La política tarifaria que ha adoptado Cambiemos signada por el encarecimiento de la energía opera como un mecanismo de transferencia de ingresos con resultados sumamente regresivos. Su puesta en funcionamiento ha despertado desde un inicio una gran reacción social que demuestra que carece de legitimidad. Sin embargo, no pareciera estar en dudas por parte del gobierno.
En el caso del gas, se avanzó en la dolarización del precio que recibe el productor del hidrocarburo y en la Revisión Tarifaria Integral que definió las tarifas de las compañías transportistas y de las distribuidoras de gas y aseguró un “rentabilidad razonable”. Estos fueron los dos hitos que marcaron el inicio de los sucesivos incrementos de las facturas de los hogares con acceso a la red.
En torno al primero de ellos, no solamente se dispuso fijar el precio del gas en dólares, sino también, ajustarlo semestralmente según un sendero de aumentos periódicos. A su vez, la dolarización implica el traslado de la volatilidad cambiaria al precio del gas.
Con respecto a la RTI, se evaluó que las tarifas de transporte y distribución debían aumentar en términos reales para recomponer los ingresos de las empresas prestatarias de estos servicios. La actualización de estas tarifas se terminó de consumar con el incremento de abril del presente año. A partir de ahora, solamente se contempla que sus ajustes estén en línea con la inflación para evitar que queden retrasadas.
Los objetivos que se persiguen con esta política tarifaria son dos. Uno de ellos es mejorar las ecuaciones económicas y financieras de las transportistas y las distribuidoras: por cada USD 100 que les ingresó por el cobro de tarifas (descontados los gastos operativos), en el 2015 perdieron USD 15, mientras que en 2017 ganaron USD 19.
El segundo objetivo apunta a reducir los subsidios energéticos en el marco de un programa fiscal que requiere ajustar el gasto para liberar recursos que permitan ser redireccionados hacia el pago de los intereses de la deuda pública. La participación de los subsidios energéticos en el gasto total cedió cinco puntos entre el 2015 y 2017 mientras que, en mismo período, la partida destinada al pago de los intereses de la deuda elevó en igual cantidad, cinco puntos, su participación.
Finalmente, vale recordar que una 70% de la generación eléctrica se logra mediante la combustión de fósiles, fundamentalmente gas. Por ese motivo, el aumento en el precio del gas implica una suba también en la electricidad, aunque claro está no es la única variable por la que aumenta.
En base a estas consideraciones se concluye que la actual política tarifaria opera como un mecanismo de transferencia de ingresos a favor de las empresas prestatarias de servicios públicos y del capital financiero. Constituyéndose así, en el espejo de un modelo económico regresivo.
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