Por Pablo Corso.– En América Latina, las mega-represas hidroeléctricas suelen representar un claro ejemplo de la lógica que sobreestima los beneficios y subestima los impactos negativos del modelo energético dominante. Mientras se promocionan como una de las principales soluciones para abastecer una demanda cada vez mayor, sus consecuencias silenciadas hacen estragos en las poblaciones vulnerables. Brasil es, quizá, el caso más claro. El país más grande de la región lidera el ranking de represas planificadas en áreas protegidas. Si se construyeran, llevarían la crisis climática a niveles aún más preocupantes, asegura el Movimento dos Atingidos por Barragens (Movimiento de Afectados por Represas).
Fotos: Guilherme Weimann / Anfibia
La historia del MAB se remonta a mediados de los 80, entre el fin de la dictadura y el gobierno de José Sarney, cuando empezaron los grandes proyectos hidroeléctricos que buscaban abastecer de energía a la industria, al tiempo que empezaban a demostrar sus graves consecuencias sociales y ambientales, como la expulsión de miles de personas de sus tierras. Hacia fines de esa década, los afectados comenzaron a organizarse en comisiones regionales, que derivaron en el primer congreso nacional de 1991.
Mientras la política de privatizaciones de Fernando Henrique Cardoso intensificaba los perjuicios, el movimiento se organizó en tres frentes: sindical (la defensa de las poblaciones afectadas), político (un proceso continuo de lucha y formación) y la convergencia con otros actores, con miras a la construcción de un modelo energético popular y distributivo.
En la década pasada, las rupturas de dos represas en el estado de Minas Gerais (Fundão en 2015, Córrego do Feijão en 2019) provocaron cientos de muertes, destrucción de hogares, pérdida de biodiversidad y contaminación con desechos minerales, además de impactos duraderos en la salud física y mental. El MAB contribuyó a la organización de las personas afectadas y realizó una fuerte campaña de denuncia sobre los daños de ese modelo y las condiciones de inseguridad en las instalaciones de todo el país.
Así fue ampliando sus espacios de intervención, hasta llegar al concepto actual de “afectados por represas”, que incorpora a las víctimas de inundaciones en centros urbanos. Su propuesta es discutir una situación que no sólo compromete a los afectados por los desastres naturales y artificiales, sino también a todos quienes pretenden construir un modelo energético soberano.
POCAE, una alternativa superadora
Así, en 2010 surgió la Plataforma Operaria e Camponesa da Energía (Plataforma Operaria y Campesina del Agua y la Energía – POCAE), que integra a su vez el Frente Brasil Popular, una coalición amplia de trabajadores, artistas, intelectuales, religiosos, indígenas, parlamentarios y funcionarios que busca un modelo energético entrelazado con las luchas en defensa de la educación, la salud y otros derechos fundamentales.
Sus diagnósticos y propuestas se centran en siete puntos:
1. El abordaje de la energía -factor decisivo para ampliar la capacidad productiva del trabajo, incrementar el lucro y la acumulación- en el marco de las relaciones sociales capitalistas.
2. Mientras las políticas neoliberales privatizaban empresas estratégicas y disolvían instituciones de regulación, se conculcaban derechos conquistados y aumentaban las tarifas.
3. Las reformas precarizaron las condiciones laborales en la industria energética, mientras evitaban diseñar una política nacional de garantía de derechos y reparación de pérdidas.
4. La lucha de los trabajadores petroleros logró interrumpir la privatización total del sector, lo que permitió el fortalecimiento de Petrobras durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff.
5. El impeachment a Dilma y el golpe institucional de 2016 redoblaron la presión privatizadora, con intentos de fraccionamiento y el ingreso de compañías extranjeras.
6. Para recuperar la soberanía energética, es necesario que las cadenas de producción de energía se encuentren bajo control social.
7. Es necesario crear instancias políticas y económicas que lleven al control popular sobre la energía; controlar los precios y los mecanismos de contratación; fortalecer a las empresas estatales; industrializar toda la cadena energética; mejorar las condiciones de los trabajadores; y garantizar los derechos de las poblaciones afectadas, con participación en el planeamiento y fiscalización de las obras.
La energía como campo de batalla
Este 26 de noviembre, la presentación de la Cátedra Libre de Transición Agroalimentaria y Energética contó con dos representantes de la POCAE: Tatiane Paulino, del MAB, y João Moares, de la Federación Única de Petroleros de Brasil (FUP), la mayor federación de empleados del sector, con articulación de 13 sindicatos. Como parte de la jornada organizada por la Universidad Nacional del Comahue, la Mesa de Transición Productiva y Energética de Río Negro, y el Observatorio Petrolero Sur, los invitados compartieron historias particulares y reivindicaron luchas comunes.
Durante la década pasada, los cambios en la regulación de la actividad convencieron a los trabajadores sobre la necesidad de “una mayor participación en la concepción popular de la energía, que el capital considera una mercancía”, explicó Moares. Entonces avizoraron nuevos enfrentamientos, ya que “la energía es un tema de lucha, no de grandes debates técnicos”. El proceso de articulación con distintos movimientos, de hecho, encontró un freno en los sucesos de 2016: “El capital se apropió de gran parte de los recursos petrolíferos brasileños y hay un proyecto de privatizar Petrobras”. Más que nunca, hacía falta una plataforma capaz de una articulación amplia y potente.
“No es posible discutir temas laborales sin discutir soberanía energética”, advirtió Paulino, que criticó el hecho de que no haya un acceso garantizado de los servicios para toda la población. Con un 66% de la energía eléctrica producida a partir de represas, la propiedad mayoritaria está en manos de grandes empresas transnacionales. Las consecuencias son evidentes: “La energía es una mercancía y pagamos las tarifas más caras del mundo”. Para avanzar en una transición hacia un esquema más equitativo, se necesita un cambio de sociabilidad.
Esa alternativa, advirtió Moares, es un esquema diametralmente opuesto al actual. Como en la primera parte de la jornada (“Entre la producción de alimentos y el fracking”), abogó por des-concentrar y diversificar las fuentes, concebir a la energía como un bien social y volver a ponerla en el centro de la vida humana. “Las refinerías y las usinas no pueden pasar por encima de los pueblos”, advirtió. También propuso proyectar un sistema integrado entre los países sudamericanos, lo que no sólo facilitaría la colaboración en caso de interrupciones del suministro, sino también la coordinación de las principales reivindicaciones. “La energía tiene que ser un derecho fundamental, al que el pueblo acceda siempre”, insistió.
Consultados sobre los roles que deberían ocupar gobiernos y organizaciones sociales en esa nueva configuración, los invitados fueron claros. “El Estado está en disputa”, graficó Paulino. “Nosotros lo disputamos desde la soberanía popular (…) La formación, la organización y los aportes del conocimiento colectivo son decisivos para comprender cómo funciona el modelo. Para poder cambiar los procesos, es necesario entenderlos”. Moraes exigió que “las agencias estatales deben dejar de actuar a favor de las empresas” e “incentivar la participación, para así poder influenciar en los precios y que la energía deje de ser una caja negra”.
Mujeres en la mira
En los últimos cinco años, la lucha contra las grandes compañías generó represalias dramáticas. En enero de 2016 desapareció la pescadora Nilce de Souza Magalhães, lideresa comunitaria que había denunciado las prácticas de pesca depredadora que sufrían las comunidades en Rondônia, corazón de la selva amazónica. Los restos de “Nicinha” -cuya familia había sido desplazada por las obras de la represa Jirau- aparecieron cinco meses después, en un lago construido por la misma empresa.
En marzo de 2019 fue asesinada Dilma Ferreira da Silva, coordinadora regional del MAB, junto a su pareja y un amigo de ambos. Ocho años antes, había participado en una audiencia con la entonces presidenta Rousseff, a quien entregó un documento que pedía por una política nacional de derechos para los afectados por represas, con una atención especial hacia la cuestión de género. Para la ex mandataria, esos crímenes fueron “autorizados por el discurso de odio y la negligencia del actual gobierno” de Jair Bolsonaro.
A pesar de la violencia desplegada en su contra, las mujeres de la POCAE están decididas a mantener una participación central. Cuando los mega-proyectos se desarrollan en forma inconsulta y descontrolada, “nuestros derechos son los más vulnerados”, lamentó Paulino, que mencionó las dinámicas de violencia, drogas, prostitución, alcoholismo y depresión que asedian a las comunidades. Por eso destacó la importancia de profundizar los saberes sobre las causas y consecuencias del modelo energético dominante, dentro de un gran frente de feminismo popular. “Desde el MAB tenemos contenidos específicos en nuestros procesos de formación, y a nivel cotidiano discutimos la participación de las mujeres en estos espacios”, aclaró.
“El conocimiento es liberador”, planteó Moraes. “En la medida en que todos nos apropiemos de él, el camino será más igualitario. Las mujeres tienen visiones y vivencias que aportan mucho a un proyecto energético popular”. Una iniciativa que sólo será posible tomando conciencia de las fuerzas que conspiran contra la transición hacia sistemas más equitativos. “Sudamérica es una región mundial rica; el norte ya consumió sus recursos”, recordó el petrolero. “La disputa será encarnizada y se tornará cada día más difícil. Necesitamos integrar los conocimientos y las luchas para afrontarla”.
Esta nota se realizó a partir de la entrevista de la periodista Emiliana Cortona a Tatiane Paulino y João Moares durante la presentación la jornada “Entre la producción de alimentos y el fracking” que está disponible en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue.
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