Aseguran que YPF había aceptado millonarios daños ambientales

Chubut, 17 de Jun. (APE) .- La operadora petrolera YPF había aceptado daños millonarios por deterioro ambiental antes de la expropiación. Por instrucción del propio Antonio Brufau, la empresa se había comprometido ante la Corte Suprema de la Nación a cumplir con una inspección que redundaría en unos U$S 10.500 millones como resarcimiento. Luego de la estatización, todo quedó en la nada.
Repsol se había comprometido hace más de un año a pagar cifras millonarias para reparar los daños ambientales generados por la explotación petrolera que realiza en todo el país. Y al menos tres altos representantes legales del grupo firmaron de puño y letra un plan de acción que debía iniciarse en abril pasado, con el objetivo de identificar esos pasivos. Así se desprende de documentos legales a los que accedió el porteño Diario Tiempo Argentino.
Los letrados actuaron en todo momento según instrucciones del presidente de la petrolera, Antonio Brufau, que ante varias demandas presentadas por la Asociación de Superficiarios de Petróleo (ASSUPA) contra la YPF que en ese momento conducía el catalán, decidió en marzo de 2011 invitar a ASSUPA a sentarse en una mesa y cuantificar los daños.
Los acuerdos fueron suscriptos en reuniones desarrolladas durante todo 2011 y parte de este año, en oficinas de YPF y salas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). De los encuentros participaron funcionarios judiciales, delegados provinciales, damnificados directos y el ex CEO en Argentina de YPF, Sebastián Eskenazi, además de representantes de otras petroleras demandadas.
Según estimaciones de los superficiarios, el pasivo ambiental generado por la ex YPF en la última década supera los U$S 10.500 millones que los españoles pidieron como condición para irse.
Poco antes, el 23 de marzo de 2011, en un salón de la Corte Suprema y ante el presidente del tribunal que entiende en la causa, YPF ratificó su voluntad de estudiar los daños y pagarlos. Estaban representantes de La Pampa, Neuquén y Río Negro, de la Defensoría de la Nación, del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y del secretario de la Corte, Cristian Abritta. Por la petrolera firmó otro de sus abogados, Gabriel Macchiavello.
En ese cronograma, quedó establecido que el 23 de febrero de este año a las 10:30 se llevaría a cabo la “Identificación de situaciones ambientales” por parte de la empresa; el 8 de marzo a la misma hora haría lo propio ASSUPA; el día 22 se consensuaría la remediación entre ambas informaciones; y el 10 de abril pasado sería presentado el proyecto ante la Corte, para comenzar a ponerlo en práctica en estos días. Pero con su anuncio del día 16, Cristina hizo explotar la bomba.

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