Los pueblos indígenas de Saramurillo (Amazonía peruana) llevan cuatro meses movilizados para parar la destrucción del medio y constantes vertidos de la planta de bombeo de Petroperú y del Oleoducto Norperuano.
Marc Gavaldà, Sergi Rugrand, miembros de Alerta Amazónica y Krasnyi Collective, respectivamente
Existe un rincón de la Amazonía donde los pasivos ambientales generados por la industria petrolera han dejado atrás la pasividad. Este lugar se llama Saramurillo. Desde primeros de septiembre se instaló ahí una movilización de los pueblos indígenas afectados por los consecutivos derrames que sufren sus territorios. Abandonaron sus comunidades y tomaron la planta de bombeo de Petroperú. Se desplazaron ahí para no ser desplazados ambientales, un destino que parece estar escrito para ellos. Tras dos meses siendo ignorados, el Gobierno ha accedido a dialogar con la plataforma de lucha. Pero la negociación pinta compleja y tortuosa.
Cuarenta años contaminados
Sus ríos, sus cochas (humedales), pero también la caza y los peces que consumen están contaminados. Son ya cuatro décadas de explotación hidrocarburífera que ha dejado lastimosas consecuencias en el territorio. Primero de la mano de Occidental, luego Pluspetrol, y ahora otras como Pacific, Perenco, Talisman, Cepsa y otras marcas. A través de vertidos intencionados de las aguas de formación –agua con concentraciones altísimas de metales– salinizaron sus ríos. Acumularon crudo residual en balsas sin impermeabilizar y ocurrieron “accidentes” durante décadas.
Los pueblos indígenas achuar, quichua, shawi y urarinas. de los ríos Corrientes, Pastaza y Tigre, fueron mal compensados con obras y fuentes de trabajo. Sin embargo, la época de vacas gordas ya pasó. Los campos ya no producen lo de antaño: si en 1982, fecha del zénit de producción en la Selva Norte, se sacaban 120.000 barriles diarios, en 2015, los 201 pozos operativos apenas producen 21.953 barriles diarios. Fruto de tantos años de contaminación, en la zona han surgido proyectos notables como la del Observatorio Petrolero Norte, con un esfuerzo puesto en la cartografía de los derrames y en la detección de metales pesados. Los resultados son alarmantes, pero no hay reacción en las políticas públicas.
Un oleoducto caducado
El Oleoducto Norperuano recorre kilómetros de selva y Andes para acercar el petróleo succionado en la Amazonía al puerto exportador de Talara. Según el organismo estatal Osinergmin, esta infraestructura contaba ya con un historial de más de 60 roturas hasta el presente año. Para agravar la situación, en 2016 una serie de accidentes periódicos del Oleoducto Norperuano han arrojado como mínimo 10 derrames más en las quebradas y afluentes del río Marañón. Esta infrestructura obsoleta, inaugurada en 1976, presenta un estado de deterioro contrastado.
La misma institución gubernamental fiscalizadora, la OEFA, ha multado repetidamente a Petroperú, empresa estatal que opera el oleoducto. Las millonarias sanciones no han detenido la frecuencia de los derrames. El 25 de enero una fuga de 3.000 barriles de crudo contaminó los ríos Inayo y Chiriaco. Una docena de comunidades Awajún fueron impactadas. Un año después todavía detectan “brillos” en la superficie de los cuerpos de agua. un recurso que consumen a diario, a pesar de la recomendación de no bañarse ni pescar por parte del Gobierno.
Una semana después, en la comunidad Wampis de Mayuriaga, una espectacular rotura dejó al menos 22 kilómetros de selva impregnada en crudo. El 24 de junio, se reportó otro derrame en Caño Barranca. El 10 de agosto, otro derrame en el distrito de Nieva derramó 2.100 barriles y dos semans después, dos roturas a medio kilómetro de distancia dejaron una laguna de 4.000 barriles de petróleo en la comunidad Kukama de Nueva Alianza. El año terminaba con nuevos derrames en las comunidades de Monterrico, 6 de Julio, Maipuco, Naranjal y Nucarai.
Las comunidades afectadas se sienten abandonadas por un Estado receptor de las regalías que genera esta industria. Con preocupación, conocen los antecedentes de las comunidades kukama de San Pedro y Cuninico, víctimas de un derrame del mismo oleoducto en 2014. Dos años después, la ingestión de pescado contaminado ha provocado la acumulación de metales en sangre de sus habitantes, tal como detectó el Ministerio de Salud en enero de 2016. De un total de 600 habitantes de Cuninico y 200 habitantes en San Pedro, se tomaron 129 muestras de sangre para el dosaje de plomo y 126 muestras de orina para el dosaje de arsénico, cadmio y mercurio. Los resultados cortan la respiración: el 67% de Cuninico y el 59% de San Pedro presentaban niveles altos de mercurio en sangre. En cuanto al cadmio, 65% de las personas analizadas de Cuninico y el 76% de San Pedro tienen exposición a estos metales.
Saramurillo en pie de lucha
Es en este contexto de extrema desatención estatal a los pueblos receptores de los pasivos ambientales que en septiembre de 2016 estalla la movilización de Saramurillo. De varias cuencas fluviales familias enteras se desplazaron desde sus comunidades para aunar sus voces en un pliego de peticiones. Con medidas de acción directa no violenta, tomaron las instalaciones de Petroperú y retuvieron durante dos meses las grandes embarcaciones que transportaban petróleo y otras mercancías por el río Marañón.
Las mujeres se han hecho protagonistas también de esta lucha. Luz Leni Curitima Irarika, madre de la comunidad nativa de Concordia, afirmaba a este medio: “Estamos aquí en pie de lucha porque hace 40 años que el Estado vulnera nuestros derechos y continuaremos aquí hasta hallar alguna solución. Como madres, tenemos hijos y ellos también se contaminan con el agua, porque hay demasiados derrames”. Sobre su papel en esta lucha recordó que “primero había sólo piquetes de hombres, pero luego las mujeres nos reunimos y decidimos hacer piquetes sólo de mujeres, porque las mujeres solucionamos otros conflictos que los hombres no solucionan”. Enfatizó el papel de cuidados que ellas aportan para sostener esta larga movilización: “Somos 51 pueblos que estamos acá. Se precisaban ollas comunes para que todos pudiéramos comer y colaborar en la lucha”.
Desde lo profundo de la Amazonía, sus voces han empezado a tener eco. Sus demandas se resumen en siete puntos que están siendo abordados en un proceso de “Diálogo Político Intercultural”. Demandan el recambio del oleoducto, por no garantizar condiciones de transporte en un futuro. Piden la revisión del contrato de Pluspetrol Norte y la remediación ambiental de los lotes 8 y 192. Quieren también una ley que obligue al monitoreo ambiental de las cinco cuencas fluviales afectadas y la conformación de una Comisión de Verdad que investigue objetivamente los impactos. Cuestionan el monocultivo extractivista como única fuente de riqueza en la región. Y exigen también compensaciones por los impactos ambientales que les ha tocado recibir. Por último, hacen un llamamiento contra la criminalización de la protesta, atendiendo los antecedentes judiciales que derivaron del anterior levantamiento amazónico, en 2009.
Al principio, el levantamiento amazónico recibió la sordera absoluta por parte del Gobierno y la opinión pública. Pero la tenacidad y resistencia activa de los movilizados, cuya protesta se prolonga ya por casi tres meses, obligó al Estado a prestar atención a este conflicto. A finales de noviembre se realizaron negociaciones en Lima, donde se desplazó una delegación de 80 indígenas. Se abría el camino al diálogo. Las sesiones posteriores se realizaron en la misma orilla del río Marañón, en Saramurillo, el epicentro de la lucha. Ahí se desplazaron, ahora sí, delegaciones de alto nivel del Gobierno del nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). El pasado 7 de diciembre, tras el abandono precipitado del ministro de Energía y Minas de la reunión, se volvió a tensar la cuerda.
Alertados por el movimiento de barcazas de Pluspetrol transportando petróleo, los movilizados persiguieron y alcanzaron estos barcos para detenerlos en Saramurillo. Al final de la tarde, se acordó en una asamblea liberar las naves para demostrar la voluntad de debate político que demandan las comunidades en lucha. Finalmente y después de reiteradas peticiones de que el presidente del Consejo de Ministros se presentara en el acuerdo, Fernando Zavala se personó en Saramurillo en un acto final de firmar el acuerdo con 19 puntos ya debatidos y cerrados el 19 de diciembre bajo la lluvia amazónica en Saramurillo. Los objetivos de este levantamiento persiguen soluciones complejas. Pero la contaminación de amplias zonas de la Amazonía es una problemática que ya no se puede postergar. El futuro de estos pueblos depende de unos ríos libres de petróleo.
