Luego de dos jornadas extensas de deliberación, el Tribunal de Impugnación resolvió por mayoría hacer lugar a los recursos de la fiscalía y las querellas, revocar la suspensión del juicio a prueba otorgada por el juez de garantías Lucas Yancarelli y ordenar que la causa continúe hacia la audiencia de control de acusación, última instancia antes del juicio. Un fallo clave en el proceso judicial ambiental más relevante de la historia de Vaca Muerta.
Por Yamila del Palacio / OPSur .- Con los votos de Florencia Martini y Nazareno Eulogio, el Tribunalrevocó la decisión del juez de garantías Lucas Yancarelli, quien había otorgado la suspensión de juicio a prueba —conocida como probation— al dueño y dos ex gerentes de Comarsa acusados por contaminación y defraudación. Además, apartaron a Yancarelli de la causa y ordenaron que el expediente continúe su curso hacia la instancia de control de acusación. El tercer magistrado, Richard Trincheri, votó en disidencia.
Entre los fundamentos más relevantes de una larga resolución, el Tribunal consideró que el juez Yancarelli había resuelto sin refutar la oposición fundada del fiscal Maximiliano Breide Obeid, quien había argumentado la gravedad del caso, el daño ambiental y el interés público en que los hechos sean juzgados.
En esa línea, durante la audiencia, el fiscal advirtió sobre la magnitud del daño ambiental y la falta de información precisa sobre el estado del predio.
“Sanear no es lo mismo que retirar”, sostuvo, visiblemente preocupado por la falta de diferenciación en la que había recaído Yancarelli. “No sabemos qué hay debajo de Comarsa”, remarcó en referencia a los residuos enterrados que fueron descubiertos en el último allanamiento. De esto modo, las montañas de basura ubicadas en el predio del basurero petrolero son solo “la punta del iceberg”.
Breide Obeid también cuestionó la posibilidad de otorgar la suspensión del juicio a prueba a quienes tenían la responsabilidad de gestionar esos residuos y no lo hicieron, señalando que se trata de actores que percibieron unos 40 millones de dólares para realizar esa tarea. También señaló que se trata de un caso atravesado por irregularidades y cuestionó el carácter arbitrario de las decisiones adoptadas por el juez Yancarelli en la instancia anterior.
Para el tribunal, la oposición de la fiscalía fue considerada razonada y válida, por lo que no correspondía suspender el juicio.
Por su parte, el abogado querellante Emanuel Roa Moreno, en representación de la Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, planteó que el “saneamiento” respondía a un deseo subjetivo del juez Yancarelli que no estaba contemplado en las medidas llevadas adelante por Comarsa. Señaló que, con las pruebas expuestas y los mismos dichos de los acusados, no se sabe qué hay debajo de las pilas de residuos acopiados, ni el daño real que esto causó al suelo y al ambiente. Sostuvo que, para que haya un saneamiento realmente efectivo, el proceso tiene que estar acompañado de un equipo técnico especializado, con controles estrictos y transparentes.
En esa línea, Pedro Peralta, abogado querellante por la APDH de Neuquén, agregó que la sanción debe estar encaminada a sanear el ambiente, a saber la verdad y a culpar a los responsables.
El magistrado Nazareno Eulogio al leer la resolución aclaró que tiene efectos inmediatos y no suspensivos, por lo que ya comenzaron a correr los plazos para la presentación de pruebas en la etapa de control de acusación, instancia final decisiva sobre si se avanza o no hacia el juicio. Los imputados, el dueño y dos exgerentes de Comarsa, quedan a un paso de un eventual juicio oral. Si bien la decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia, el fallo marca un avance clave en el proceso.
Incumplimientos y antecedentes
El predio de Comarsa en Neuquén está ubicado a pocos metros de viviendas y planes de desarrollo urbanístico. Esta proximidad representa un riesgo sanitario y ambiental que fue señalado en numerosas ocasiones por organizaciones y vecinos y vecinas de la ciudad. Incluso la fiscalía señaló la cercanía con los barrios como un serio problema sanitario.
Las denuncias que a partir de 2014 sostuvo la asamblea Fuera Basureros Petroleros en torno a Comarsa obligaron a que, semanas antes de terminar su mandato, el gobernador Jorge Sapag firmara el decreto 2263. Por esa normativa, en 2018 las 18 hectáreas de la planta cerraron sus puertas al ingreso de residuos de Vaca Muerta. Desde entonces, los barros empetrolados estuvieron acumulados allí a la espera de algún tratamiento.
En estos momentos, Comarsa está llevando adelante su quinto plan de remediación ante la oficina de Ambiente de la provincia. Hace una década presentaron el primero referido al retiro de los hornos con los que hacían el tratamiento de los residuos peligrosos. No cumplieron ninguno. Tras la sentencia que otorgó la probation, y en el marco de los acuerdos impulsados por el juez Yancarelli para avanzar con el retiro de los residuos, Juan Manuel Luis, dueño de Comarsa, anticipó que tampoco llegarán a los plazos acordados en este quinto plan.
