidades a las empresas privadas que tienen el incomprensible privilegio de gestionar estos servicios.Entonces el problema que enfrentamos no es tanto como una situación que surge de la imposibilidad de pago de las familias, sino de cómo funciona el modelo energético en cada Estado, pero también a nivel global porque las dinámicas de liberalización de los mercados y privatización de empresas públicas.

Sobre todo, yo creo que para nosotras ha sido importante politizar esa definición, o ese concepto, que estaba hecho muy desde un lugar de victimización. Necesitamos cambiar el foco de la pobreza energética: desde las personas afectadas, que han sido señaladas como responsables como si no supieran consumir, y ponerlo en las empresas que hacen que estos servicios sean impagables, inseguros.

¿Qué caracterizarían como pobreza energética? 

Reconocemos tres factores principales: el precio de la energía, la ineficiencia energética de la vivienda, y el nivel de ingreso de las familias. Las políticas que se habían impulsado hasta la fecha, cuando nació nuestro colectivo, estaban poniendo énfasis sobre la cuestión de la eficiencia energética, a nivel europeo; y sobre el pago de las facturas, a nivel del Estado español. Entonces, la cuestión de los precios no se estaba atacando y es la única que depende de estas empresas, o en algunos casos de la regulación del Estado. 

Hemos ido estudiando la importancia que tienen esos factores que no apuntan a las familias afectadas, sino que apuntan al funcionamiento estructural del modelo energético, el cual es la fijación de los precios de la energía y el modelo de gestión de esos servicios, muchas veces privatizado. Está la medición de la pobreza energética como el gasto en energía de más del 10% de la renta de la familia, pero no hemos querido nunca entrar en estos números, porque lo que hemos visto es que tenemos que hablar de consumo adecuado. Ha habido muchas familias que han llegado a nuestras asambleas que gastan menos del 10%, pero porque estaban infra consumiendo. No podemos tener en cuenta solo lo que la gente consume, sino lo que se ve forzada a no consumir porque la estructura del sistema energético funciona de una forma determinada. Por eso yo creo que en general nos gusta ir usando diferentes indicadores y ver que dan resultados muy diversos.

-En sus informes ustedes señalan que  la pobreza energética tiene un sesgo de género, ¿En qué situaciones puede observarse? 

Es lo que ya conocemos: hay una brecha salarial, hay un techo de cristal, una conciliación muy complicada que hace que las mujeres se queden sin generar ingresos porque están ampliando sus bajas de maternidad y, en general, por una división sexual del trabajo que provoca esa división entre trabajos menos valorados, peor pagados, más precarizados y de jornadas más cortas. Eso sirve para pensar la feminización de la pobreza en general, y luego podemos observar más en concreto la feminización de la pobreza energética. Eso tiene que ver con otros factores como es que el hogar sigue siendo un lugar donde son primordialmente las mujeres las que asumen determinadas tareas de cuidados y, terminan asumiendo -cuando hay falta de estos suministros o escasez- la gestión del hogar para cubrir eso. Son ellas también las que pasan más tiempo en el hogar y, pues tienen más posibilidad de tener alguno de esos accidentes domésticos, de intoxicación, si hubiera velas o calentadores de gas inseguros, etcétera. O sea, cuanta más precariedad en esos hogares, más vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad sigue siendo sostenida por una mayoría de mujeres porque en definitiva son entendidas como tareas de cuidados. 

 -A pesar de tener roles distintos en la división internacional del trabajo, ¿crees que son asemejables las situaciones de pobreza energética en los países centrales con relación a la periferia?

Nosotras reconocemos un gran aprendizaje la experiencia del Sur global. Nuestra lucha es posible, no sólo porque bebe de los movimientos de vivienda de acá, sino que bebe de los movimientos de defensa del territorio en América Latina. Además son territorios amenazados por los mismos actores corporativos. Entendemos que acá la situación ha empezado a ser peor a medida que la frontera extractivista se va agotando. Es decir, aquí durante un tiempo hubo una supuesta situación de calma porque se estaba extrayendo en otros países; extrayendo expoliando, asesinando, ya lo conocemos. Entenderlo como una lógica de desposesión global que no aterriza con la misma gravedad en cada lugar, yo creo que para nosotras es importantísimo.  

Hemos tenido un hermanamiento con otras luchas como, por ejemplo, la del Movimiento de Afectados y Afectadas por represas de Brasil,que tienen una visión muy desde las afectadas, que es para nosotras algo importante: poner a las personas afectadas en el centro, dar voz. La APE representa al Sur del Norte y busca dar voz a las afectadas que han sido negadas. Para nosotras la perspectiva es la responsabilidad de las empresas españolas -que algunas de ellas no son ni españolas- y seguir la pista de esas vulneraciones de esas grandes corporaciones a nivel global. Es al menos ponerles líneas rojas, poner la responsabilidad sobre ellas, mientras luchamos por devolver la energía a manos público-comunitarias, un modelo municipalizado de gestión pública. 

-¿En qué pensás cuando te referís a ese modelo municipalizado?

La re municipalización entendemos que es una herramienta para garantizar derechos desde ese servicio público y también para que la población y las comunidades sean participantes activas, que ahora mismo no lo son. Y por eso ahí también hablamos de gestión pública y no de nacionalización, porque creemos que en determinadas escalas eso no va a permitir una democratización real. De todos modos, más allá de la escala, estamos de acuerdo en la gestión pública y comunitaria de la energía, como herramienta para devolver a la ciudadanía ese poder de decidir. 

En el ámbito del agua, que a diferencia de la energía si está en manos del Estado español, la mayoría de la población sigue siendo abastecida por empresas públicas, aunque ya hay bastantes que son privatizadas en parte o en su totalidad. Pero las que son privadas tienen un contrato de concesión con una fecha de finalización. Entonces que tenga fecha de fin, nos permite de algún modo decirles a estas empresas que cuando llegue ese fin, se le va a quitar esa concesión. Es decir, en el agua tienes esta posibilidad de re municipalización y todavía los poderes públicos conceden ese tiempo de gestión a una u otra empresa, ahí hemos tenido más margen de exigencias de garantías y derechos. 

Frente a ello, Guiteras considera que desde la APE desean cambiar la idea que tienen las compañías sobre la impunidad de la que gozan si no cumplen con reglamentaciones estatales y desoyen las necesidades sociales. En ese sentido, agrega que las empresas públicas de servicios básicos: “han sido privatizadas sin fecha de fin, entonces, por mucho que no cumplan con unos determinados estándares de garantías sociales ellos lo que necesitan es presentar los dividendos a los accionistas. Para nosotras, aunque hemos hecho una lucha para garantizar el suministro y no cortes tanto en el agua como en la energía, lo que hemos visto es que en las empresas todavía conservan cierta propiedad en manos públicas o que tienen una concesión con una fecha de fin”. En consideración de ello, observa que una salida posible puede darse por el hecho de que, frente a la indignación social frente a ese comportamiento empresario, “tenemos más margen para generar incidencia y movilización social para que eso cambie”. No obstante, reconoce que “en la energía lo tenemos mucho más complicado porque sus poderes están blindados y porque aunque vulneren derechos, ellos van a seguir gestionando ese servicio que fue privatizado en los noventa sin fecha de fin”. En ese marco, insistir en la movilización popular y luchar contra las puertas giratorias de funcionarios privados al ámbito público y viceversa, es visto por la APE como una vía para avanzar en la consideración del agua y la energía como derechos y no como simples mercancías. 

Esta publicación es financiada con recursos de la Fundación Rosa Luxemburgo con fondos del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). El contenido de la publicación es responsabilidad exclusiva de OPSur, y no refleja necesariamente una posición de la FRL.

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