Por Hernán Scandizzo y Diego di Risio *
A nuestro entender, la energía debe considerarse desde una multiplicidad de aristas convergentes. Desde este enfoque, no sólo varía el diagnóstico, sino también los potenciales caminos a seguir. En Argentina decir energía es decir hidrocarburos, ya que representan casi el 90 por ciento de las fuentes primarias. En el debate actual se ha priorizado un abordaje económico, ya que la discusión se centró principalmente en la renta petrolera. En este punto, la recuperación de YPF es un paso central para subsanar la situación. Asimismo, sería importante ahondar en otras medidas que permitan transferir mayor renta a las arcas públicas, en una tendencia que estatice el sector: aumento de retenciones, regalías y quita de subsidios.
Esto último va de la mano del carácter que se asigne a los hidrocarburos, es decir, desde un prisma político. La ley de soberanía hidrocarburífera provee flamantes elementos –como el Consejo Federal de Hidrocarburos y la declaración de interés público– que permitirían reformar el marco jurídico vigente, donde prima el petróleo como commodity más que como bien estratégico. La derogación de los decretos sancionados bajo el menemismo ahondaría en el carácter regulatorio del Estado ante el mercado, reorientando la extracción y refinación de acuerdo con las necesidades nacionales y dando por tierra con el beneficio de la libre disponibilidad que gozan las operadoras.
La arista socioambiental
Argentina no solamente es un país con petróleo, sino que además sus cuencas ricas y de fácil extracción están llegando a su fin. Ante ello, la solución desplegada es el avance sobre yacimientos no convencionales y aguas profundas. Esto permite adentrarnos en dos aristas que no han sido abordadas en profundidad y constituyen, a nuestro entender, elementos extremadamente importantes: la energía desde lo ambiental y social.
Los pasivos ambientales, que se han convertido en una variable en la negociación del valor del paquete accionario expropiado a Repsol, han signado la extracción de hidrocarburos en el país y no siempre han recibido la atención de los organismos públicos. Esto ha redundado en que la salud de quienes viven “en la boca del pozo” se vea perjudicada. También la instalación del sector ha significado el desplazamiento de comunidades campesinas y originarias, al limitarse el desarrollo de sus actividades económicas de subsistencia. Esto tampoco parece ser un punto prioritario a la hora de formular la política energética.
El promocionado desarrollo de yacimientos no convencionales ha despertado una ola de resistencia a nivel global. Los altos impactos ambientales y sociales de estas explotaciones en EE.UU. han llevado a los estados de Nueva York y Nueva Jersey a aplicar moratorias, camino que también han seguido gobiernos de Canadá, Inglaterra, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. La técnica de fractura hidráulica –necesaria para la explotación de yacimientos no convencionales– está siendo cuestionada profundamente por la inyección masiva de agua y químicos tóxicos en el subsuelo. Francia y Bulgaria han prohibido su uso.
De esta forma, al extender el análisis de la energía, la formulación de políticas públicas no sólo deben aunar por la recuperación de la renta petrolera, sino también por cómo iniciar el arduo camino de transición. Los hidrocarburos no sólo son recursos no renovables, sino que su abuso está poniendo en jaque la estabilidad ambiental a nivel local y global, como evidencia el cambio climático. Esta auspiciosa medida debe ser tomada como puntapié inicial para abandonar la matriz hidrocarburífera, no profundizarla.
* Observatorio Petrolero Sur.
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