Los tribunales de Montana fallaron contra el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos por violar la ley al emitir el Permiso Nacional 12 (NWP 12, por su sigla en inglés) para facilitar la construcción del oleoducto Keystone XL. El Consejo de Recursos de las Llanuras del Norte denunció que el Cuerpo de Ingenieros incumplió múltiples obligaciones de estudios de impacto ambiental y que esa omisión favoreció a la empresa TC Energy, a cargo de la megaobra.
Por Víctor Quilaqueo / Foto: indigenousprising.wordpress.com
La denuncia también hace hincapié en la naturaleza del NWP 12, que constituía un proceso abreviado para autorizar la construcción de oleoductos y otras infraestructuras que implicaban una afectación al medioambiente y la disponibilidad de agua. El alcance esperado de la NWP 12 era allanar el camino a 69.700 proyectos a lo largo de cinco años de implementación de la normativa.
Keystone XL es un megaoleoducto de casi 2 mil kilómetros, tendido entre Alberta (Canadá) y Nebraska (EE UU), y corresponde a la cuarta etapa de una red para transportar crudo extraído de las arenas bituminosas en Canadá hacia refinerías de Texas, en el Golfo de México. La obra, aprobada en Canadá en 2010, ha sido sumamente resistida por organizaciones indígenas de diversos pueblos, campesinos, activistas y organizaciones que lograron que fuera detenida en 2015 por orden del entonces presidente de EE UU Barack Obama. No fue sorpresa que Donald Trump activara el megaproyecto al inicio de su gobierno en 2017.
No es exagerado catalogar este triunfo en los tribunales como una victoria estratégica de la resistencia territorial y legal. En un comunicado donde dan a conocer la noticia del fallo, el abogado Doug Hayes señala que “la administración Trump ha violado repetidamente la ley en su implacable búsqueda de ver construido este sucio oleoducto de arenas bituminosas. El fallo de hoy confirma, una vez más, que no se puede eludir el hecho de que Keystone XL devastaría las comunidades, la vida silvestre y el agua potable”, y agrega: “Era cierto hace una década, y es igual de cierto hoy en día: Keystone XL es un mal negocio para el pueblo americano y nunca debió ser construido”. Cabe destacar que en marzo los estados de Kentucky, Dakota del Sur y Virgina Occidental aprobaron leyes de criminalización de la protesta y de todas las actividades de resistencia que afecten los intereses de la industria de petróleo y gas. También durante ese mes, pero en Canadá, las autoridades de Columbia Británica, autorizaron aumentar el despliegue de efectivos policiales en territorios de comunidades del pueblo Wet’suwet’en, que se opone a la megaobra; y en febrero el gobierno de Alberta presentó un proyecto de ley de defensa de infraestructura crítica, que impone penas de cárcel y severas multas a quienes bloqueen caminos, líneas de ferrocarril o los ductos de petróleo y gas.
Es también una victoria clave en la oposición al desarrollo de estos proyectos porque llega en un momento en que desde los gobiernos de los países del Norte se busca respaldar al sector de energías extremas. Según informa el diario británico The Guardian, las industrias contaminantes están usando la pandemia para obtener miles de millones de dólares en fondos de rescate y debilitar los mecanismos de protección ambiental en Canadá y Estados Unidos. De hecho a fines de marzo TC Energy recibió mil cien millones de dólares por parte de la provincia de Alberta para la construcción de Keystone XL. Y por esos días la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos comunicó una medida transitoria, sin fecha de término, en la que admite enormes complicaciones para el ejercicio de sus funciones en medio de la crisis por el coronavirus, por lo cual suspende en la práctica la aplicación de las leyes ambientales, dejando tareas centrales como fiscalizar, monitorear y autorizar diversas actividades de la industria contaminante, en manos de las propias empresas.
Recientemente la organización Environmental Defence publicó la filtración de un memo de la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo (CAPP, por sus siglas en inglés) en el que solicitaba al gobierno federal una amplia gama de concesiones para el sector. La amplitud de las demandas de los productores va desde detener todo el desarrollo de la política climática y no aprobar la legislación para implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a suspender el cumplimiento de una serie de políticas referidas al precio del carbono, el monitoreo de la contaminación, la protección de aves migratorias, la seguridad ferroviaria y la detección de fugas de metano, entre otras.
Pocas semanas después de hacerse público el memo de la CAPP, en un marco de tensión sobre el presente y futuro del sector fósil en Norteamérica, el primer ministro canadiense Justin Trudeau aprobó un fondo de dos mil millones de dólares canadienses destinado a compañías petroleras que operan en las provincias de Alberta, Columbia Británica y Saskatchewan, dirigido a la contratación de trabajadores para tareas de limpieza de pozos abandonados e impulsar el cumplimiento de una nueva normativa relacionada con la reducción de emisiones de metano. En este escenario, es evidente que no hay claridad sobre los resultados reales y la profundidad del lobby petrolero en cuanto a su poder de influencia en diversos escenarios de rescate para el sector.
Fuentes:
Comunicado de prensa: https://www.sierraclub.org/press-releases/2020/04/yet-again-federal-court-invalidates-key-permit-for-keystone-xl
Nationwide Permit 12 (NWP 12) Vacated on ESA Grounds
How Keystone XL, the pipeline rejected by Obama, went ahead under Trump
Major blow to Keystone XL pipeline as judge revokes key permit
Polluter bailouts and lobbying during Covid-19 pandemic
TC Energy Keystone XL pipeline moves forward after Alberta commits $1.1 billion, shares rise
EPA suspends enforcement of environmental laws amid coronavirus
Alberta tables bill that would jail pipeline protesters for up to six months, impose major fines
B.C. government authorized expanded police presence in Wet’suwet’en area: letter
Three States Pass Laws Criminalizing Fossil Fuel Protests Amid Coronavirus Chaos
Canada’s Oil & Natural Gas Producers, CAPP. Memo, march 27 2020
Analysis of CAPP’s “COVID-19 Crisis Response”
Trudeau offers new money to oil patch, but rejects calls to suspend climate action over COVID-19
