La mayoría de los perdedores no impugnará la elección de Electroingeniería
Los principales contratistas de la obra pública argentina pueden cambiar muy rápido de pensamiento. A principios de semana, todos los grupos que participan de la compulsa por la construcción de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, la mayor obra que se propuso hacer el kirchnerismo, con un presupuesto de 4400 millones de dólares, estaban decididos a impugnar el triunfo del grupo liderado por Electroingeniería. Cuatro días más tarde, sin embargo, todos habían cambiado de opinión.
Los empresarios que quedaron desairados tienen hasta hoy a las 10 de la mañana para presentar sus últimas objeciones a la propuesta de la empresa cordobesa. Pero salvo Enrique Pescarmona, de Impsa, todos decidieron dejar pasar de largo la oportunidad.
El repentino cambio de idea se debe a llamadas telefónicas y contactos cara a cara que funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de José López, en la órbita del Ministerio de Planificación, de Julio De Vido, les hicieron a varias empresas de cada uno de los consorcios, según corroboró LA NACION.
Si todo marcha de acuerdo con el cronograma previsto por el Gobierno, se adjudicará la obra el 22 del actual. Electroingeniería, de los empresarios Alberto Acosta y Gerardo Ferreyra, amigo del secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, había obtenido el primer puesto en el orden de mérito que se difundió hace dos semanas.
CAMBIO DE IDEA
La abstención más llamativa fue la del consorcio liderado por Eduardo Eurnekian, el mayor concesionario de aeropuertos del país. A través de Helport se presentó junto a Panedile, Isolux, Eleprint, Power Machine, Inter Rao e Hidroeléctrica Ameghino.
De acuerdo con el orden de mérito, ese grupo obtuvo la segunda colocación. Sus técnicos estaban preparando una nota para el Gobierno en la que le decían que tuviese en cuenta el sobre de su oferta alternativa (contemplaba un pago en dólares por una parte de la obra), porque su precio era mejor que el de Electroingeniería.
Otro de los que se habían envalentonado con presentar reclamos y hasta deslizó que podría acudir a la Justicia es Lázaro Báez, el empresario acusado de lavado de dinero y socio de la presidenta Cristina Kirchner en negocios inmobiliarios en Santa Cruz.
Báez se presentó a través de Austral Construcciones junto a Sinohydro, Esuco, Chediack y la constructora Iecsa, de Angelo Calcaterra, sobrino de Franco Macri. Fuentes cercanas a las negociaciones sostuvieron que Iecsa, una pata sustancial del consorcio, era la menos convencida de presentar una impugnación que empañara el triunfo de la cordobesa.
La empresa de Pescarmona, en cambio, seguía analizando alternativas, pero cada vez con menos margen de acción. No sólo por la insistencia oficial en que nadie pusiera escollos en el camino de la adjudicación, sino porque algunos de sus socios (entre los más importantes están la brasileña Odebrecht y Alstom) no quieren acompañarla en esa pelea contra el Gobierno.
Las compañías que perdieron la compulsa desistirán de presentar reclamos pese a que consideran que la oferta de Electroingeniería no responde a las condiciones planteadas en el pliego de la licitación. Sucede que la compañía presentó una carta de descuento, algo que no estaba previsto en el llamado original, y también pidió el pago de una parte sustancial del proyecto en dólares.
De acuerdo con la oferta de la empresa cordobesa, a la que tuvo acceso LA NACION, el Estado deberá desembolsar 1105,20 millones de dólares fuera del país en 66 cuotas. Resulta cuanto menos llamativo que el Gobierno esté dispuesto a girar esa suma de dinero en un contexto de serias restricciones cambiarias que impiden, por caso, la compra de dólares y genera demoras en la autorización de importaciones.
Según la compañía, esos fondos se destinarán a una cuenta en Pekín para pagar las seis unidades del tipo Francis que fabricará Harbin Electrice Machinary para la central Kirchner, y cinco Kaplan marca Zhejiang Fuchnjiang Hydropower Equip para la Cepernic.
