Este 22 de mayo se realiza en San Antonio Oeste la audiencia pública para tratar el proyecto del gasoducto que busca conectar Vaca Muerta con el Golfo San Matías. Con el objetivo de ampliar la exportación de gas natural licuado, el caño atravesará cientos de kilómetros y se integrará a una red energética mayor orientada a profundizar la extracción y ampliar mercados internacionales. Una infraestructura que se expande hacia afuera mientras hacía adentro se expanden las desigualdades energéticas y se multiplican las presiones sobre los territorios.
Por Yamila del Palacio y Alan Rocha Varsanyi / Fotos: Martín Álvarez Mullally
El proyecto “Gasoducto Dedicado Tratayén – San Antonio Oeste” que proyecta Southern Energy tendrá 472 kilómetros y conectará Tratayén, en la provincia de Neuquén, con San Antonio Oeste, en la costa rionegrina. Se trata del primer ducto específicamente orientado a abastecer proyectos de gas natural licuado (GNL). Una infraestructura para transportar el gas de Vaca Muerta desde las áreas de extracción hasta la terminal de exportación en el Golfo San Matías, a pocos kilómetros de Las Grutas, donde se prevé instalar dos buques licuefactores: el Hilli Episeyo y el MK II.
Según el cronograma del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), las obras comenzarán en mayo de 2026 y se extenderán durante 24 meses, con finalización prevista para abril de 2028. La audiencia pública para tratar el proyecto se realizará el 22 de mayo, el mismo mes en el que se estima empezar la obra. El proyecto llega a esta instancia con la traza definida, cronogramas establecidos e ingeniería avanzada. Más que espacios orientados a debatir integralmente la conveniencia, alcances o necesidad de este tipo de infraestructura, la audiencia pública llega como un paso administrativo más dentro de un proyecto cuyo rumbo aparece previamente definido.
El rompecabezas ambiental: debatir a ciegas y de a piezas
Uno de los problemas principales que deja en evidencia el propio EIA es la evaluación fragmentada del proyecto. El gasoducto se presentóen documentos divididos por jurisdicción, por un lado el tramo que se instalará en Neuquén y, por otro, el de Río Negro. No se hizo un EIA integral que comprenda el proyecto como unidad. En los hechos, no existe el análisis del cuadro completo. De esta manera, los impactos sobre cuencas hídricas, ecosistemas, comunidades rurales y pueblos indígenas a lo largo de casi 500 kilómetros están divididos entre provincias siendo que la infraestructura opera como una cadena integrada que articula extracción, transporte, compresión, licuefacción y exportación. El tema es que Argentina no cuenta con una herramienta de Evaluación Ambiental Estratégica para proyectos interjurisdiccionales de esta magnitud. Ese vacío no es neutral, porque garantiza la aprobación fragmentada de grandes infraestructuras.
Además, la fragmentación habilita que los EIA omitan los impactos acumulativos del proyecto. Gran parte de la traza del gasoducto avanzará paralela al Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), actualmente en construcción. Dos grandes infraestructuras energéticas compartiendo territorio, corredores logísticos y afectaciones potenciales sin ningún instrumento que evalúe sus efectos combinados. Sin embargo, el propio EIA reconoce los impactos acumulativos como significativos, pero no propone herramientas concretas para analizarlos ni mecanismos específicos para mitigarlos. Apenas unos 80 kilómetros del recorrido transitan por sectores sin superposición con otras obras.
En relación a los impactos, el estudio observa que Río Negro no cuenta con instrumentos de de planificación territorial acorde a la nueva escala extractiva. La provincia no cuenta actualmente con un Plan de Ordenamiento Territorial que contemple la expansión acelerada de Vaca Muerta y toda esta infraestructura asociada. El instrumento vigente fue elaborado en 2013, antes de la consolidación del desarrollo no convencional actual y previo al avance de grandes proyectos de exportación hidrocarburífera que hoy evidentemente reconfiguran el territorio provincial. Cada nueva infraestructura avanza de manera aislada, sin evaluación integral de compatibilidad entre usos del suelo, desarrollo comunitario, actividades productivas preexistentes y conservación de bienes comunes estratégicos.
Por otra parte, el riesgo hídrico tampoco aparece resuelto. Según el documento, entre los kilómetros 50 y 230 de la traza se identificaron sectores con susceptibilidad geológica y geomorfológica de moderada a alta, reconociendo la necesidad de realizar estudios hidrológicos, hidráulicos y geotécnicos exhaustivos antes del inicio de las obras. Es decir: parte de la información crítica que debería ser parte del EIA para evaluar el proyecto no está disponible. Es más, el mismo documento considera “imprescindible” profundizar los estudios vinculados a erosión, estabilidad del terreno, comportamiento hidráulico y posibles afectaciones sobre sectores sensibles de la traza. Uno de los puntos de mayor sensibilidad aparece en el cruce del río Negro a la altura de Chelforó.
En cuanto a contingencias sobre cuerpos de agua, se expone que hay una “intensidad alta” del impacto debido a la peligrosidad de los agentes contaminantes. Sin embargo, considera que la afectación sería “parcial” porque, según el documento, la rápida dispersión y transporte de contaminantes por la dinámica del río “desplazaría el problema hacia zonas más alejadas”.
Parece necesario recordar que los sistemas hídricos no funcionan como sectores aislados ni bajo límites administrativos. Operan como unidades integradas donde lo que ocurre aguas arriba puede trasladarse, acumularse o generar consecuencias cuenca abajo. El cruce proyectado sobre el río Negro a la altura de Chelforó se ubica sobre una cuenca estratégica que continúa su recorrido atravesando localidades como Chimpay, Coronel Belisle, Darwin, Luis Beltrán, Choele Choel, Lamarque, Pomona, General Conesa y Viedma, antes de desembocar en la costa atlántica. A lo largo de ese recorrido, el río sostiene sistemas de riego, producción agrícola, abastecimiento humano y ecosistemas asociados. Analizar las afectaciones únicamente desde el área inmediata de intervención ignora una dimensión clave: los impactos sobre el agua no desaparecen cuando abandonan el área del proyecto.
Los límites del derrame económico
Los discursos que vinculan la expansión hidrocarburífera con la generación sostenida de empleo no parecen estar respaldados con datos laborales reales. Según el EIA, el proyecto prevé aproximadamente 1.500 puestos temporarios durante la construcción, pero apenas entre 13 y 21 trabajadores para la operación permanente de la infraestructura. Los indicadores sectoriales refuerzan esa tendencia: durante el último año el empleo petrolero cayó en Neuquén y también a escala nacional mientras la productividad continuó creciendo. Más inversión no necesariamente implica más trabajo. La expansión extractiva aparece cada vez más asociada a procesos de mayor intensidad tecnológica y concentración económica que a la generación de empleo genuino y de largo plazo.
Más extraccion, mayor presión sobre el territorio
Este gasoducto no es simplemente una obra de infraestructura, es una llave que habilita un salto extractivo-exportador de grandes proporciones. Con una capacidad de 28 millones de metros cúbicos estándar por día -equivalente al 30% de la producción nacional de gas no convencional- no puede evaluarse de forma aislada del modelo extractivo que lo sustenta. Abastecer los dos FLNG (Floating Liquefied Natural Gas) del Golfo San Matías implica intensificar el fracking en Vaca Muerta y sus afectaciones a lo largo de todos los territorios: más pozos, más agua, más residuos peligrosos, más minería de arenas, más infraestructura, más puertos. El EIA no evalúa esta relación, analiza una cañería mientras omite la integralidad.
Gas para exportar y energía que no llega
El nuevo gasoducto aparece como una pieza estratégica dentro del esquema de expansión exportadora de Vaca Muerta. Su función no está orientada a abastecer consumos locales ni resolver desigualdades energéticas históricas, sino a ampliar la capacidad de evacuación de gas hacia proyectos de exportación de GNL. En línea con lo planteado en la Ley de Bases, es la mirada de la energía como una mercancía, no como un derecho.
La discusión adquiere más relevancia en un contexto de redefiniciones profundas de la política energética nacional. Mientras se impulsa nueva infraestructura para ampliar exportaciones y abastecer mercados internacionales, diversas medidas profundizan la brecha del consumo energético: cada vez es más cara la energía para su uso doméstico. Reformas como la modificación del régimen de Zona Fría, elimina medidas que amortiguan los costos energéticos en regiones atravesadas por condiciones climáticas extremas. A la vez, persisten sectores que continúan sin acceso pleno a servicios energéticos básicos incluso en provincias atravesadas por corredores estratégicos de extracción y transporte hidrocarburífero.
Lejos de responder a necesidades energéticas internas, el proyecto intensifica un modelo extractivo orientado hacia afuera, donde los territorios funcionan como plataformas de extracción y provisión de recursos para sostener la inserción del país en los mercados globales. En ese esquema, iniciativas como el proyecto FLNG —que ingresa dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)— consolidan un marco de beneficios extraordinarios para grandes capitales orientados a la exportación. El régimen garantiza estabilidad normativa, tributaria y cambiaria por 30 años, junto con amplias facilidades para la disponibilidad y remisión de divisas al exterior.
¿Participación ciudadana?
Mientras que el EIA invoca dentro de su marco normativo referencias al Acuerdo de Escazú —tratado internacional que reconoce el derecho al acceso regional a la información ambiental, la participación pública y la justicia ambiental— la distancia entre esos principios y el modo concreto en que avanzan estos proyectos vuelve a quedar expuesta.
La magnitud y complejidad de la infraestructura dificulta una comprensión integral del proyecto incluso para quienes buscan participar activamente del proceso. Participar no debería significar únicamente asistir a una audiencia, sino contar con condiciones reales para comprender, debatir e incidir sobre proyectos capaces de transformar territorios enteros durante décadas.
Pero incluso así, en estos escenarios de amplias desigualdades, disputar la información, exigir evaluaciones integrales e impulsar instancias de debate siguen siendo herramientas fundamentales para la defensa y la construcción territorial.
