En una dura resolución, la Justicia llama a dialogar a YPF con un barrio de Allen

Una jueza civil obliga a YPF a informar sobre las actividades que desarrolla a metros de las viviendas de  las y los vecinos del barrio Calle Ciega 10. Desde 2014, viven una historia de explosiones, derrames y enfermedades que se resisten con cortes de rutas. La resolución judicial intima, además, al Municipio y al gobierno provincial.

Por Martín Álvarez Mullally / OPSur .- La titular del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº5, Laura Fontana,  resolvió convocar a un ámbito para la resolución del conflicto enmarcado en el amparo colectivo presentado por la población en 2019. La magistrada instruye a que YPF notifique a las vecinas qué trabajos va a realizar y explique la metodología con la que avisarán en futuras intervenciones. Esta semana la petrolera volvió a ingresar grandes equipos a una locación ubicada a 300 metros del barrio donde ha perforado cinco pozos de fracking. Las vecinas respondieron cortando el acceso en protesta. 

Por otra parte, Fontana dispuso un plazo de veinte días para que el Municipio y la Provincia informen sobre la evaluación de la situación habitacional, el riesgo existente en la población y las acciones tendientes a “otorgar una solución habitacional”. Puntualiza que “adopten las medidas conducentes para evitar que los asentamientos continúen avanzando en la Calle Ciega 10, proponiendo un programa asistencia para el acceso a una vivienda”. Además, la jueza deriva a la Dirección de Medios Alternativos de Solución de Conflictos del Superior Tribunal de Justicia la creación de un ámbito de diálogo, discusión, y análisis de las posibles soluciones entre las familias y la empresa. 

La localidad de Allen es parte del programa de “Ciudades Emergentes y Sostenibles” impulsado por la Fundación YPF, el Banco Interamericano de Desarrollo, y los ejecutivos provincial y municipal. El plan busca contener las ciudades con gran crecimiento por la explotación petrolera como Las Heras, Añelo, Malargüe. Incluso cuentan con estudios avanzados sobre el problema habitacional en la localidad, por lo que contemplar la situación habitacional como propone la magistrada podría ser contemplado dentro del mismo programa.  

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El barrio y los pozos

Sus primeros habitantes llegaron a Calle Ciega 10 hace más de 50 años. Generación tras generación, se fueron sumando nuevos lotes y hoy está compuesto por 20 familias. La primera perforación se instaló en 2014, hoy tiene 52 pozos rodeandolos en un radio de mil metros. Desde entonces, regularmente estallan las tensiones contra YPF. El primer derrame fue en julio de 2015. Contaminó una pequeña laguna ubicada en las afueras de la locación (el desmonte donde se instalan los pozos). Este tipo de lagunas tienen conexión subterranea y alimentan al río Negro, que pasa a unos tres kilómetros de allí, por lo que la contaminación podría haber llegado a su curso. 

Al mes siguiente, en agosto de 2015, las explosiones y venteos del pozo llevaron al primer corte de ruta. A partir de entonces, este tipo de situaciones se repitieron. En otras, el tráfico de camiones de gran porte se convirtió en un peligro para las familias y sus casas, al punto de que la pared de una vivienda se cayó. Recientemente, además, denunciaron la aparición de enfermedades en la piel de las y los niños del barrio coincidentemente con la intervención de los pozos. Las vecinas señalan que los venteos y emisiones pueden generar enfermedades. 

Pericias e impericias

El expediente del amparo colectivo presentado por las vecinas consta de cinco cuerpos y unas 2.000 fojas, lo que define una limitante para que las vecinas puedan  acceder a la justicia. Condición  que subraya la asimetría entre el poder de las familias vulneradas y el de la empresa y los estados. En la actualidad, se están desarrollando las pericias médicas sobre la población.

La resolución de la jueza da cuenta de una serie de inconvenientes sucedidos en las pericias que se solicitaron y que, en buena medida, determinaron que no pudieran llevarse adelante. Señala, por ejemplo, que al momento de arribar a la locación el defensor adjunto y la oficial de justicia no pudieron ingresar “por no poseer los equipos de seguridad necesarios”. Ese requisito es asumido por Fontana para señalar el riesgo de que haya familias viviendo a menos de 300 metros de la locación. 

El peritaje se realizó en ausencia de equipos en los pozos. Es decir, en condiciones distintas a las señaladas por la población como las responsables de los inconvenientes. Por otro lado, las muestras del peritaje de agua quedaron en poder del laboratorio CIATI que, según se le informó a la jueza, tenía un móvil dispuesto en la locación y se ofreció a preservarlas. Este incidente provoca dudas en la magistrada sobre la fiabilidad de los resultados que arrojasen. Ese laboratorio aparece, además, en la resolución como “laboratorio de YPF” y, dado que presentó informes como parte de YPF, “se advierte que el mismo no podrá realizar los estudios ni custodiar la muestra”. Por otro lado, Fontana señala el costo de los análisis como una limitación para poder evaluar la calidad del agua. 

“A casi once meses del encargo pericial, no se han tomado las muestras o mediciones para avanzar en la labor pericial, y en los autos principales a pesar de la actividad de la defensoría oficial no se ha podido avanzar con las pericias”, informa la magistrada.