La construcción de las viviendas podrá comenzar en septiembre, cuando está previsto el acto oficial para el 120 aniversario de la ciudad de Neuquén. La fiscalía exigió que se haga un tratamiento previo a la remoción de los lodos.
Por Shirley Herreros / Río Negro
El Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) de Neuquén capital entregará el 18 de septiembre más de 360 terrenos en el Distrito 6, ubicado a la vera de la autovía norte (nueva ruta 22), entre la montaña de residuos contaminantes de Comarsa y la avenida Casimiro Gómez.
En cuanto los adjudicatarios tomen posesión del lugar, estarán habilitados para pedir las bajadas para la luz, disponer de la red de agua, conexiones domiciliarias de gas y electricidad para iniciar las construcciones.
Así ocurrió con el primer loteo con servicios, el Distrito 7 (869 lotes) ubicado del lado opuesto a la avenida Casimiro Gómez. En menos de cuatro meses, los obradores y cercos de obra cambiaron la vista en la nueva ruta 22. Pero, a diferencia de sus vecinos, los nuevos propietarios del Distrito 6 deberán convivir con una montaña de barros con hidrocarburos que fueron depositados en el lugar sin tratamiento.
Los empresarios de Comarsa enfrentan una causa penal por contaminación y por defraudación, porque cobraron millones de dólares por acopiar un resido peligroso a sabiendas de que no lo iban a poder trabajar, según acusó la fiscalía de Delitos Ambientales en la investigación.
Mientras el proceso llega a juicio, la firma y los dueños fueron embargados por una caución de 7 millones de dólares.
Quién quitará la montaña de lodos contaminados del lugar, es la pregunta que aún no tiene respuesta. Se necesitarán más de 10.000 camiones para retirar unos 300.000 metros cúbicos de lodos empetrolados.
La fiscalía exige, además, que el traslado del material hacia la nueva planta involucre el tratamiento del producto y el saneamiento del suelo, porque sostiene que no hubo impermeabilización del terreno donde se fueron depositando los lodos.
Parte de la cale Soldi, que llegaba hasta el Distrito 6, está taponada por la montaña de contaminantes, ya que la empresa siguió recibiendo más residuos de lo que le permitía el perímetro.
El cerramiento actual de la montaña de barro que llegó desde los pozos petroleros comprende la calle pública que la ciudad reclama.
La causa penal establecerá responsabilidades, pero no definirá qué pasará con los contaminantes en el lugar que, en un mes más, comenzará a ser urbanizado con nuevas viviendas.
Cuando la fiscalía y las querellas le pidieron al juez Mauricio Zabala que advirtiera al municipio sobre el contenido de esa montaña de contaminantes y el eventual peligro de la convivencia con los seres humanos, el juez dijo que la petición excedía el ámbito de la audiencia de formulación de cargos.
Supuso que el municipio contaría con estudios ambientales para avanzar con las obras de infraestructura que estaban a más de un 70% en el loteo.
La querella de los abogados ambientalistas planteó extender una cautelar para que interviniera Ambiente de la provincia, pero el juez insistió con que excedía la investigación penal.
Se consideró que los pasivos de la industria deben ser abordados por el poder de policía.
“Tuvimos reuniones con Ambiente de la provincia y la Defensoría del Pueblo nos pidió que hiciéramos un estudio de la calidad del aire y del suelo más cercano a Comarsa, que nos dio bien; con recomendaciones de los profesionales de hacer un fuelle verde”, dijo Marco Zapata, presidente del IMUH. Con base a esos resultados, la urbanización en los alrededores de Comarsa siguió su curso.
Sobre los planteos de la fiscalía de Delitos Ambientales de no hacer asentamientos urbanos a menos de 1.000 metros de la montaña de contaminantes, Zapata dijo “hay un decreto que habla de más de 5.000 metros y tenemos media ciudad de Neuquén en ese trazo, eso debe ser reubicado y pedimos que pronto se solucione la situación”, sostuvo.
“La causa de Comarsa no solo se trata de la defraudación económica por cobrar por algo que no se saneó, aquí las generaciones futuras son las afectadas y por eso se le pidió al juez que le hiciera saber al intendente y al gobernador lo que está ocurriendo, decirle a la sociedad lo que está pasando”, explicó el abogado Bruno Vadalá, de la querella de la APDH.
Desde la Defensoría del Pueblo, el adjunto Emmanuel Guagliardo reunió al municipio, autoridades de Ambiente de la provincia y al IMUH.
Guagliardo dijo que si en el juicio se llegara a una condena “eso no nos quita el problema de qué hacer con los residuos que hoy se encuentra allí”.
Agregó que se requiere mover los residuos contaminantes del lugar “que tienen que ver con los pasivos ambientales de la industria, el Estado debe lograr que el sector (petrolero) asuma esta responsabilidad con los vecinos y vecinas”, dijo.
Destacó que la municipalidad generó un proceso de acceso a la vivienda “que tiene un obstáculo con el caso de Comarsa, eso es lo que tenemos que articular entre el Estado municipal y provincial, una salida que tiene que ver con el retiro y saneamiento, donde los recursos deben salir de la industria” del petróleo, insistió.
Dijo que “la movilización de esos recursos es un enorme esfuerzo presupuestario que no lo pueden hacer ni la provincia ni los municipios”.
La Defensoría solicitó una reunión con el ministerio de Energía y Ambiente. “Tiene que haber una solución a este tema, hay que tener en vista cómo resolver con las operadoras: confío en que se conmine a las operadoras del petróleo a asumir su responsabilidad en este pasivo de la industria y hacerse cargo de ese residuo”, sostuvo.
La responsabilidad de sacar el residuo y la actuación de la justicia
La fiscalía de Delitos Ambientales de la provincia pidió que se traten los residuos que la empresa Comarsa aseguró a la provincia que va a remover.
Cuando el fiscal Maximiliano Breide Obeid pidió en los primeros meses del año que no se urbanizara alrededor de la montaña de contaminantes, no se le dio lugar en la audiencia judicial.
Luego hubo una reunión con la municipalidad en la que tampoco hubo coincidencias respecto a los resultados de los estudios ambientales. Tras la reunión con la Defensoría del Pueblo, la provincia, a través Ambiente, trasladó un plan del empresario para remover los residuos contaminantes. En la fiscalía se recordó que Héctor Basilotta dijo antes que iba a remediar los barros y no cumplió con el plan.
Se indicó que, si se va a remover la montaña de lodos, (que es parte de la prueba en la causa), lo autorizarán previo tratamiento y con la constatación semanal de los trabajos. La preocupación es que se presentó un plan de retiro y no de saneamiento del lugar que será parte de la tierra pública para nuevos loteos y una calle.
Leticia Esteves seguirá el caso de la tratadora y el nuevo loteo
La secretaria de Planificación y Vinculación Institucional de la provincia, Leticia Esteves, fue designada como secretaria de Ambiente de la provincia.
El cargo lo ejercía Santiago Nogueira, quien tuvo las primeras reuniones en mayo con la Defensoría del Pueblo de Neuquén por los contaminantes que dejó Comarsa al lado del Distrito 6 y otras urbanizaciones como Loteo Social, 7 de Mayo, El Nido, la toma Espartanos, Mapu Neu o las familias de crianceros del antiguo puesto Carola, todos de apellido González.
Esteves asumió en julio y Nogueira fue nombrado como subsecretario de Cambio Climático, ambas dependencias bajo la órbita del ministerio de Energía y Recursos Naturales.
Se aclaró que Esteves continuará a cargo de la secretaría de Planificación y Vinculación Institucional, del ministerio de Jefatura de Gabinete, con desempeño “ad honorem”. El adjunto en la Defensoría, Emmanuel Guagliardo, aseguró que en pocos días buscará retomar la reunión con la cartera ambiental por el tema de la montaña de lodos.
Entre los planteos a la provincia, Guagliardo pidió conocer el plan de reducción de volúmenes de los residuos especiales, la rehabilitación del sitio y el monitoreo de los residuos peligrosos depositados en el predio ocupado por Comarsa. Pïdió conocer las medidas de mitigación para “minimizar los efectos nocivos e impactos negativos” producidos por el acopio de “residuos peligrosos procedentes de la industria petrolera” con un tratamiento deficiente.
Solicitó contar con datos relevantes “a efectos de garantizar el derecho a la información ambiental que requiere la población y la Defensoría”.
Fotos: OPSur
