Editorial
Hace apenas cinco años, aún podían escucharse advertencias alarmantes acerca de las dificultades insuperables que pronto enfrentaría la economía mundial debido a la prevista escasez de hidrocarburos fácilmente aprovechables, pero desde entonces la situación se ha modificado hasta tal punto que, a juicio de muchos especialistas, el encontronazo con “los límites del crecimiento” podría demorarse por un par de siglos. Merced al desarrollo de técnicas que permiten la extracción de hidrocarburos del esquisto o shale, la producción de Estados Unidos ha subido de golpe y todo hace prever que siga aumentando con rapidez desconcertante. Asimismo, existen depósitos cuantiosos de shale gas en China, Europa y desde luego la Argentina, aunque, de resultas de la política energética disfuncional del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por ahora el país no cuenta con los recursos financieros y tecnológicos precisos para aprovecharlos.
Como ya sucedió con los problemas ocasionados por el cambio climático y la presunta necesidad, según los que atribuyen el fenómeno a los excesos del “capitalismo”, o sea al desarrollo económico, de controlarlo modificando radicalmente los medios de producción, alternativa ésta que si bien acarrearía costos altísimos atrae mucho a izquierdistas traumatizados por la implosión del comunismo, el debate en torno al “fracking” o fractura hidráulica, que posibilitaría el aprovechamiento comercial de los enormes depósitos de gas y petróleo que se encuentran atrapados en formaciones rocosas como la de la localidad neuquina de Vaca Muerta, se ha visto contaminado por intereses políticos, ideológicos y económicos. Por cierto, la oposición organizada al fracking no se debe sólo a preocupaciones ecológicas legítimas. También ha incidido la conciencia de que dentro de poco la superpotencia norteamericana podrá prescindir de las importaciones tanto del Oriente Medio como de Venezuela, poniendo fin así a décadas de dependencia energética de países que para Washington distan de ser confiables. Es por lo tanto comprensible que quienes se sienten preocupados, comenzando con los líderes de países petroleros como Arabia Saudita, Venezuela y Rusia, por la revolución energética que está en marcha quisieran frenarla cuanto antes.
La importancia del cambio no sólo económico sino también geopolítico que está impulsando la explotación en gran escala del gas y petróleo de esquisto es evidente. Además de permitir que, antes del fin de la corriente década, Estados Unidos vuelva a ser el primer productor del mundo de petróleo y sus derivados, lo librará de la necesidad de preocuparse por el impacto económico inmediato de las convulsiones que con tanta frecuencia agitan al mundo islámico. Aunque por ser la superpotencia reinante Estados Unidos no podrá darse el lujo de dejar de interesarse en la evolución de la región más inestable del planeta, no tendría que inquietarse demasiado si la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) procurara amenazarlo con un nuevo “choque petrolero”, como el de 1973 que puso fin a un período prolongado de expansión económica mundial. Según algunos analistas, la OPEP, cuyo poder se basa en su capacidad para dosificar el suministro de petróleo y de tal modo manipular los precios, tiene los días contados.
Están en lo cierto los ecologistas cuando señalan que el fracking perjudica el medioambiente. También provocan daños ambientales la minería, la industria manufacturera, la agricultura, el turismo y las demás actividades económicas, pero, con la excepción de aquellos extremistas que anteponen la supuesta salud de la sagrada madre tierra al bienestar de sus habitantes humanos, todos coinciden en que los beneficios del progreso material son tan grandes, y los costos de sacrificarlos serían tan terribles, que sería insensato oponérsele con la esperanza de recrear una mítica Arcadia prístina. Por ser tan significantes las ventajas brindadas por el fracking, un procedimiento que ya ha transformado el panorama energético mundial, los intentos de los militantes ambientalistas por prohibirlo no podrán prosperar aunque, claro está, será de esperar que logren obligar a las empresas responsables a esforzarse por minimizar el impacto de su actividad en zonas pobladas.
