Pese a un derrame en el Golfo y a varias advertencias, la industria no frenó su avance
Robert Campbell
Agencias Reuters
NUEVO CAMPECHITO, México. Hasta antes del hundimiento de la plataforma de BP, la explosión del pozo mexicano Ixtoc en 1979, el segundo entre los peores derrames de la historia, era el único desastre petrolero en el mar que no había sido causado por un buque o un sabotaje.
Aquella catástrofe, también en el Golfo de México, dejó en claro qué podría salir mal en una perforación en aguas profundas. Después de todo, a la petrolera estatal mexicana Pemex le tomó 297 días contener el derrame en Ixtoc, a 50 metros de profundidad (la de BP está a 1500 mts).
Pero una revisión de documentos norteamericanos sobre Ixtoc demuestra que los reguladores minimizaron por años la posibilidad de que ocurriera un incidente similar en Estados Unidos. De hecho, una combinación de política, dinero y exceso de confianza alentó a la industria petrolera a perforar a mayores profundidades.
Las advertencias de los investigadores tras el episodio, en torno al desconocimiento del comportamiento del crudo en un derrame en aguas profundas, cayeron en oídos sordos.
La perforación marina enfrentó poca oposición organizada en Estados Unidos hasta 1969, cuando una plataforma explotó cerca de Santa Bárbara, California. Una década más tarde, el Capitolio enfrentó presiones para tomar medidas por Ixtoc. En 1982, Washington estableció una moratoria para las perforaciones en aguas federales, que fue renovada y expandida durante una década. Y en 1992 dejó fuera de los límites permitidos unos 187 millones de hectáreas de aguas federales.
De cualquier forma, las petroleras ya estaban entusiasmadas por ir a mayores profundidades, en aguas abiertas en las costas de Texas y Luisiana, una vez que todas las zonas de aguas superficiales habían sido exploradas. Lo que las detuvo entonces fueron los elevados costos.
Pero la industria impulsó la aplicación de menores aranceles a la producción de gas y crudo para apoyar la perforación a mayores profundidades, y eventualmente encontró un aliado inesperado en el presidente Bill Clinton, quien apoyó una iniciativa de recorte temporal de esas tarifas.
El resultado fue una reducción de las regalías en 1996, que detonó una fiebre de exploración en áreas del Golfo de México consideradas inviables económicamente. Ese año, el gobierno de Clinton señaló que las preocupaciones ambientales por las perforaciones en aguas profundas eran minimizadas por el lado positivo: un florecimiento en los servicios petroleros y una potencial reducción de la importación de crudo.
En 1996, el Servicio de Administración de Minerales (MMS), que regulaba el desarrollo fuera de costas, señaló: “Cualquier riesgo ambiental es ampliamente compensado por la reducción de riesgos en el tráfico de buques tanque. Los derrames representarían un impacto localizado y de bajo nivel para aguas costeras”.
Desde entonces, el MMS argumentó que la perforación marina había disminuido el riesgo de derrames, en una época en la que se esperaba que los desastres se dieran en los buques. En 1997, el MMS anunció una relajación en los requerimientos de pruebas para equipos de prevención de fugas.
Hasta el desastre de BP, las operaciones en el Golfo de México casi no habían registrado incidentes. Hasta 2000 hubo sólo siete explosiones por cada 1000 perforaciones.
La creciente actividad en aguas profundas inquietó a algunos científicos, que resaltaban lo poco que se sabía del comportamiento del crudo derramado en esas zonas como para asegurar que un accidente no causaría una catástrofe ambiental.
Una consecuencia no planeada de las moratorias de la década de 1980 fueron los recortes en la investigación de derrames petroleros, recordó el investigador John Farrington.
“Las autoridades soltaron la pelota cuando aceptaron los alegatos de la industria, que aseguraba tener tanta experiencia en perforaciones en aguas profundas que no era necesario preocuparse por explosiones”, dijo Jeff Short, ex asesor del gobierno.
Pese a todo, el MMS siguió minimizando los riesgos de una explosión en aguas profundas. Un reporte de la agencia arrojó que el desarrollo de sistemas de contención submarinos era muy caro, dada la baja probabilidad de un accidente. Por eso no tenía sentido especular sobre el comportamiento de crudo derramado a grandes profundidades.
Otra inquietud de los investigadores era el desafío de lidiar con la presión relacionada con perforaciones en aguas ultraprofundas. Pero las advertencias no fueron tomadas en cuenta por el MMS para su estudio de impacto ambiental del plan de perforación 2007-12, el que permitió a BP la explotación de Macondo.
La explosión de la plataforma, además, generó dudas sobre la capacidad de los planes de respuesta a derrames. En el caso de BP, establecía que la empresa podía recuperar casi 500.000 barriles por día. La realidad demostró que el plan, aprobado por el MMS en 2009 tras la asunción de Barack Obama, quedó corto.
La Nación
