El barrio Calle Ciega 10 en Allen está rodeado. A un kilómetro de las casas hay 52 pozos de fracking. Pese a que venció el plazo judicial para informar sobre sus actividades, YPF todavía no se comunicó con las vecinas. Hartas, ellas reclaman: “que nos saquen de acá”.
Fotos Martín Alvarez Mullaly / OPSur
Por Fernando Cabrera / OPSur.– La titular del Juzgado Civil Nº5 con asiento en Fiske Menuco (Gral Roca) de Río Negro, Laura Fontana, emitió la semana pasada una dura resolución, por la que obligó a YPF a informar sobre sus acciones, en un plazo no mayor a cinco días, a las y los vecinos de Calle Ciega 10 de Allen. La medida fue bien recibida por las vecinas que impulsan el amparo colectivo. Sin embargo, cumplido el plazo fijado por la magistrada, la petrolera de bandera no se comunicó con las familias afectadas. El barrio se ubica a 300 metros de cinco pozos de fracking y a menos de un kilómetro de otros 52 pozos, situación similar a la que se encuentra la escuela primaria N° 7, y necesita respuestas urgentes porque sufren un profundo deterioro de su calidad de vida.
Mapa Javier Grosso. En color naranja está el barrio, las otras marcas señalan las locaciones de YPF.
La medida no sólo alcanzó a la petrolera controlada por el Estado, la jueza también intimó a los gobiernos provincial y municipal a dar cuenta de la situación habitacional y de las “medidas conducentes para evitar que los asentamientos continúen avanzando en la Calle Ciega 10, proponiendo un programa asistencia para el acceso a una vivienda”. Finalmente, también convocó a una mediación, en el marco del Superior Tribunal de Justicia, para discutir posibles soluciones entre las familias y la empresa.
Tras esa definición judicial todas las familias del barrio comenzaron a reclamar la relocalización. Roxana Valverde, una de las referentes, aseguró: “La idea de nosotros es que nos saquen de acá, porque a ellos [YPF] no los vamos a sacar. Es una empresa muy grande. Nos dimos cuenta de que contra ellos no podemos”. La vecina también reclamó, como medida inmediata, que la empresa pague la medicación y los tratamientos que no cubre el sistema público a les adultes y niñes con problemas de salud. “La mayoría de los vecinos vive con dolor de cabeza, dolor de panza, con diarrea, con vómitos”, subraya.
Evelyn Valverde, que vive desde niña en Calle Ciega 10, tiene malos recuerdos de la llegada del fracking. “Cuando empezó todo el tema de las petroleras a mi papá se le rompió la casa. Pasaban muchos camiones con maquinarias arriba que eran muy pesadas y pasaban por al lado de las casas. Las paredes se empezaron a rajar y abrir y ahora están más abiertas por el paso de los años”, explica.
Evelyn Valverde
“No quiero estar cerca de acá. Porque ya sabemos lo que es. Ya lo vivimos y sabemos lo que se genera. Ellos dicen que no hace daño pero para mí sí. Que nos ayuden por favor, por mí y por mi nieto”, pide Jorgelina Soto. Hace 38 años Soto se mudó al barrio porque quedaba cerca de la chacra donde trabajaba. Allí crio a nueve hijos y todavía convive con dos de ellos y un nieto. “Es una contaminación muy grande. Yo me he sentido mal, con dolor de estomago, estuve enferma, internada muy mal, y quiero salir de acá de este barrio”, asegura.
Jorgelina Soto
