Poco a poco se conocen los nombres de las empresas interesadas en comprar las 55 áreas maduras que ofrece YPF. Petróleos Sudamericanos puso el ojo sobre el clúster Neuquén Norte, que comprende parte del Área Natural Protegida Auca Mahuida. Esta petrolera ya operó en el Parque Nacional Calilegua y participó de un pasamanos de pasivos ambientales cuya remediación asume hoy la provincia de Jujuy.
Por OPSur
En los últimos días trascendió en la prensa que Petróleos Sudamericanos está interesada en adquirir diez de los 55 bloques maduros que YPF puso en venta en el marco del Plan Andes. Cuatro pertenecen al clúster Neuquén Norte: Señal Cerro Bayo, Volcán Auca Mahuida, Don Ruiz y Las Manadas. Una parte de ellos está dentro del Área Natural Protegida Auca Mahuida. Los seis restantes corresponden al clúster Mendoza Norte: Barrancas, Río Tunuyán, Ceferino, Mesa Verde, La Ventana y Vizcacheras; en la cuenca Cuyana. Pablo Alberto Miedvietzky, el presidente de la empresa, y otras personas de igual apellido ocupan cargos en el directorio. El titular de la compañía también es referente de Amarilla Gas, una de las principales empresas del mercado de gas licuado de petróleo.
Petróleos Sudamericanos opera en el país desde hace más de 30 años. Originalmente era controlada por capitales españoles y en 2021 fue adquirida por empresarios argentinos. Está presente en siete áreas de la cuenca Neuquina: Centro Este, El Medanito, El Santiagueño, Bajo del Piche, Barranca de los Loros, Loma Montosa Oeste y El Caracol Norte. La compañía tiene experiencia en operar dentro de áreas naturales protegidas, aunque no sería bueno que la repitiera en el Área Natural Protegida Auca Mahuida.
Foto: Parque Nacional Calilegua
Cadena de impunidad
El yacimiento Caimancito, en Jujuy, abarca una porción del Parque Nacional Calilegua. Su explotación comenzó en 1969, de la mano de YPF SE. Tras la privatización de la petrolera estatal, una serie de empresas operó el área. La UTE Petróleos Sudamericanos – Necon tuvo la concesión entre 1992 y 2008. En 1996 firmó un acuerdo con la Administración de Parques Nacionales para mitigar los pasivos ambientales existentes allí. Pero no fueron remediados y, sin embargo, la provincia de Jujuy autorizó en 2008 que la empresa cediera el 100% del área a la empresa Pluspetrol.
Pluspetrol también hizo una evaluación de los pasivos. Y tampoco los remedió. La compañía -de capitales argentinos y casa matriz en Países Bajos- transfirió el área en 2012 a la china JHP International Petroleum Engineering Ltda. En 2013 JHP conformó una UTE con la empresa provincial Jujuy Energía y Minería SE (JEMSE). Posteriormente, JHP firmó un acuerdo con TCL Group, también de origen chino, que dio origen a la empresa Petro AP. Mientras se producía este pasamanos de la concesión, las y los trabajadores del Parque Nacional, junto a una diversidad de organizaciones, exigían a las autoridades provinciales y nacionales la remediación de los pasivos y el cese definitivo de la explotación de hidrocarburos en el área protegida.
En 2017 concluyó la concesión de Caimancito y la provincia rechazó el plan de cierre presentado por la operadora. En 2019 Petro AP fue declarada en quiebra. En 2020 la Justicia Federal libró un embargo contra Petro AP, el gobierno jujeño le reclamaba el pago de US$ 150 millones por daños económicos y ambientales. Según el diario Pregón, “la empresa abandonó intempestivamente su trabajo hidrocarburífero, a los trabajadores, a sus proveedores y a los pozos petroleros que exploraban [sic] generando un riesgo de daño económico y ecológico”.
En 2019 JEMSE, anunció el inicio de trabajos de remediación. Dos años más tarde, el Gobierno de Jujuy, JEMSE, Petro AP (Hong Kong) Company Limited y otras empresas vinculadas al grupo económico TCL, llegaron a un acuerdo para desistir de las acciones legales. Entre los argumentos publicados en el Boletín Oficial de la provincia se sostiene que la causa llevaba varios años, que los demandados estaban en situación de quiebra y que, como no se domiciliaban en el país, no estaba asegurado el cobro de una eventual sentencia favorable.
Foto: instalación de Cerro Bayo, en cercanías al ANP Auca Mahuida
La operación de áreas maduras por parte de grandes compañías no garantiza responsabilidad ambiental, lo prueba la existencia de pasivos en las áreas ofrecidas por YPF en el marco del Plan Andes. Y el traspaso de esas áreas a firmas más pequeñas, sin una remediación previa, amplía las posibilidades de que al finalizar la explotación no se realicen los trabajos necesarios para un adecuado cierre definitivo. No es porque esas firmas sean necesariamente menos responsables en términos ambientales, sino porque tienen menos margen financiero para realizar esas tareas (en caso de que tuvieran la voluntad de hacerlas). Los gobiernos provinciales tienen las herramientas para exigir la remediación previa al traspaso de las 55 áreas que YPF puso en venta. No hacerlo habilita que se replique lo que sucedió en Caimancito. Y en el caso particular del clúster Neuquén Norte, demandar la remediación de los pasivos existentes dentro y fuera de los límites del Área Natural Protegida Auca Mahuida también podría marcar un precedente ante el avance de los proyectos de explotación no convencional en esa región. Es más, podría ser el paso previo al cese definitivo de la explotación de hidrocarburos en la ANP.
