Asambleas ambientalistas, asociaciones argentinas y Greenpeace revelaron documentos oficiales que reconocen al menos 44 propuestas de emprendimientos extractivos en zonas vedadas.
Documentos oficiales del Ministerio de Ambiente señalan la existencia de al menos 44 proyectos mineros “cercanos” o sobre glaciares, aunque la Ley Nacional de Glaciares prohíbe proyectos extractivos en zona de cuerpos de hielo. Entre los emprendimiento en zonas prohibidas está la mina Veladero (en San Juan), de la empresa Barrick Gold, y Agua Rica (Catamarca), de la canadiense Yamana Gold. “Es una prueba más que confirma que Veladero está fuera de la ley y debe cerrar ya. Si aún no lo hizo es por la complicidad del poder político y sectores del poder judicial”, afirmó Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca.
“Informe técnico DGARHyA 99/2016. Informe proyecto mineros y el ING (Inventario Nacional de Glaciares)”, es el nombre del documento oficial que hicieron público las organizaciones Greenpeace, Asociación de Abogados Ambientalistas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Fechado el 13 de julio pasado, reconoce que existen 77 proyectos mineros en las “subcuencas” relevadas por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), de los cuales 44 están en zona restringida por ley. Las provincias que están en violación de la ley son Catamarca, San Juan, Chubut, La Rioja, San Juan, Santa Cruz y Río Negro.
“Son 44 proyectos que no pueden estar en esos lugares, es un claro incumplimiento de una ley nacional”, explicó Enrique Viale, de la organización Abogados Ambientalistas. Viale denunció que el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, “ocultó esa información a la población porque actúa en total connivencia con las mineras”.
El informe oficial fue elaborado por la Dirección Nacional de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos y Acuáticos, del Ministerio de Ambiente, y es parte del material que el juez federal Sebastián Casanello secuestró en el ministerio, en el marco de la causa penal que investiga los derrames de cianuro en la mina Veladero de la empresa Barrick Gold en 2015 y 2016. El documento fue cedido a las organizaciones ambientales por parte de la Asamblea Jáchal No Se Toca, querellante en la causa.
La Ley de Glaciares (Nº 26.639) fue aprobada en septiembre de 2010 y otorgaba 180 días al Ianiglia –dependiente del Conicet– para realizar un relevamiento de todos los glaciares del país. La norma prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua, hielo y sus zonas aledañas. La ley, en un principio, fue frenada judicialmente por un medida cautelar que respondió una presentación de Barrick Gold en San Juan. Recién en julio de 2012 la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de la norma.
“Pasaron más de cinco años de aprobación y el relevamiento aún no se terminó. Hay que decir que también hay complicidad del ‘poder científico’, que acepta presiones de las mineras y funcionarios provinciales y nacionales”, señaló Zeballos. El activista explicó que la Asamblea Jáchal No Se Toca denunció penalmente al Ianiglia porque “de manera arbitraria sólo relevaron los glaciares de más de una hectárea de superficie”, cuando la ley no establece esas dimensiones, sino que establece que deben relevarse todos los cuerpos de hielo.
Gonzalo Strano, de Greenpeace, destacó que el informe del Ministerio de Ambiente analiza sólo el 10 por ciento del Inventario Nacional de Glaciares.
Entre los proyectos en zonas prohibidas por ley están las minas Pascua Lama (San Juan y Chile, propiedad de Barrick Gold), Pachón (San Juan), Suyai (Esquel, Chubut), Pachón (por iniciarse en San Juan). También figuran los proyectos Filo Colorado y Agua Rica, rechazados por la población de Andalgalá, en el oeste catamarqueño.
El ministro Bergman visitó este año Andalgalá. Afirmó que se desarrollarán todas las actividades extractivas que “estén dentro de la ley” y defendió el proyecto Agua Rica, frenado por una pueblada en 2010, luego de una feroz represión y luego suspendido por un fallo judicial. En septiembre pasado, el Concejo Deliberante de Andalgalá prohibió la megaminería en el departamento, lo que se transformó en otro freno a Agua Rica. Sin embargo, la gobernadora Lucía Corpacci, con el apoyo de Nación, insiste en el nuevo proyecto, a solo 17 kilómetros de la ciudad y donde nacen las vertientes de agua que alimentan al pueblo.
Pía Marchegiani, de FARN, afirmó que el informe oficial “da cuenta de la gravedad de la situación de la protección de los glaciares en el país”. “Es fundamental que no se avance con ningún proyecto más hasta que el inventario de glaciares esté finalizado”, advirtió. Precisó, además, la gravedad del avance de los proyectos Agua Rica, Pachón, Pascua Lama y Los Azules, los tres últimos en San Juan. El comunicado conjunto de las tres organizaciones concluye que los 44 proyectos mineros en zonas prohibidas por ley “evidencia la falta de controles del gobierno nacional hacia el sector minero y el desinterés por defender un elemento natural primordial como el agua”.
