Que el Estado peruano asuma su responsabilidad frente a la contaminación antes de licitar lotes petroleros fue el pedido que efectuaron a Perupetro apus de comunidades y federaciones indígenas del Pastaza, Corrientes y Tigre.
La demanda se efectuó en la primera cita de carácter informativo que se efectuó en el marco de los preparativos de la consulta previa en el ámbito del lote 192 (ex 1AB) efectuada el 20 de febrero.
A la reunión asistieron cerca de 34 apus de veinte comunidades indígenas de la zona, además de un considerable número de representantes del Estado, destacando la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Ambiente (Minam), el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Cultura (Mincu).
La grata novedad para los representantes indígenas fue el anuncio inicial que efectuó Perupetro en el sentido que no habrá licitación del lote si es que antes las federaciones no están de acuerdo con la planificación del proceso de consulta en sus territorios.
Sin embargo, lo positivo del anuncio no eclipsó la dura realidad de la contaminación pues horas antes un grupo de instituciones públicas encargadas de fiscalización ambiental presentó a la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) los informes que ratifican alarmantes índices de contaminación petrolera en sus territorios en la misma zona que se piensa licitar.
Aurelio Chino, presidente de la Fediquep expresó la necesidad de urgente atención “pues todos nosotros sabemos cómo estamos contaminados”.
Los graves problemas ambientales y sociales tras 40 años de extracción y contaminación por hidrocarburos, generan un escenario de alto riesgo. Las comunidades y federaciones indígenas son conscientes de que en estos momentos se están definiendo sus próximos años de vida.
“Si no hay remediación, no hay consulta”, afirmó un apu de la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (Feconaco). En ese momento, las intervenciones de las comunidades señalaron las condiciones mínimas para un diálogo que permita la Consulta Previa.
En síntesis, las exigencias presentadas fueron: (1) Remediación y saneamiento ambiental, (2) compensación por uso de tierras e indemnización por los daños causados, (3) diagnóstico ambiental y social, (4) Titulación y ampliación de los territorios, y (5) participación de las comunidades en beneficios de la empresa.
“Acabándose esto, recién podemos hablar de consulta”, dijo Emerson Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del alto Tigre (Feconat).
Por su parte, el apu Alfonso López, presidente de Acodecospat -que acompaña el proceso a pedido de las federaciones-, precisó que se hace urgente declarar la Emergencia Ambiental en las cuencas afectadas por la extracción de hidrocarburos desde la década del 70.
Medidas especiales y urgentes
“Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”, señala el Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el principal argumento de los apus.
Hasta ahora, a pesar de reconocerse la situación crítica en la zona, no se están implementando medidas especiales y de urgencia para atender los problemas descubiertos, al menos no con la celeridad que piden las comunidades.
Por su parte, el Estado pide a las comunidades y federaciones paciencia y comprensión para la burocracia y el resto de investigaciones y diagnósticos.
Las palabras finales correspondieron a los representantes de Perupetro y el Viceministerio de Interculturalidad. Por un lado se resaltó lo complejo de este proceso y se ratificó el compromiso de respetar y trabajar; por otro, se señaló que es necesario que se aprecie la consulta como una oportunidad.
“Si quieren ofertar los lotes, primero asuman su responsabilidad como Estado”, dijo un apu. Es claro que para las comunidades indígenas, esta es una oportunidad para asegurar justicia.
Servindi