Por OPSur.- La Comisión Quinta del Senado colombiano, que trata los proyectos vinculados al sector minero energético, aprobó parcialmente el proyecto de ley 114/2022, presentado por la Alianza Colombia Libre de Fracking. La propuesta votada ayer prohíbe la utilización de fracking y la explotación de yacimientos no convencionales. Los congresistas exceptuaron, sin embargo, la prohibición de la explotación del gas asociado a mantos de carbón. De este modo, el proyecto alcanzó ya la mitad del recorrido parlamentario para ser ley, resta su aprobación en la Cámara de Representantes (Diputados).
La militante socioambiental colombiana, Tatiana Roa Avendaño, compartió su alegría y, en diálogo con OPSur, anticipó que seguirán trabajando para lograr la aprobación antes de junio de 2024.
-¿Qué significa la aprobación del proyecto de ley 114/202 en el segundo debate, qué instancias quedan y cuáles son las expectativas?
El Proyecto de Ley se presentó cuando empezó este nuevo Congreso. Es el cuarto proyecto que presentó la Alianza Colombia Libre de Fracking en articulación con diferentes partidos que componen la bancada del Gobierno. Hasta ahora el proyecto se discutió en la Comisión Quinta, que es la que trata los temas minero energéticos y ambientales, y también se discutió en la plenaria del Senado.
Colombia tiene un Congreso bicameral, las discusiones empiezan en el Senado y luego pasan a la Cámara de Representantes. Eso quiere decir, que vamos en la mitad del proceso. Esta aprobación garantiza que pueda seguir su tránsito hacia la Cámara de Representantes.
-¿Hay plazos para que se realicen las próximas instancias?
El plazo que vamos a tener es junio de 2024. Nosotros quisiéramos que pudiera salir antes de terminar esta Legislatura, la de 2022 y 2023, pero creemos que en este momento el gobierno tiene la urgencia de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y una serie de reformas como la de Salud y la de Pensiones.
-¿La prohibición no alcanzaría al gas asociado a mantos de carbón porque ya hay una explotación en curso?
En realidad, más que porque haya una explotación en curso, estas explotaciones que ya tienen licencia podrían seguir, tiene que ver con intereses de las empresas carboneras, como la Drummond y el Cerrejón, que son empresas que tienen interés y han explotado, en particular la Drummond, el gas asociado a mantos de carbón como una forma de conseguir energéticos para su propio proceso minero. Es decir, ese gas en mantos de carbón se ha utilizado más en el proceso minero que para otros beneficios de la sociedad. Entonces hay una presión muy grande hacia ciertos congresistas, que siempre han respondido a sus intereses y que hacen parte de la bancada de gobierno, para que no se prohíba el gas asociado en mantos de carbón. Desde mi perspectiva, yo veo en las empresas mineras un interés por incorporar el gas en mantos de carbón, en un contexto posiblemente de prohibición del carbón en un futuro cercano, como una nueva fuente de recursos. Entonces, esas presiones han hecho que el gas asociado al manto de carbón no haya sido excluido. Ahora bien, hay que reconocer que nosotros, como Alianza Colombia Libre de Fracking, recién hace muy poco empezamos a incorporarlo en el debate. Llevamos cuatro proyectos de ley presentados y recién en el anterior, es decir, el tercero, empezamos a incorporar el tema de los yacimientos no convencionales. Esto porque tensiones y diferencias en el interior de la Alianza para que nuestra lucha se ampliara más allá del fracking. Existía el temor para algunas personas y organizaciones, que quizá por aspirar a esta nueva demanda, pudiera frenarse la aprobación del proyecto de ley contra el fracking. Ha sido un proceso pedagógico interesante que ha ido calando en el movimiento nacional ambientalista colombiano que hoy tiene una perspectiva más crítica al modelo petrolero.
-¿Cómo se llegó a esta instancia? ¿Cómo se trabajó para construir la decisión de las y los parlamentarios de tratar este proyecto?
En primer lugar, la Alianza Colombia Libre de Fracking se constituye en el 2017, luego las grandes movilizaciones del 2016 en la zona de San Martín Cesar. Esta Alianza tiene como riqueza la gran diversidad de personas y organizaciones que la constituyen, y entre muchas experticias existían capacidades de algunos integrantes y de algunas organizaciones en el trabajo legislativo. Entonces, al conocer que en otros países se había logrado aprobar leyes contra el fracking, empezamos a construir un proyecto de ley que permitiera la prohibición.
Ese primer proyecto contó, básicamente, con el respaldo de congresistas de izquierda, en ese momento del Polo Democrático; con partidos de centro, como los Verdes, y convenció a algunos otros parlamentarios de otros partidos. Desde ahí empezó un proceso de aprendizaje para nosotros de lo que significaba movernos en el espacio de la Legislatura. También generó una tensión, por supuesto, porque la Legislatura es un espacio que consume demasiado tiempo y descuida otros espacios importantes organizativos y de movilización social. Entonces hubo que lograr conjugar la dinámica de la movilización, los procesos orgánicos locales y el trabajo en la Legislatura. Se fue tratando de mantener un equilibrio, aunque hay que reconocer que moverse en el espacio político consume demasiada energía, es fuerte para los activistas ver cómo se van transando los acuerdos entre los políticos.
Luego de que el primer proyecto de ley no logró pasar, seguimos trabajando en otros procesos. Hay un trabajo fuerte con lo que se conoce como Unidades de Trabajo Legislativo, que son los equipos técnicos y políticos que tienen los congresistas. Creo que ha sido fundamental contar con esos acuerdos, con ese grupo de personas, algunas muy cualificadas. Algunos congresistas tienen geólogos, ingenieros, trabajando para ellos, y esto contribuye a una alianza interesante para el trabajo con la gente más técnica, no sólo sobre la técnica del proceso extractivo, sino técnica en el proceso de la Legislatura. Ha sido muy interesante trabajar con ellos.
