Reclaman que la traza atraviese cultivos de soja vecinos
Desde hace más de 30 años la comunidad Misión Wichi Mataco -o Misión Tolaba- está en litigio con la firma León y Chibán por las 1250 hectáreas que ocupa a la vera de la ruta nacional 34, en General Mosconi. Esas tierras están atravesadas por el Gasoducto Norte (GN), que desde 1960 se extiende de Campo Durán a Buenos Aires. Esa misma traza, con el correr de los años, fue utilizada para el tendido de otros ductos, que hoy suman 9 -entre gasoductos, oleoductos y un poliducto-; obras para el transporte de hidrocarburos que ocupan una superficie de 300 metros de ancho por 3,2 km de largo. Son 80 hectáreas en las cuales las 200 familias wichi que allí viven no pueden desarrollar ninguna actividad.
Este escenario, literalmente explosivo, se vio convulsionado el 1 de junio de este año, cuando, sin previo aviso, la empresa Víctor M. Contreras entró a la comunidad para realizar obras para la ampliación del tramo Campo Durán-Pichanal del GN. Esto generó demandas judiciales cruzadas y acciones directas de los comuneros en defensa de su territorio. Los wichi reclaman que no se afecte más su lugar con obras de este tipo y en cambio se avance sobre campos lindantes abocados al cultivo de soja. El OPSur dialogó con referentes de la Misión, mientras se espera el fallo de la Justicia.
Por OPSur.– Entrada la tarde apuramos el paso para aprovechar la poca luz que quedaba, y subimos rápidamente al auto donde nos esperaban Victorino Lorenzo, cacique de la misión, y Enrique Reales, activo miembro de la comunidad. Por la ruta que lleva al aeropuerto local llegamos a una flamante picada de más de 30 metros de ancho, la cual se adentra 2,2 km en la misión. Es el camino que abrió la empresa Víctor Contreras a principios de junio. A los lados se ven los árboles desmontados y a nuestra derecha, colocados sobre tacos de madera, caños de 30 pulgadas -en algunos tramos soldados, en otros listos para esa faena. En pocos minutos llegamos al lugar donde funcionaba una ladrillera que garantizaba el sustento a 16 familias wichi. Encontramos la tierra arrasada. La noche se cerró y decidimos volver a la casa donde nos esperaban la misionera Margarita Filippini, vinculada a la comunidad desde 1975, y otros comuneros.
Por la entrada ‘oficial’ a la comunidad, desde la ruta nacional 34, lo primero que puede observarse es un cartel deteriorado que advierte: “Peligro: Gasoducto enterrado – Alta Presión”. A pesar de la oscuridad, a poca distancia se divisa la escuela. Avanzamos y nos topamos con esa avenida de 300 metros de ancho que atraviesa la Misión Wichi Mataco, la cual en caso de piquetes es utilizada como camino alternativo por todo tipo de rodado. Bajo nuestros pies recorre su camino el gas que alimenta a grandes y lejanas ciudades. Preguntamos por el plan de contingencia a ejecutarse en caso de accidentes en gasoductos, oleoductos y poliductos. Nada saben, nunca les informaron.
De desplazamientos originarios, acaparamiento territorial y gasoductos
Juan Méndez, viejo comunero, recuerda que alguna vez vivieron donde hoy se levanta el pueblo, pero que a medida que éste creció ellos fueron empujados hacia los márgenes. Comenta que se asentaban cerca del arroyo Galarza, pero YPF “echó perder el agua que tenemos ahí [con la] contaminación. Le echan grasa, tiran las cloacas, entonces el agua ya no sirve más para tomar. Desde ahí vivimos intranquilamente”. Lorenzo agrega: “Cuando nos dimos cuenta pasó el primer gasoducto [1960], en ese tiempo nadie nos dio bolilla, no existía el pueblo indígena, no se nos reconocía. Querías protestar y no tenías derecho porque no existías, no había derecho indígena. El Estado hizo uso y abuso de los derechos indígenas. Y así hasta hoy, que llegan a pasar 9 cañerías”. Para la década del ’70 sus tierras fueron vendidas a los empresarios León y Chibán, que cuentan con 20 mil hectáreas en la zona.
Inmediatamente Filippini nombra las primeras presiones, que se dieron durante la dictadura militar. “Vinieron en camiones y el gobernador [capitán Roberto] Ulloa, apareció en helicóptero. A mí me dijeron que era la primera en la lista para hacer desaparecer, y el gobernador me dijo que yo iba a ver crecer el pastito arriba de mi cabeza. Nos querían mandar a 23 hectáreas”. Sin embargo, para 1979 interponen un amparo que logra frenar el desalojo. Por esos días, cuando los comuneros salían de la misión eran encarcelados. “Los fines de semana aprovechaban para encerrarlos, asustarlos, sacarles las herramientas, teníamos que ir con Monseñor [Juan Martín] Aguirre para sacarlos”, agrega la hermana. Aún así, en 1986, logran una medida de “no innovar” a favor de la comunidad, que ha permitido resguardar el territorio hasta el presente.
El juicio, amparándose en la prescripción adquisitiva o usucapión, ha orientado una lucha por el territorio que ya lleva más de 30 años. Lorenzo cuenta que “los grandes empresarios compraban tierras con nosotros ahí [adentro, como es el caso de León y Chibán]”. “Hasta nuestras tumbas se tuvieron que desenterrar [para demostrar la pertenencia de la comunidad al territorio]”, cuenta Méndez.
En 2003 la empresa Refinor realizó obras en el lugar para ampliar el tendido de ductos, y para ello se voltearon varias viviendas. En aquella oportunidad se pagaron indemnizaciones, “[pero hubo que] pelear por un poco más, porque nos querían dar poquísimo”, recuerdan los comuneros. Al no contar con los títulos las empresas se niegan a pagar indemnizaciones, señala Lorenzo. “Exigimos que las casas las hicieran de madera dura, porque las querían hacer de machimbre. Un desastre total. Mucho peor que las casas que hacemos acá, que son amplias”, recuerda Filippini. Orgullosos también relatan que cuando por el trazado de un ducto les tiraron una casa, ellos levantaron tres.
Nuevo Gasoducto, viejos problemas
Las obras forman parte de la ampliación del GN, operado por Transportadora de Gas del Norte [TGN], que provee este combustible a las provincias de Salta, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. Actualmente la empresa es controlada por Gasinvest -sociedad anónima conformada por Tecpetrol, Compañía General de Combustibles, Total Gas y Petrobras Argentina-, que posee el 56% de las acciones y el fondo estadounidense Blue Ridge Investments, el 24%. El porcentaje restante cotiza en bolsa.
El incremento de la demanda de gas a nivel nacional y la falta de inversión en el sector cristalizaron, en 2004, en la denominada ‘crisis energética’. Para paliar la situación se busca aumentar la capacidad de transporte de las redes de gas operadas por TGN y Transportadora de Gas del Sur (TGS), lo que hace necesario la instalación de ‘loops’, es decir, tendidos paralelos. En el caso de TGN, a través de estos loops, se busca adaptar el gasoducto para que soporte un mayor volumen de gas importado desde Bolivia, también como parte de la integración energética a nivel regional.
En ese contexto se da la ampliación del tramo Campo Durán-Pichanal, obra que es adjudicada a la empresa Odebrecht, de capitales brasileños, que subcontrata a Víctor Contreras. Esta última empresa actúa de dos formas en territorio: por un lado, busca el permiso de paso de León y Chibán, y por el otro, efectúa contratos de ‘Donación con cargo’ a 14 caciques para que le den su aval –autoridades que, según denuncian los entrevistados, “no son legítimos ni originarios” de la Misión Wichi Mataco.
Según Filippini, desde el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) se les proveyó de personería jurídica, bolsones y planes sociales a cambio de unas “firmitas”. “El 31 de mayo de este año la abogada de la empresa [Celia Nazer] reúne a los caciques, soborna a esta gente con $98.000 -reparten $5.000 a cada uno de los caciques estos y $2.000 más cuando se termine la obra- y el cargo impuesto como condicionante por el donante, para la validez de esta operación, es ‘permitir y garantizar la ejecución de la Obra Transporte firme de Gas (…), comprometiéndose a la no realización de la comisión de cualquier acto o hecho por parte de los miembros de las comunidades y/o evitar las acciones de cualquier tercero que impida, interrumpa, demore, obstaculice o dificulte la misma dentro de la Jurisdicción de General Mosconi’”, cuenta Filippini, que luego lee el documento. “Los ponían a ellos de policías frente a sus otros hermanos. Pero ellos no son de acá, hay un chorote, un toba, un chulupí”, sostiene.
Por su parte Lorenzo, al referirse a los cuestionados caciques, asegura que el gobierno fomenta esto. En el momento de la firma del contrato, además de representantes de la empresa, se encontraba Indalecio Calermo, vocal por el pueblo wichi en el IPPIS, quien habría recibido un monto del orden de los $5.000. El citado funcionario también presentó una declaración testimonial en la causa, subraya Filippini, y lee parte de ella: “como Cacique General de la etnia wichí diciendo que los 14 caciques de la etnia wichí de Gral Mosconi solicitaron su presencia en relación al impedimento de las maquinarias de la empresa Víctor Contreras, a cargo Victoriano Lorenzo, que se presenta como cacique de la comunidad Tolaba, siendo que el mismo no está reconocido por las 14 comunidades”.
Después de la reunión del 31 de mayo, ¿cuándo entran las máquinas?
Victorino Lorenzo [V]: ¡Al día siguiente! El 1 de junio. Para no darnos tiempo a nada rompen el alambrado y penetran. Y en dos días es que hacen el desmonte de 2.200 metros de largo y 30 metros de ancho. Entró una cuadrilla de 30 personas y mientras [las máquinas] desmontaban [ellos] iban desplegando los caños y soldándolos. Ahí tiraron abajo la ladrillera y nos taparon los pozos donde se hacen los ladrillos, de ahí dependen 16 familias. Nosotros presentamos la denuncia ante el juzgado, la fiscalía.
Margarita Filippini [M]: Al día siguiente [2 de junio] el fiscal para la obra a las 12 del mediodía porque no había una autorización de la comunidad wichi, entra Victorino, con Juan y un policía y recorren toda la zona.
V: A las tres de la tarde vuelven a continuar, cuando nosotros nos vamos. El 3 fuimos a los portones [instalados donde se cortó el alambrado], a cerrarlos, los intimamos al desalojo de la maquinaria de la empresa [Víctor Contreras] y los denunciamos por usurpación. En el expediente vimos que había una autorización de León y Chibán S.A. El día 4 la abogada [de Víctor Contreras] se apareció diciendo que las obras continuaban, cuando había orden judicial de que no. Logramos pararlo estando 40 personas ahí en la entrada.
¿Pero habían firmado con las comunidades y también con la empresa? Ellos mismos entran en una contradicción respecto a quién le reconocen la titularidad.
M: Lo que pasa es que la empresa firma un contrato de ‘Donación con cargo’, que no es ni una indemnización ni una consulta. La única autorización que tiene la empresa es lo firmado con León y Chibán, cuando por el juicio [por la propiedad de las tierras] hay una medida de no innovar en todo el territorio. Lo que hizo León y Chibán es un delito de desobediencia judicial.
El 3 el juzgado civil ratifica la medida de ‘no innovar’. El 8 la abogada de la empresa solicita que se deje sin efecto la medida ordenada. Pero después, el 24 de junio, el juez saca la sentencia totalmente a favor de la empresa diciendo que se continúen los trabajos. Se establecía hacer un inventario de lo que se dañaba con peritos.
V: Gracias a Dios ahí fue donde metió la pata el juez [de Instrucción de Tartagal, Nelson Aramayo]. La empresa trajo perito pero nosotros no teníamos. Nosotros lo dejamos pasar, sino nos acusaban de ‘desobediencia judicial’ y nos metían en cana. También venía una tasadora pero era de la empresa y no de la comunidad.
M: Y no solamente eso, aparecieron ni bien salió la sentencia, no esperaron la apelación. Ellos se enteraron antes de que salga. Vinieron 10 camionetas de la empresa Víctor Contreras, más el Juez de Paz [Blanor Guerrero]con policías, todos a presionar.
V: Con esa sentencia nos salvamos, porque no teníamos peritos. Entonces le dijimos: “Vamos a pedir los peritos que nos corresponden y cuando consigamos esa gente, recién voy a dejar que pasen”. Y ahí fue la hermana y presentó la apelación, y con eso hasta ahora nos hemos salvado.
M: Y mientras nosotros hacíamos los escritos el Juez de Paz les decía que era mentira que nosotros estuviéramos apelando, que estuvo toda la mañana conmigo. ¡Mentira!
Entra la apelación de ustedes, ¿y cómo sigue esto?
M: Y tenían que esperar, nosotros pedimos la apelación con ‘efecto suspensivo’, esto quiere decir que mientras se resuelve la apelación se tienen que parar las obras. Ellos, en cambio, la presentaron con ‘efecto devolutivo’, por la que podían seguir trabajando [hasta que se resolviera la cuestión de fondo]. ¡Claro, en un día terminaban todo! Y el juez sacó un escrito diciendo que no nos hacía lugar a nada.
Ahí temblábamos, en cualquier momento nos entraban las máquinas. Empezamos a hacer publicidad, a hablar por las radios, decíamos todo por ahí; la empresa se defendía desde [el diario] El Tribuno. Por todo lo que hicimos el juez cambia el decreto “subsanando el error que cometió”, nos da la razón. Hasta ese día, el 8 de julio -como un mes-, toda la gente estuvo en los alambrados para que no pasaran las máquinas.
¿Hubo en algún momento intención por parte de la empresa de arreglar o negociar?
V: Si, Hugo Lines [de la empresa Víctor Contreras]. La primera vez que me llamó me dice: “Yo no voy a sentarme a negociar con usted”. Entonces le dije: “Si eso nunca sucedió, ¿para qué me decís?”, y me di cuenta que me estaban grabando. Después me dice que estaba el abogado, entonces le respondí: “Espéreme que hablo con el mío y ellos se van a entender”, y ahí me cortó. Después me vuelve a llamar ofreciéndome plata, un millón de mangos. “Levantá ya [el bloqueo] y te doy eso, cuando pasen las cañerías te doy el resto”. Y le digo: “Y si yo recibo eso ¿no hago lugar a la ley? Además la segunda parte no la voy a cobrar nunca, no tengo algo que me respalde. Mire señor, lo voy a consultar con el abogado”, y él me dice: “Señor, yo lo estoy hablando con usted, no con el abogado”, y me corta el teléfono. Después [Jorge] Denzel, el representante de la empresa, me ofreció más. Él hace el negocio económico con la gente de los lugares que pasa la cañería [es el encargado de Relaciones con la comunidad].
Yo no voy a negociar la vida y las tierras. Hay un montón de chicos. Después se van a casar y tener más hijos, ¿y a dónde va a ir esa gente? En varios años esto va a ser un barrio superpoblado. Lo único que yo le decía era que cambie el trazado [por campos vecinos donde se cultiva soja], pero ellos buscaban que le diga que yo quiero negociar. Un millón de mangos para 200 familias, en un año no teníamos más nada y el gas pasaba por ahí y no nos querían dejar nada tampoco. Perdíamos muchas hectáreas más, además de las que ya perdimos. Ni escuelas, ni hospitales, ni indemnización de por vida, nada nos querían dejar.
Después vino el [Director] General [de Seguridad, Néstor] Méndez, el máximo jefe de la policía de la provincia, y también me vino a apretar diciendo que él estaba en el medio, que él necesitaba que habláramos con los dueños de la empresa, diciéndome: “¿Qué es lo que querés?”. Yo seguía insistiendo que la cañería pase por otro lado. Y me dice: “Bueno, yo necesito que en dos, tres días, me llames para arreglar esto. En primer lugar vos estás arriesgando la vida de un montón de tus hermanos. ¿Qué pasa si hay un hecho grave?”. Y le digo: “¿Qué nos va a pasar? Si estamos adentro de nuestra casa, no estamos cometiendo ningún acto delictivo. Usted tampoco puede venir a reprimir a la gente, porque yo le voy a hacer una demanda a usted también”. Después vino dos o tres veces [el comisario Fernando] Camacho, que tiene a cargo toda la región esta [Unidad Regional 4], [a pedir] que hablemos bien con los jefes, que viéramos cómo arreglamos, que tenía que tener un fin. Después no volvieron más.
A la espera
La comunidad mantiene la vigilia por la resolución a dictar por el Poder Judicial salteño. Por ahora 4 meses han pasado, donde hubo lugar a donaciones, intimidaciones y una acción directa que implicó la permanencia de decenas de personas, durante más de un mes, para garantizar que no continúen las actividades de la empresa. Además de las trabas que se han explicitado, Méndez cuenta que durante el conflicto su hijo perdió el trabajo debido a los días que se ausentó. El comunero también resalta que la desocupación es un fenómeno extendido entre los jóvenes de la comunidad y “encima el gobierno nos acusa de flojos”.
Si bien la demanda de un nuevo trazado no es algo extremo o excesivo, sino una cuestión legítima y acorde al marco regulatorio vigente, encuentra más escollos que facilidades.
Más información del reclamo territorial y la ‘donación’ de Víctor M. Contreras en => Constructora invadió una comunidad wichi para construir un gasoducto
Sobre la versión de la empresa e Indalecio Calermo, ver => La Comunidad Misión Wichi Mataco aún impide los trabajos en el gasoducto
