La discusión de la reforma energética está enfocada en si es o no conveniente la participación de la iniciativa privada (o privatización) en la extracción de los hidrocarburos y el consiguiente destino de su renta. Ésta es sin duda una discusión importante, sin embargo, estamos descuidando cuestiones claves cuando estamos definiendo el futuro energético del país.
Uno de los ámbitos que no está en la discusión pública nacional es la posible explotación de hidrocarburos en formaciones de lutitas o esquisto (shale, en inglés). Para obtener gas y aceite de lutitas se utiliza una técnica conocida como fractura hidráulica o fracking que consiste en introducir millones de litros de agua mezclada con arena y químicos para romper la roca y liberar los hidrocarburos. Estados Unidos tiene amplia experiencia en el uso de esta tecnología y es nuestra referencia obligada para entender las consecuencias a las que nos podemos enfrentar si en México se desarrolla como la clase política pretende.
En un reporte elaborado por la Alianza Mexicana contra el Fracking podemos ver a detalle qué se requiere para el fracking. Cada pozo necesita un aproximado de 9 a 29 millones de litros de agua para fracturarse. Con el agua se mezclan arena y 300 mil litros de químicos que incluyen productos tóxicos como benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. Una vez que esta mezcla se introduce a altas presiones para fracturar la roca, una parte vuelve a salir a la superficie y otra se queda en el subsuelo, aquí está una de las formas en que el agua contaminada puede llegar a acuíferos. Otra forma es que los recubrimientos de los pozos fallen, que lo hacen, y por el mismo pozo se entre en contacto con los acuíferos por los que pasa.
En la superficie se presenta un reto: no existe tecnología para tratar el agua que ya no sólo contiene los tóxicos introducidos originalmente sino además todo lo que se mezcló en el subsuelo incluyendo hidrocarburos, metales pesados y materiales radioactivos. Es decir, que nos despedimos para siempre de estos millones de litros de agua usados para el fracking que no podrán ser usados para otras actividades humanas ni devueltas al ambiente de forma segura. Las aguas residuales se han conviertido en la “papa caliente” de la que no se quiere hablar.
Las empresas que se dedican a esto han ideado dos “soluciones”.
Una es vertir el agua residual en grandes tinas en teoría impermeables para que se evaporen. Evidentemente los tóxicos también se evaporan y entran en el ambiente. También se sabe que a veces esos recubrimientos “impermeables” fallan y el agua contaminada se filtra al suelo y posiblemente a los cuerpos de agua cercanos. Y con el recordatorio tan fresco de las inundaciones provocadas por los recientes huracanes, podríamos visualizar con toda claridad qué sucede con estas tinas cuando llueve como lo ha hecho esta temporada.
La segunda solución es hacer pozos profundos de inyección de esta agua servida y ahí apuestan que se quede por los siglos de los siglos. Hay también otras opciones más cínicas que es mandarla a una planta de tratamiento que no está equipada para esa clase de contaminates, simplemente tirarla o vertirla accidentalmente.
Por si no fuera suficiente, la fractura hidráulica tiene aún más consecuencias. Los promotores de la extracción de gas de lutitas anuncian que este gas es más limpio que el carbón y que es un combustible de “transición” para combatir el cambio climático. Es verdad que la quema de gas es más limpia que la quema de carbón, sin embargo, es un error sólo considerar el momento de la quema de un combustible para evaluar qué tan perjudicial es para el ambiente. Durante todo el proceso de extracción, transporte, procesamiento y distribución de gas de lutitas existen importantes fugas. Científicos han calculado que el uso de gas de lutitas es incluso peor para el calentamiento global que el uso del carbón.
Estados Unidos está enfrentando un serio problema en sus comunidades. Desde California a Pensilvania la fiebre del fracking ha traído fuertes oposiciones derivadas del peligro que representa para la contaminación de cuencas enteras y para la salud de las personas.
En México, el derecho al agua está garantizado por nuestra Constitución; por este simple hecho nuestros políticos tendrían suficiente para prohibir la fractura hidráulica que evidentemente pone en riesgo éste y otros derechos humanos. En cualquier caso queda claro que sin una sociedad organizada e informada, la industria aprovechará el señuelo de la privatización del petróleo para ampliar sus negocios en el fracking. Por las consecuencias en el ambiente, en la sociedad, en la salud y en la economía se ha creado la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Esta alianza demanda la prohibición de la fractura hidráulica en nuestro país e invita a la ciudadanía a informarse y sumarse a esta demanda.
No sólo el futuro energético está en juego. También nuestra agua. No nos equivoquemos en las prioridades.
* Claudia Campero es organizadora para América Latina con Blue Planet Project y Food & Water Watch y forma parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
