Toni Martínez.- La técnica de la fractura hidráulica o fracking, un procedimiento que podría conllevar graves riesgos de contaminación del suelo, las aguas superficiales y los acuíferos subterráneos, ya tiene en España una de sus tierras prometidas. En la actualidad, hay cerca de 40 permisos concedidos y otros tantos solicitados para, en un futuro, extraer del subsuelo gas no convencional mediante este procedimiento. Son permisos de investigación que abren el camino a la fractura hidráulica en la península, especialmente en la cornisa cantábrica. Cantabria, País Vasco y Asturias son las zonas más requeridas, aunque también se han pedido licencias en Burgos, Soria, Castellón, el norte de Huesca y, en menor medida, en Córdoba, Albacete, Lleida y Jaén.
El fracking consiste en explosionar una capa de pizarra del subsuelo para provocar pequeñas fracturas que liberen el gas esquisto. Esta forma de extracción llegó a Estados Unidos hace once años y, tras su paso por Polonia, pretende exportarse al resto de Europa.
Según la principal patronal de empresas interesadas en el negocio en el subsuelo, Shale Gas, en territorio español podría haber casi dos billones de metros cúbicos de gas a la espera de ser liberados. Esta cifra, afirman, supondría el consumo actual en España durante 70 años y una gran cantidad de empleos y beneficios económicos para el país. Estas cifras son cuestionadas por organizaciones medioambientales como Ecologistas en Acción que ya hablan abiertamente de burbuja energética especulativa. “El negocio de la fractura hidráulica ha estado sistemáticamente basado en estimaciones de reservas que han demostrado ser muy superiores a las que se pudieron extraer finalmente” , aseguran.
Tal y como explica Paco Ramos, miembro del grupo ecologista en Asturias, “hay una sobredimensión de las expectativas económicas de forma intencionada para darle un valor mayor a las compañías”. El objetivo es el mercado de cotización y el negocio especulativo. Dos informes avalan esta opinión. El primero, un estudio hecho por el geólogo David Hughes que demuestra que los operadores sobreestiman considerablemente la producción real de los pozos, incluso en un 500 %. El segundo, elaborado por el Post Carbon Institute, pone al descubierto la relevancia de las grandes empresas de los bancos de inversión de Wall Street en el crecimiento del fracking. En Estados Unidos, el 60 % de la explotación se en cuentra en tres yacimientos, y sólo uno sigue aumentando la producción, los otros dos están parados. En España, las empresas más activas son BNK Petroleum, Shesa, San León y R2 Energy. Junto a ellas, Gas Natural y Repsol, aunque estas dos no tienen garantizado el acceso a la tecnología por lo que tendrán que llegar a acuerdos con otras empresas.
El mismo modelo que Eurovegas
El lobby creado para limpiar la imagen del fracking, Shale Gas, está formado por BNK, Heyco, R2 Energy, San León e Hidrocarburos de Euskadi (SHESA). Junto a ellas, hay un conglomerado de empresas, subempresas y sociedades interpuestas creadas hace pocos meses y que están a la espera de los permisos. Un buen ejemplo es Trofagas SA. Esta empresa se creó el 5 de marzo de 2010 y tiene su sede social en Vigo.
En su último balance de cuentas, de 2011, reporta pérdidas de 432.994 euros y un solo empleado. Como accionista principal aparece BNK Spain Holdings B.V., una empresa afincada en Holanda, de responsabilidad limitada y que no tributa en España. Muchas multinacionales y otras empresas abren sociedades en los Países Bajos, las B.V., para ahorar impuestos. La empresa holandesa es realmente una filial de otras dos sociedades del mismo país (BNK Petroleum Investments B.V. y BNK Petroleum Europe), hasta llegar a la matriz canadiense BNK Petroleum Inc. propiedad de Nicholson Ford Grant Nicholson y varios fondos de inversión, entre ellos Quantum Partners, de la familia del conocido magnate estadounidense George Soros.
Trofagas también tiene una filial en España que empezó sus operaciones el 19 de abril de 2012 bajo el nombre de BNK Sedano Hidrcarburos SL y que nace con un capital social de 3.000 euros. De esta compañía, que tiene como socio único a BNK Sedano Holdings BV, son consejeros Ford Grant, Rui Fernando Monteiro Texeira y Belén Garrigues Calderón. Su objeto social es la búsqueda, investigación, prospección y explotación de gas. Esta estructura es muy similar a la que está diseñando Sheldon Adelson para gestionar Eurovegas. Para ello se ha constituido, con un capital de 3.000 euros, la sociedad Desarrollo de Suelo en Europa SL, que está controlada fiscalmente por una empresa afincada en Holanda con el nombre Europa Land Development Intermediate BV. Su matriz, la empresa de Adelson. La compañía española tiene una única administradora, cuyo nombre coincide con el de la consejera de BNK: Belén Garrigues Calderón.
Montero y San León
Otra de las empresas que están entrando con más fuerza en el negocio es Montero Energy Corporation SL, filial de R2 Energy. Creada el 26 de diciembre de 2011 con un capital social de 3.000 euros, nació con un solo administrador y socio: Rafael López Guijarro, geólogo y extrabajador del Ministerio de Industria y de Repsol. Sólo dos meses después, el 20 de febrero de 2012, se aprobó su cese y destitución por Allan Steinke Craig, socio de R2 Energy junto a Ian Telfer, presidente del Consejo Mundial del Oro. Ambos ya participaron de una empresa anterior para la extracción del gas esquisto, que vendieron en 2011 a San León Energy.
San León está entrando en el negocio paralelamente a Montero. Sus principales accionistas son el Soros Fund Managament LLC (de la familia de George Soros) y un fondo de inversión indio, Blackrock Investment Management.
Fuentes consultadas conocedoras de las actividades de estos magnates de la minería de oro asociados a fondos de inversión, alertan de que se trata de una “actuación pirata cuyo objetivo es crear empresas, presentar la ilusión de un gran negocio, conseguir licencias y venderlas; una especulación de manual”.
Euskadi: Empresa pública y vínculos con Bush
Una valoración aparte merece la empresa Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi SA (Shesa). Se trata de una empresa pública del gobierno vasco que nació con el objetivo de promover la exploración, explotación y almacenamiento de hidrocarburos en la cuenca vasco-cantábrica a través de acuerdos con otras compañías, principalmente Heyco y Cambria que tienen la infraestructura necesaria. El gobierno dispondría del 44% de las participaciones, Petrichor Euskadi, el 36% y Cambria Europe, el 20% restante.
Desde Bildu, el diputado Dani Maeztu, critica que tanto los gobiernos de Patxi López como los de Iñigo Urkullu parecen hacer de valedores de la empresa privada en el documento Estrategia energética vasca 2011-2020, aprobado en la anterior legislatura y que sigue en vigor. En el texto se especifica que hay que “impulsar una oferta de productos y servicios en el área de la explotación de gas no convencional, […] inversiones en sondeos de exploración, […] con empresas privadas”.
En este sentido, Maeztu censura que el documento pida una “agilización de autorizaciones y plazos que simplifiquen radicalmente la actual normativa de tramitación de solicitudes y autorizaciones para la exploración y explotación de reservas de gas natural”. Pero, ¿qué empresas son las que llegan a acuerdos con el gobierno vasco? Tanto Cambria (True Oil) como Petrichor (Cambria) tienen vínculos con los miembros más duros de la anterior administración de George W. Bush. Los primeros, oriundos de Nuevo México, colaboran estrechamente con el movimiento ultraconservador Tea Party y los segundos son íntimos del exvicepresidente Dick Cheney, uno de los mayores defensores de la invasión de Irak.
Riesgo medioambiental
Todas estas empresas han llegado al olor del dinero fácil y rápido. Los expertos en recursos naturales, por el contrario, alertan del peligro de una nueva apuesta por las energías fósiles, más aún cuando todos los informes recomiendan dirigir los esfuerzos hacia un modelo energético de fuentes renovables.
El caballo de batalla sigue siendo el impacto medioambiental de este tipo de exploraciones. La patronal se defiende aportando opiniones de tres expertos, profesores de universidad. Pero, en realidad, en los textos citados, ninguno de estos especialistas aborda el problema medioambiental, e incluso uno de ellos, Albert Permanyer, de la Universidad de Barcelona, apuesta por la vía de las renovables: “Explotar, sobre todo en países como España, fuentes de energía renovables como la solar o la eólica. Desarrollar la energía solar implica ocupar también espacio de terreno pero en el Estado español existen muchos terrenos sin utilizar”.
Hasta el momento, en España sólo se han hecho dos pruebas, en Burgos y Álava. Las empresas estiman que para cada pozo se necesitarían 35.000 metros cúbicos de agua para hacer una fractura hidráulica. A lo largo de todo el Estado han surgido multitud de plataformas antifracking. Una de las más activas es la de Álava. Unai milita en ella y lo tiene muy claro, “sólo hay que ver qué sucedió en Estados Unidos en los últimos años para ver los efectos nocivos de esta técnica”.
Los peligros para el medio ambiente van desde la contaminación y sobreexplotación de los acuíferos a la emisión de gases contaminantes. “Quién nos asegura”, se cuestiona Unai, “que cuando modificas una formación geológica estable y la conectas con estratos inferiores que pueden estar contaminados por metales pesados o productos como uranio no vaya a pasar nada”.
Según informes estadounidenses, un 16 % de los pozos tienen pérdidas de gas en superficie. “Esto es una barbaridad, porque con esta técnica se multiplica el número de perforaciones y, por tanto, el riesgo se dispara”, concluye Unai.
Otro de los grandes problemas hace referencia al ciclo del agua. Por un lado, existe una gran demanda y, por otro, no hay datos claros sobre el retorno hídrico que varía, según las mismas empresas, entre el 15 y el 85 %. Esa agua retornada está mezclada con los aditivos químicos que se han añadido para facilitar la fractura. Desde la patronal se defiende que en esta lista de componentes químicos, unos 600, no hay elementos dañinos. Además, aseguran que en España no se utilizarán aquéllos que han sido puestos en cuestión en Estados Unidos.
Legislación en España y Europa
Por ahora, en España el fracking es sólo un objetivo. El pasado mes de abril el parlamento cántabro aprobó una ley que prohibía el uso de esta técnica en toda la comunidad autónoma, bajo amenaza de una sanción grave por afectación urbanística. En el lado contrario se encuentra el parlamento vasco que, en mayo del año pasado, modificó la Ley de Conservación de la Naturaleza para permitir el fracking en zonas protegidas. Una cosa parecida planea el ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, quien está dispuesto a cambiar la Ley de Hidrocarburos para legalizar el fracking. De ser así, los permisos de Cantabria tendrían que solucionarse en un tribunal que debería decidir entre las competencias urbanísticas de unos y energéticas de otros.
En Europa, países como Reino Unido, Rumanía, Lituania, Dinamarca, Suecia y Hungría ya han practicado extracciones de gas o están interesados en hacerlo, según la Comisión Europea. En cambio, Francia y Bulgaria la han prohibido totalmente y Suiza, Alemania, República Checa y Rumanía podrían prohibirlo en determinadas zonas o aprobar moratorias. Polonia, el primer país que apostó por el fracking, ha tenido que rebajar sus expectativas sobre el negocio. Según un informe del Instituto Geológico Estatal Polaco (PIG) publicado en marzo, el país tiene depósitos de gas de esquisto que pueden rondar los 346.000 y los 768.000 metros cúbicos, entre 7 y 15 veces menos de lo que se había calculado inicialmente.
En Estados Unidos, el país pionero en la implantación de esta técnica en 2002, se empieza a desinflar este negocio. Los pozos de Oklahoma, Texas y Pensilvania son los que se mantienen y los riesgos contaminantes ya son un hecho. Hay pueblos que incluso se están quedando sin agua ya que, según la normativa norteamericana, no es necesario ningún permiso especial para utilizar el agua de los acuíferos. En Estados Unidos, se cree que se han perforado mediante esta técnica cientos de miles de pozos en la última década. Sólo en un año, de 2009 a 2010, se perforaron un total de 25.000. “Y eso que no ha pasado el tiempo suficiente para conocer qué significa todo esto”, explican desde las plataformas antifracking. A su juicio “éste es el momento decisivo para cerrar el paso a la especulación con nuestros recursos naturales”. La batalla ya está planteada.
Este artículo ha sido publicado en el número 6 de La Marea.
