Por Alejo di Risio / SurGlobal
Cuenta regresiva para el fin del mandato amarillo. La victoria del Frente de Todxs es casi una certeza. A menos de cien días del comienzo de una nueva etapa argentina, el nuevo rumbo es todavía incierto. Más allá de un impecable temple durante entrevistas y una renovada estructura que acompaña la coalición pan-peronista ¿Qué sabemos del plan de salvataje de Alberto Fernández, el candidato a presidente que probablemente suceda a Mauricio Macri? Porque no sólo la casa está en desorden, sino que está semi-defaulteada y endeudada. Quienes generaron gran inestabilidad piden ahora a gritos que la estructura del ganador de las elecciones primarias, realizadas a comienzos de agosto, pueda llevar a los mercados la tranquilidad que ellos no pueden prometer. Desde fuera llegan los reclamos para conocer el plan y la visión eldoradista sobre Vaca Muerta vuelve a poblar primeras planas.
Varias piezas del rompecabezas energético albertista ya han asomado: reuniones con el IAPG, ofertas de China como acreedora, reposicionamiento de YPF como jugador central y el reciente apoyo del poderoso sindicato petrolero norpatagónico. El equipo económico del casi-presidente parece tener claro su rumbo macro, pero las decisiones y medidas concretas aún están por verse. El caballito de batalla de la campaña desarrollista es sin dudas el megaproyecto Vaca Muerta, al cual el mismo Fernández hace referencia cada vez que puede. Pero las controversias en torno al destino de la producción trascendieron a la esfera pública. Dos posturas se delinean dentro de la coalición: aquella liderada por Federico Bernal, con la prioridad enfocada fronteras adentro y la exportación a países vecinos, y la que expone Guillermo Nielsen, que apunta al desarrollo de infraestructura con foco en la exportación mediante buques de gas natural licuado (GNL).
La posición de Bernal, director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) y asesor del kirchnerismo en energía, apunta a que el proyecto asegure primero el mercado interno y luego las exportaciones. Estas últimas solo deberían hacerse en caso de excedentes, fundamentalmente a países vecinos, porque el mercado global de GNL hoy es sumamente incierto, y bajo el compromiso de reposición de reservas. Bajo la lupa bernalista, se apunta a desdolarizar las tarifas energéticas, dinamizar el mercado interno mediante reducción de los precios de la energía y estimular la llegada de nuevos actores, específicamente empresas chinas y rusas. En ese sentido Vaca Muerta debería garantizar el “desarrollo nacional con equidad social y fuerte industrialización”.
Nielsen, quien junto al hoy contrincante Roberto Lavagna renegociara la deuda en 2003-2005, se ha convertido en el principal representante económico de Alberto ante el actual gobierno y el FMI. A la prensa brasileña, el economista le dijo que bajaría impuestos a la renta de las empresas de petróleo y gas del actual 35% a un 20%. En otra entrevista declaró que impulsará la offshorización del producido de los no convencionales mediante “un fideicomiso en New York (…). El gobierno argentino va a supervisar; los privados van a informar, pero no van a pedir permiso, porque es plata de ellos”.
Nielsen también plantea un vínculo directo entre los extractivismos y las políticas sociales frente a la pobreza. Estableciendo, al decir del investigador Eduardo Gudynas, un falso vínculo necesario y suficiente entre prácticas que devastan el territorio y la existencia de planes sociales y programas de paliativos de la crisis. Así, el saqueo en manos de pocas empresas y actores financiará la mejora en los ingresos de otros, revistiendo al megaproyecto de un fin social ante la mirada de la población.
El mismo Fernández expresó su apoyo incondicional al megaproyecto Vaca Muerta en repetidas ocasiones. Durante una reciente entrevista, se declaró a favor de la extensión del tren que facilita la explotación de los hidrocarburos en la norpatagonia, profundizando la infraestructura demandada al Estado por las empresas extractivas. Según se anunció, dicha obra se realizaría bajo un acuerdo de Participación Público-Privado (PPP), contratos muy cuestionados a nivel internacional al forzar a los Estados a garantizar la renta de empresas, transfiriendo todo el riesgo sobre las arcas públicas, y derivando toda la ganancia a las privadas. Un meta que también se planteó el macrismo, pero que hasta el fin de su mandato no ha podido cumplir.
Aunque a la diversa coalición formada para hacer frente al gobierno todavía le queda mucha tela por cortar, sí hay consensos que aparentan establecidos. A la esperanza nacida en algunos sectores tras la mención de energías renovables poca vida le queda ya. La priorización del gas y la energía termonuclear, y el probable cierre de los programas Renovar sin sucesor popular a la vista, postergan una necesaria transición de la matriz energética hacia energías limpias. No solo para revertir los efectos de la crisis climática, sino para evitar las consecuencias en la población que, como siempre, serán peores para los y las menos privilegiadas.
El proceso de expansión de las fuentes renovables impulsadas por Cambiemos puede ser criticado por la dependencia que este tuvo del capital privado trasnacional. El caso uruguayo es un ejemplo paradigmático de un proceso de transición energética que al mismo tiempo fue privatizado. Sin embargo, la transición de la matriz energética menos dependiente de la energía fósil es una necesidad que debe componerse también de la gestión pública de esas fuentes. Es importante recuperar la soberanía energética, pero no para depositarla en empresas de bandera nacional, sino para generar una transferencia real donde las decisiones sean de la población y estén orientadas hacia una mejora en la calidad de vida de las personas.
Mientras que la energía siga siendo considerada una mercancía, el trabajo digno y la salud de las personas serán solo secundarios ante la ganancia de pocos actores. Tal vez los números cierren mejor, pero priorizar un pretendido desarrollo nacional por sobre las consecuencias que este tenga sobre la calidad de vida de la población no puede ser una opción popular. Es fundamental dejar de concebir a los extractivismos como fuente de riqueza, progreso y desarrollo social.
