El fiscal federal Gustavo Gómez analizó el estado de situación sobre los pasivos ambientales de la minería y la explotación petrolera en el país. Señaló que Argentina no pudo resolver la contaminación de los sistemas convencionales por lo que menos podrá con los no-convencionales.
El Fiscal Federal General de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, Gustavo Gómez, participó de la última reunión de asambleas patagónicas que se realizó días atrás en Trelew, en la que vecinos de toda la región debatieron el avance del fracking y la megaminería, sistemas extractivos que consumen millones de litros de agua y generan importantes pasivos ambientales.
Con una experiencia de más de 20 años en la temática, Gomez explicó por qué Argentina “no está en condiciones de controlar estos sistemas” y, por lo tanto, de avanzar de manera segura para las actuales y futuras generaciones.
“Hoy por hoy tenemos un muy mal pasivo ambiental en materia petrolera, con lagunas saladas y envenenadas, animales y aves muertas por doquier porque se acercan a beber pensando que habrá agua. Encontramos pozos abandonados sin control. Se supone que a 60 metros de un pozo no tiene que haber una vivienda pero la propia casa del gobernador de Chubut tiene un pozo en el patio. La explotación petrolera de Neuquén ya generó niveles de contaminación que afecta el agua de las comunidades mapuches desde hace años”, relató.
Por otra parte, manifestó que estas actividades están prohibidas en distintos países. “Después podemos analizar lo pésimo que es este tipo de actividad -por el fracking- como para que Francia o Bulgaria lo hayan prohibido y para que la Unión Europea esté trabajando en legislación para prohibirlo”, remarcó.
El fracking y la megaminería requieren de millones de litros de agua que son garantizados por el Estado Nacional y los estados provinciales. Ni la minería ni el petróleo están sujetos a retenciones.
“Exportan todo y declaran lo que quieren. Se llevan lo que quieren, pagan lo que quieren y nos dejan la remediación ambiental a nosotros. Es increíble, cómo les estamos dando gratis el agua a las empresas pero se las cobramos a los productores del alto valle o del valle medio. Además, con promesas de trabajo y de ingresos que no son tales, y con el compromiso del propio estado de encargarse de la remediación. La legislación los ampara para que vengan, para saquen los recursos, los exploten y se los lleven. Y nosotros nos quedamos con la contaminación”, graficó el fiscal.
Con respecto a la necesidad de obtener recursos como gas o petróleo, indicó que la argumentación es falsa porque “una sola empresa como minera Alumbrera -multinacional que opera en Catamarca pero tiene sede en la isla de Saint Martin- consume tanto gas como lo que necesitan todas las GNC del país”. “Habilitamos a muchas empresas como Alumbrera en todo el país para que exploten algo que no nos deja nada y nos queda un pasivo ambiental”, lamentó.
Años atrás, Goméz sentó un importante precedente cuando denunció por “delito ambiental” al presidente de esa multinacional, Julián Rooney, quien fue procesado por los niveles de contaminación del agua que deshecha en la que se encontraron altos niveles de cadmio y mercurio.
“Estas multinacionales buscan países en los que puedan contaminar y cometer delitos ambientales con impunidad y se puedan llevar todo, sin restricciones ni retenciones. Por eso vienen a América Latina porque los gobiernos débiles son presas fáciles. Esto favorece la corrupción de los gobiernos que presionan a la administración de Justicia para garantizar la impunidad. Esto es un tornado que se lleva hacia el exterior todos los recursos naturales y que no es nuevo porque es lo que nos viene pasando desde la época de la colonia, cuando se llevaron la plata de Perú y Bolivia”.
“Los gobiernos y las multinacionales sostienen que dan trabajo pero si uno recorre los alrededores de Alumbrera, por ejemplo, comprueba no ha empleado a más de 150 personas de los distintos pueblos. Como contrapartida consume y contamina 5 millones de litros de agua por hora y consume tanta electricidad como la que necesita toda la provincia de Río Negro”, aseguró.
Para intentar revertir esta situación, desde la Fiscalía Federal II de Tucumán, Gomez abrió una causa penal por “evasión impositiva y contrabando” y pidieron que se cite a declaración indagatoria por “complicidad” al secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron.
“Dicen que sacan barro de cobre pero hicimos un control con Gendarmería Nacional y detectamos que en el barro llevan oro y plata que no declaran. El gobierno controla solo el peso pero no qué llevan” indicó.
En este contexto, surge un dato no menor que habla de la orientación que dio el gobierno nacional a los controles: en materia de fracking, los conflictos se dirimen fuera de la jurisdicción nacional.
Así quedó establecido en una de las “cláusulas secretas” que firmó la presidente Cristina Fernández de Kirchner con la empresa Chevron para la extracción de los recursos de Vaca Muerta. Esta cláusula que va claramente en contra de los intereses y los derechos del pueblo argentino, no fue conocida en el país, hasta que la hizo pública el diario The New York Times, de Estados Unidos.
