Contra el saqueo, la contaminación y la militarización de nuestros territorios
Como colectivo asambleario creemos que, sin lugar a dudas, la judicialización y criminalización a las asambleas, comunidades y movimientos sociales que defienden sus territorios, es una de las estrategias desplegadas desde los sectores del poder para acallar las voces de la resistencia frente al modelo productivo, extractivo, exportador y opresor que nos imponen, producto de las políticas de recolonización que asolan a nuestro continente en general y a nuestro país en particular.
En nuestros países se vienen imponiendo estados que actúan bajo los designios de la seguridad preventiva, considerando que es necesario “prevenir” toda manifestación de oposición a la forma de vida que pretenden que sea nuestro “destino manifiesto”. Sin embargo, una vez “puestas de manifiesto” esas oposiciones, ya no basta la prevención y se les hace necesario desplegar mecanismos que frenen las rebeldías en defensa de los territorios, entendidos por sus defensores/as no sólo como espacios geográficos que habitan, sino como ámbitos en los que se construye el sentido de la vida.
La represión y criminalización:
Son muchas las modalidades de represión que las empresas capitalistas, transnacionales y nacionales, junto con los poderes políticos locales lanzan sobre las voces de protesta. Algunas de las más concretas implican el uso de los aparatos del estado para ejercer la represión directa, el despliegue de estrategias de judicialización y criminalización de los movimientos populares y la militarización de los territorios en conflicto. Sin embargo, no son sólo las fuerzas públicas de seguridad las que operan en estos casos, sino también fuerzas privadas contratadas por las empresas, cuya existencia responde a un proceso de privatización de los aparatos de represión.
La violencia represiva:
Esta violencia represiva directa ejercida sobre las asambleas, comunidades y organizaciones sociales es acompañada a su vez por mecanismos de control social, que permiten el ejercicio de la represión simbólica, anulando así toda posibilidad de desarrollo de otras visiones del mundo y de diferentes formas de vida.
Las víctimas:
Las principales víctimas de la criminalización y de la violencia ejercida desde el poder son los movimientos de jóvenes, mujeres, comunidades indígenas y campesinas, trabajador/as desocupados/as y precarizados/as y poblaciones afectadas por los nuevos emprendimientos del modelo de “desarrollo” de esta fase del capitalismo neoliberal, muchas de las cuales se constituyen en asambleas e integran la UAC.
Los medios informativos y la “invisibilización”:
Sin embargo, nuestra condición de víctimas de la represión es totalmente desvirtuada por los medios de comunicación masivos que se encargan de presentar las batallas por los derechos sociales, culturales y ambientales como delitos y por ende, a los/as sujetos sociales que las promueven como delincuentes, tergiversando la legitimidad de las luchas sociales y generando, en la sociedad en su conjunto, subjetividades basadas en el miedo al diferente, que desemboca en la fragmentación de la sociedad en grupos irreconciliables entre sí.
Esta función de los medios de (in) comunicación masiva se hace posible dado que ellos SON el poder, constituyendo el aparato ideológico de la globalización, jugando un papel para deformar la realidad en beneficio de sus intereses y fabricar una opinión pública favorable al sistema.
Este poder mediático hoy está por delante del poder económico y financiero. Su rol ideológico implica el desconocimiento de uno de los derechos fundamentales del ser humano, como lo es el derecho ciudadano a la información y el conocimiento, tergiversando la misma a través de sutiles formas de propaganda del producto o la moda que se quiere imponer.
El “discurso único” y la “demonización” de las luchas sociales:
De esta manera, pasan a demonizarse las luchas de quienes se oponen al Saqueo y la Contaminación. En esta instancia también se suma la invisibilización de los disensos, es decir que se desacreditan y esconden las investigaciones científicas que demuestran los impactos negativos, dando visibilidad a todos aquellos académicos funcionales al sistema de saqueo y contaminación. De la misma manera se desacredita todo aquello que provenga de la acumulación de saberes ancestrales, a través de una serie de falsedades como que quien se opone a este modelo, se opone al “progreso” y al desarrollo. Son nuevamente estos mismos medios masivos de in-comunicación los que NO dicen que este modelo es sólo de crecimiento económico, NO dicen que el desarrollo y el progreso así NO son posibles.
La aprobación de la ley antiterrorista a nivel nacional y las reformas de los códigos contravencionales que se vienen implementando en varias ciudades del país, son consecuencia de este contexto represivo y criminalizador de las luchas sociales, producto del crecimiento de las resistencias frente a las políticas de saqueo y destrucción que profundizan la exclusión y la precarización de la vida, y favorecido por la impunidad del accionar de las fuerzas de seguridad, de la justicia y de los poderes políticos en general.
Estos mecanismos legales justifican la vigilancia, la persecución y el control sobre las poblaciones y comunidades, en especial las que se oponen a la devastación de los territorios por parte de los grandes capitales, las que desarrollan estrategias de supervivencia frente a un modelo que los lanza hacia la exclusión y la pobreza y las que se empeñan, desde hace más de 500 años, en ser reconocidas y respetadas en su diversidad étnica, cultural y espiritual.
¿Quiénes son los terroristas?:
Teniendo en cuenta el marco legal de la criminalización de la protesta y la pobreza, es importante destacar que el artículo 213 ter de la ley antiterrorista aprobada en la Argentina en 2007 considera que una asociación ilícita terrorista es aquella que reúne las siguientes características; -tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; -estar organizada en redes operativas internacionales; y –disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida y la integridad de un número indeterminado de personas.
Frente al contenido de este posicionamiento podemos vislumbrar quienes son los verdaderos terroristas. Tanto la propagación de distintos odios, como la existencia de redes operativas internacionales, como la puesta en peligro de la vida e integridad de un número indeterminado de personas son características completamente aplicables a las formas de operar de las empresas transnacionales y sus socios políticos locales, en la implementación del modelo extractivo y productivo de esta etapa del capitalismo global, que responden con criminalización, represión, militarización y muerte a quienes se oponen a entregar los territorios y las formas tradicionales de habitarlos a la mercantilización de la naturaleza y de toda expresión de vida.
Por todo esto la UAC se pronuncia en repudio absoluto de:
– La persecución, criminalización y judicialización que vienen sufriendo las compañeras de las Asambleas Riojanas de Chilecito, Famatina y Sanagasta de la Rioja por defender su territorio ante la inminente explotación minera. Así como también, las distintas agresiones y atropellos que las mismas vienen padeciendo por parte de la Empresa minera Yamana Gold y las fuerzas represivas del estado. Esta empresa es la responsable de atacar a dos compañeras que integran estas asambleas con la complicidad y el visto bueno del gobierno local, además de abrirles causas penales a distintos vecinos y vecinas, también asambleístas, por no permitir que la empresa ingrese al sector donde pretende explotar y llevar adelante el emprendimiento megaminero a cielo abierto.
– Los diversos atentados que viene sufriendo el pueblo de Loncopué y de Campana Mahuida en Neuquén por parte de la empresa minera Emprendimientos Mineros S.A., de origen chino, que pretende instalarse en dicha localidad. Creemos que los incendios intencionales de las casas de vecinos que integran las asambleas, la destrucción de la Radio FM Arco Iris que difunde la lucha, los apagones vividos en el pueblo y la persecución a los compañeros y compañeras que vienen resistiendo son parte de la criminalización a quienes venimos defendiendo el territorio del que somos o nos sentimos parte. En este sentido repudiamos de manera tajante la actitud de la empresa por su accionar y del gobierno de turno por permitir y ser cómplice de los hechos sucedidos.
– Los hechos gravísimos que vienen viviendo los compañeros y compañeras del colectivo Semillas del Sur que, en defensa del territorio, resisten a las fumigaciones de Agrotóxicos junto a los vecinos y vecinas del Departamento de Santa Rosa de Calamuchita en Córdoba. Esta defensa territorial recibe como respuesta del poder la persecución y represión directa por parte de las fuerzas represivas del estado que actúan sin medir las consecuencias poniendo en riesgo la vida de los compañeros y compañeras que vienen resistiendo al modelo sojero impuesto en la provincia. Estos actos por parte del poder local y sus aliados son de nuestro absoluto rechazo, así como también, las represalias que llevaron adelante con el intento de desalojo del centro cultural “El Semillero”, perteneciente al colectivo Semillas del Sur, y la destrucción de dos casas de compañeros del mismo colectivo con la excusa de “no respetar el código de edificación”. Esto demuestra que, no sólo nos imponen el modelo de saqueo y contaminación, sino también la forma en que quieren que vivamos.
– El desalojo violento de la comunidad Paisil Antreao de Villa La Angostura, Neuquén, y la militarización del territorio ancestral al que pertenece. La comunidad viene siendo amenaza y con intentos de desalojos desde hace varios años, al mismo tiempo que los alambrados de los privados le fueron reduciendo su territorio, tal como viene sucediendo a muchas comunidades, producto de la concentración de tierras y el avance de los privados, como consecuencia de la especulación y negocios inmobiliarios. De esta manera, creemos que es importante destacar el no reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios por parte del estado y sus instituciones, que actúan como cómplices y garantes de estos hechos sin respetar el articulo 75 de la Constitución Nacional , el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y la ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de comunidades indígenas. Por esto, creemos que los hechos sucedidos a la comunidad Paisil Antreao es una manera de criminalizar la cultura, la espiritualidad y formas distintas de concebir la vida y su desarrollo, tal como lo demuestra la destrucción del rewe, que es el espacio territorial y sagrado históricamente heredado de sus ancestros y en el que se comunican con los mismos en relación armónica con la naturaleza. La destrucción del rewe es la destrucción misma de la comunidad y por eso rechazamos, sin reparo alguno, estas formas de operar de las fuerzas de seguridad que implican la reproducción de la negación histórica de los derechos ancestrales de los pueblos originarios.
– Las intimidaciones y amenazas de que fueron objeto los compañeros y compañeras Raúl Martínez, Diola de Martínez, Ruth Vega, Carmen Chaile y Teresita Nieto, integrantes de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, quienes, en el momento en que fueron citado/as a comparecer a la comisaría de Andalgalá, fueron “advertido/as” por el nuevo jefe de la policía y otros funcionarios policiales con estas palabras: “en realidad nosotros no queremos golpearlos, pero si no deponen su actitud con respecto al corte, la semana que viene vendrá la Guardia de Infantería y los vamos a desalojar por la fuerza y les vamos a pegar…”. A estas amenazas policiales se suman las del intendente de Andalgalá, José Perea, quien en la FM “Z” -favorable a las empresas mineras- expresó que “si es necesario MATARÁ a las personas que están manteniendo el corte contra Agua Rica”.
– El avance de los desmontes y la frontera agro sojera en zonas históricamente ocupadas por Campesinos dedicados a la ganadería, las hortalizas y los citrus en la localidad de Palma Sola, Departamento Santa Bárbara, al este de la Provincia de Jujuy. Este avance está avalado por un irregular Ordenamiento Territorial aprobado por decreto. Acentúa la situación de atropello, el desalojo compulsivo y la criminalización en la defensa de la posesión que vienen sufriendo sus históricos habitantes con el apoyo explícito de la policía local. Acusamos a CRAM S.A., cuyo presidente es René Macedo y cuyos apoderados son Horacio Macedo padre, Embajador argentino en Bolivia y Horacio Macedo Hijo, Secretario de Gobierno de la Provincia. En los campos donde estos empresarios avanzaron con la soja, los vecinos del “Barrio Nueva Esperanza” están padeciendo desde hace 2 años la fumigación de sus viviendas. La situación de conflicto mantiene en alerta a los pobladores y a organizaciones en apoyo que están presentes en el Territorio.
– Los hechos de Criminalización y Judicialización que sufren las/os compañeras/os de Autoconvocados del Valle Calchaquí en Cafayate, así como también Vecinas y Vecinos de la misma Localidad, Pcia.de Salta, por Defender el Territorio, la vigencia de Ordenanzas Municipales (ante la violación de éstas por parte de Empresarios y Funcionarios Locales), el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano (amparados en la Constitución Nac.). Esta Defensa por el Territorio y por la Vida, que llevan adelante las y los compañeras/os, recibe como respuesta por parte de la Justicia Salteña el “Requerimiento de Juicio Oral y Público” a 11 Compañeras/os bajo Condena por Art. 194 del Código Penal, en base a una Denuncia Falsa presentada por el representante de una de las Empresas Transportistas contratada por Minera Alumbrera Ltda.. Esto resulta de una acción colectiva iniciada en Cafayate en Agosto de 2008 y continuada durante 60 días en Territorio de la Comunidad India Quilmes, Tucumán. Es de destacar la complicidad de Gendarmería Nacional y de la Policía Municipal, quienes acompañaron el ingreso de 4 camiones con carga de gran porte destinada a Minera Alumbrera Ltda.. Se Imputa a las y los compañeras/os de “Delito por Entorpecimiento del Normal Funcionamiento del Transporte Terrestre”. Ante la reiteración de Denuncias realizadas por las/os compañeras/os debido a la circulación continua, dentro del égido urbano de Cafayate, de camiones que transportan sustancias tóxicas, insumos y maquinarias para Minera Alumbrera Ltda. y Minera Agua Rica (Catamarca), en violación constante a las Ordenanzas Municipales vigentes, la Justicia Salteña responde diciendo que “No hay Delito”, en complicidad con los Funcionarios Locales. También son reiterados y se han vuelto costumbre los intentos de usurpación de Territorios, desalojos, persecuciones, asesinatos, pedidos de captura, intimidaciones, privaciones de la libertad, por parte de privados y fuerzas de seguridad, a Comunidades Originarias que Defienden sus Territorios Ancestrales ante el avance del Monocultivo, la Deforestación, los Negocios Inmobiliarios, la Minería, etc.. Violentando y negando así, una vez más, la Preexistencia de los Pueblos, sus Tierras, Culturas e Identidades. Todo esto dentro del Marco de una Pcia. que, entre otras cosas, ha aprobado el Ordenamiento Minero, zonificando a todo el Territorio en 3 zonas con permisos de Explotación para la Minería Metalífera Contaminante y la Minería Nuclear, sin el consentimiento de la Población. Por todo esto es que repudiamos las actitudes sistemáticas del Gobierno, la Justicia Pcial. y de los Funcionarios Locales, por ser cómplices y responsables en el avasallamiento a los Derechos de los Pobladores y por poner en grave riesgo la integridad física y psíquica de todo un Pueblo. No reconociendo el Estado y sus Instituciones los Art. 14 bis; 41; 43; 75 inc. 17 y 22 (Constitución Nac.); Convenio 169 de la OIT; Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU; Declaración Universal de los DDHH; Convenio sobre Biodiversidad Art 8 “J”, Agenda 21. Leyes Nacionales: 24.071; 23.302; 26.160; 25.675 (Ley Gral.del Ambiente). Consideramos que éstas son facetas repetidas que adopta el Poder, amparados por Leyes y por la Justicia de turno, para reprimir, silenciar, desmembrar y heterogeneizar la construcción colectiva y comunitaria de los Pueblos que Resisten en la Defensa de los Bienes Comunes, Territorio y Libre Autodeterminación.
Estos son sólo algunos de los casos de criminalización, persecución y represión que vienen acechando, de manera sistemática y continua, a lo/as protagonistas de las luchas contra las políticas de recolonización.
Frente a este contexto represivo y criminalizador, nos solidarizamos con cada uno de los compañeros y compañeras que vienen dando batalla en defensa del Territorio al que pertenecen, Territorio del que nos sentimos parte todos y todas.
UAC/ Unión de Asambleas Ciudadanas
Febrero de 2010
