Hoy, la Asamblea Nacional seguramente aprobará en segundo y último debate la autorización de la explotación petrolera en el parque Nacional Yasuní. Por la forma en que se trató el tema, no habrá debate necesario, se aprobará tal cual exige el Presidente de la República.
El gobierno en lugar de propiciar un amplio dialogo público se dio a la triste tarea de anular todo debate y fundamento, creó un ambiente social, donde no se discutía argumentos sino acusaciones, deslegitimaciones personales o colectivos a quienes opinaban distinto al régimen. Inclusive algunos organismos de Estado llegaron hasta censurar y prohibir la circulación de un libro que aborda el tema de los pueblos no contactados. Esta irracionalidad afecta directamente a la democracia.
El tema del Yasuní no se reduce a si se permite explotar o no petróleo en un área protegida, topa el eje central del tipo de modelo que se está construyendo, pero también cabe una pregunta: ¿es éticamente lícito y legal poner en riesgo la existencia cultural y humana de un grupo de personas, por más reducido que sea, a nombre del interés nacional o de desarrollo? Nosotros creemos que no.
Si el objetivo es combatir la pobreza y cubrir las necesidades básicas e infraestructura del país, en más de 40 años de explotación y exportación petrolera hemos podido comprobar que no es así, a esto se suma mal manejo, corrupción y abuso de las transnacionales. La pobreza de un país no solo es consecuencia de una ineficiente forma de aprovechar los recursos naturales que posee, se debe principalmente a la injusta redistribución de las riquezas que socialmente son generadas.
Si se quiere real y honestamente combatir la pobreza y las necesidades sociales insatisfechas, lo que hay que hacer es reducir estructuralmente las diferencias entre ricos y pobres, y para eso es necesario y urgente una reforma agraria integral, una democratización de la tenencia del agua, reducir estructuralmente las diferencias económicas entre ricos y pobres mediante un sistema de impuestos que graven a las rentas más altas del país, que paguen lo que más ganan entre otras medidas.
Si no combatimos el modelo que genera pobreza la explotación del Yasuní no servirá de nada, posiblemente se construirá mas carreteras, hospitales, escuelas, pero la pobreza continuara.
Algunos asambleístas nos preguntan en sus acaloradas intervenciones ¿dónde estuvieron antes estos que ahora exigen la consulta por Yasuní? Todos nosotros quienes hoy plateamos la consulta sobre el Yasuní desde hace más de 20 o 30 años hemos estado en las calles peleando contra las transnacionales y los gobiernos neoliberales; Esperamos que mañana no tengan que afrontar lo que la Constitución tipifica como delito de genocidio, eso sería muy lamentable para nuestra patria.
La CONAIE, conjuntamente con otras organizaciones sociales, principalmente los colectivos de jóvenes, persistiremos en la lucha por la defensa de la vida de los pueblos no contactados Taromene y Tagaeri. Y finalmente creemos que consulta popular, es lo más adecuado para que sean los ecuatorianos y ecuatorianas sean quienes decidan.
Quito, 03 de octubre de 2013
Por el Consejo de Gobierno
Humberto Cholango
