En el año 2012 el gobierno boliviano promulgó un decreto mediante el cual le dio continuidad a otra de las fases de ampliación de la frontera petrolera y estableció 98 áreas destinadas a ser reservadas a YPFB. Varias de estas áreas reservadas han resultado en contratos de exploración/explotación por parte de empresas transnacionales, como los casos de Azero (Total E&P – Gazprom) o Huacareta (BG Bolivia, ahora Shell)1 . Una de las áreas reservadas para la exploración/ explotación hidrocarburífera es Nueva Esperanza, al norte paceño, que incluye el Parque Nacional Madidi y zonas con presencia de varios pueblos indígenas como los Tacanas o los Araonas2 en la amazonia boliviana.
En Octubre del año 2015 se reeditó el proceso ampliatorio de áreas reservadas para YPFB a una superficie inédita de 29.966.894 Ha. que incluyen los contratos petroleros homologados de la época neoliberal y las nuevas áreas reservadas a favor de YPFB3 . Muchas de las nuevas áreas se ubicaron en la amazonia.
El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) realizó el informe “Exploración petrolera, en la Amazonía, reporta la presencia de indígenas no contactados o en aislamiento voluntario”, en el que concluye que “Las últimas evidencias y acontecimientos respecto a la presencia de pueblos indígenas aislados o no contactados en el bloque Nueva Esperanza, demuestra que no existen los mecanismos necesarios ni la voluntad política para garantizar la protección de un pueblo que se encuentra en total estado de indefensión ante un proyecto que puede tornarse aún más agresivo e irrumpir con mayor grado de peligro a la vida de estos indígenas. Situación que convierte en urgente la necesidad de recoger el aprendizaje de países vecinos para evitar un posible etnocidio”.
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