La puja por la nueva norma veló el traspaso a las provincias de sus acciones en la firma nacional
Por Adriana Giuliani*
Luego de varios meses de tratativas entre representantes de YPF y funcionarios del gobierno nacional por un lado, y los gobernadores de las provincias proveedoras de energía por el otro, ambas partes plasmaron los acuerdos en torno a la reforma del marco normativo que rige el sector hidrocarburífero del país en un proyecto de ley que ingresó al Congreso de la Nación el pasado 16 de septiembre. Las principales modificaciones propuestas se refieren básicamente a reglamentar las concesiones relacionadas con los hidrocarburos no convencionales, a regular los mecanismos de captación de renta por parte de las provincias y a promover inversiones privadas a través de la ratificación de los incentivos dispuestos en el decreto 929/2013, instrumento que sirvió de base para el contrato con Chevron.
El proceso de negociaciones evidenció que en la práctica aún no se ha materializado claramente el rol de las provincias en YPF, en cumplimiento de lo establecido por la ley que dispuso la expropiación del 51% de su capital social.
El 3 de mayo del 2012 se aprobó la ley 26741, que declaró la soberanía energética y el interés público nacional de los recursos del subsuelo, además de restituir el control estatal de la compañía privatizada en los noventa. La norma expresa la utilidad pública (requerimiento para justificar la expropiación) y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización, “a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”.
Paralelamente, la ley determina que el 51% de las acciones sujetas a expropiación corresponde al Estado nacional, que el 49% restante será compartido por las provincias integrantes de la Ofephi (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) y que se deben ejercer los derechos en forma unificada por un mínimo de 50 años, a través de lo que se denomina un pacto de sindicación de acciones.
En agosto del mismo 2012 se suscribió el acuerdo federal para la implementación de la ley 26741 en el que se determinó el mecanismo de designación de los representantes en el directorio y se definieron los porcentajes de participación, en función de los niveles de producción y reservas de YPF en cada jurisdicción.
La distribución entre los estados provinciales respecto del capital total de la sociedad resultó de la siguiente manera: Neuquén, 10,45%; Santa Cruz, 5,20%; Mendoza, 5,15%; Chubut, 2,10%; Río Negro, 0,8%; Tierra del Fuego, 0,62%; Salta, 0,5%; La Pampa, 0,12% y Formosa, 0,05%.
El documento establece que las condiciones definitivas de la cesión se sellarán en convenios específicos y que hasta que éstos se concreten, el Poder Ejecutivo nacional, por sí o a través del organismo que designe, ejercerá los derechos políticos sobre la totalidad del capital expropiado.
De todas maneras, si bien Nación y provincias comparten la mayoría accionaria, durante las recientes deliberaciones relativas a la nueva legislación quedó reflejado el posicionamiento de los gobernadores en defensa de la participación de las empresas locales en la explotación –GyP en el caso de Neuquén–, así como la alineación de los funcionarios nacionales con la conducción de YPF. Inclusive se habló de un empate como resultado de la contienda, como si se tratara de dos bloques contrapuestos.
Sería importante profundizar en la articulación, teniendo en cuenta que parte del capital social de la empresa de bandera está en manos de fondos de inversión, algunos de los cuales integran el grupo de los denominados “buitres”.
*Economista de la UNC
Río Negro
El proceso de negociaciones evidenció que en la práctica aún no se ha materializado claramente el rol de las provincias en YPF, en cumplimiento de lo establecido por la ley que dispuso la expropiación del 51% de su capital social.
El 3 de mayo del 2012 se aprobó la ley 26741, que declaró la soberanía energética y el interés público nacional de los recursos del subsuelo, además de restituir el control estatal de la compañía privatizada en los noventa. La norma expresa la utilidad pública (requerimiento para justificar la expropiación) y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización, “a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”.
Paralelamente, la ley determina que el 51% de las acciones sujetas a expropiación corresponde al Estado nacional, que el 49% restante será compartido por las provincias integrantes de la Ofephi (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) y que se deben ejercer los derechos en forma unificada por un mínimo de 50 años, a través de lo que se denomina un pacto de sindicación de acciones.
En agosto del mismo 2012 se suscribió el acuerdo federal para la implementación de la ley 26741 en el que se determinó el mecanismo de designación de los representantes en el directorio y se definieron los porcentajes de participación, en función de los niveles de producción y reservas de YPF en cada jurisdicción.
La distribución entre los estados provinciales respecto del capital total de la sociedad resultó de la siguiente manera: Neuquén, 10,45%; Santa Cruz, 5,20%; Mendoza, 5,15%; Chubut, 2,10%; Río Negro, 0,8%; Tierra del Fuego, 0,62%; Salta, 0,5%; La Pampa, 0,12% y Formosa, 0,05%.
El documento establece que las condiciones definitivas de la cesión se sellarán en convenios específicos y que hasta que éstos se concreten, el Poder Ejecutivo nacional, por sí o a través del organismo que designe, ejercerá los derechos políticos sobre la totalidad del capital expropiado.
De todas maneras, si bien Nación y provincias comparten la mayoría accionaria, durante las recientes deliberaciones relativas a la nueva legislación quedó reflejado el posicionamiento de los gobernadores en defensa de la participación de las empresas locales en la explotación –GyP en el caso de Neuquén–, así como la alineación de los funcionarios nacionales con la conducción de YPF. Inclusive se habló de un empate como resultado de la contienda, como si se tratara de dos bloques contrapuestos.
Sería importante profundizar en la articulación, teniendo en cuenta que parte del capital social de la empresa de bandera está en manos de fondos de inversión, algunos de los cuales integran el grupo de los denominados “buitres”.
*Economista de la UNC
Río Negro
