Buenos Aires, 16 abr (PL) La expropiación del 51 por ciento de las acciones de la empresa YPF debe ser sólo un primer paso hacia el control total de los recursos hidrocarburíferos, opinó hoy Diego Di Risio, del Observatorio Petrolero del Sur.
Esta medida, anunciada por la presidenta Cristina Fernández, “es progresiva por ser la primera que se toma en el sentido más favorable para el pueblo y el Estado”, dijo Di Risio en declaraciones a Prensa Latina.
Sin embargo, acotó, no avanza en dirección al control total de los recursos, ni en las regulaciones que deben acompañar la explotación de los mismos.
Habría que pensar, además, en las medidas a tomar respecto al resto de las petroleras (Shell, Exxon, Apache) “que también están preparando su juego”, señaló.
El anuncio hecho este lunes por la dignataria argentina sobre la adquisición por parte del Estado del 51 por ciento de las acciones de YPF, actualmente en manos de la española Repsol, generó de inmediato reacciones encontradas.
Sin entrar en la letra chica (del proyecto de ley enviado a tal fin por el Ejecutivo), celebramos esta resolución porque hace 20 años venimos trabajando para recuperar nuestro petróleo, manifestó el diputado nacional de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas.
El compromiso y desafío futuro será “hacer una empresa ciento por ciento pública, nacional y federal, con control social y no sólo eficiente, si no administrada con los conceptos de ética pública”, subrayó el legislador.
Por su parte, el jefe del bloque de diputados radicales, Ricardo Gil, anticipó en declaraciones amplificadas por la agencia de noticias Telam que no acompañarán la propuesta del Poder Ejecutivo y, en cambio, presentarán una propuesta alternativa.
La Coalición Cívica-ARI criticó también en un comunicado el envío del proyecto por considerar que una empresa mixta tampoco podrá resolver el problema energético, si no existe un plan nacional sustentable y racional.
El proyecto de ley para la nacionalización de YPF es una medida trascendental para seguir desandando el camino de la liquidación del patrimonio nacional que el modelo neoliberal puso en marcha con el golpe de Estado de 1976, comentó, por su lado, el ministro de Justicia, Julio Alak.
Mientras, la titular de Industria, Débora Giorgi, lo valoró como un paso importante en dirección al autoabastecimiento de gas y petróleo en condiciones de calidad, cantidad y precio adecuados a su producción y a su potencial de reservas. (oda/mpm)
Prensa Latina