Por Darío Tropeano (*).- Asistimos a una nueva escalada del conflicto Malvinas, con motivo del inicio de las explotaciones petroleras en el área Malvinas. Se tratarían de recursos por 60.000 millones de barriles de crudo, siendo aproximadamente el 10% de ellos de fácil extracción, de acuerdo con un informe de la Geological Society de Londres. El propio diario inglés de The Sun reconoce en su portada del 2/12/09 que el descubrimiento podría impulsar la economía de Inglaterra.
La principal empresa que lleva adelante el emprendimiento –Desire Petroleum junto con otras tres pequeñas compañías– desde hace años viene intentando impulsar su actividad a través de la contratación de una plataforma, pero su notoria carencia de capital, su total ausencia de giro empresario y un grupo de accionistas de avanzada edad fueron postergando durante años todo atisbo de inicio de explotación. Extrañamente, en septiembre del 2009 tomaron participación accionaria relevante en ella el Barclays Bank y Banco HSBC. El primero es uno de los coordinadores del nuevo canje de deuda todavía en default y que tanto revuelo ha abierto por el uso de las reservas del BCRA. Ello ha motivado una denuncia judicial contra funcionarios de Economía, ya que el banco inglés no ha declarado ni solicitado en el Registro de Empresas Petroleras Productoras creado por la Secretaría de Energía –que prohíbe la actividad de empresas o accionistas que se dediquen a la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina – la autorización respectiva.
Es decir, la República Argentina ha contratado para colocar nuevos títulos de deuda al principal banco inversor que explora el petróleo de Malvinas y, simultáneamente, la presidenta de la Nación emite un decreto que obliga a toda embarcación que navega entre el continente y las islas a pedir autorización previa. La concordancia de ambas medidas es absolutamente contradictoria y de consecuencias muy diversas.
BH Billington, a través de Falkland Oil-Gas, es una de las grandes corporaciones involucradas en el negocio y seguramente la que desarrollará la operación del emprendimiento. Esta empresa mantiene importantes emprendimientos en la Argentina, entre ellos la tenencia de casi 40.000 hectáreas en la provincia de Salta.
Malvinas tiene una importancia geoestratégica trascendente. La señora presidenta lo ha expresado recientemente en la cumbre de Cancún y cualquier mala película de Hollywood nos lo recuerda con habitualidad: la batalla es por los recursos naturales y en ello todos los países pueden resultar afectados.
La cercanía de la Antártida es un pieza clave para Inglaterra, ya que no sólo el petróleo en torno de las islas está en juego, sino el que puede existir –cálculos que diversos organismos evalúan desde hace décadas– en el continente blanco.
Pero, además, las mayores reservas de agua dulce del planeta –aproximadamente el 80%– e ingentes recursos ictícolas para alimentar a una porción sustancial del planeta yacen en su lecho marino, además de la mayor biodiversidad del planeta.
Inglaterra reclama ante Naciones Unidas un millón de kilómetros del continente blanco, lo cual tiene consecuencias directas con lo resuelto por el Tratado de Lisboa que hace pocos meses modificó el convenio de constitución de la Unión Europea, incorporando a las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur como territorios de ultramar y otorgando un nuevo estatus jurídico a esos territorios: la de integrante de la UE. El sector antártico británico por el que reclama soberanía alcanza las 350 millas del talud continental y comprende espacios pretendidos por la Argentina, el cual será ahora apoyado en su demanda por la Unión Europea como territorio de ultramar.
Es vital no sólo una política de Estado coherente y coordinada, sino que actuamos siquiera mínimamente como los países civilizados que defienden sus intereses y territorios nacionales. Primeramente no podemos evidenciar las contradicciones de no respetar nuestros recursos continentales aceptando la posesión de tierras de frontera, grandes extensiones de espacio vital y recursos energéticos por intereses británicos o conexos. La soberanía se impone en estas cuestiones y nada tiene que ver ello con limitar las inversiones externas: los Estados Unidos prohíben el ingreso de capitales chinos en muchas de sus actividades económicas consideradas sensibles y nadie pega el grito en el cielo por ello.
Ha sido un gran éxito de la gestión gubernamental en la reciente cumbre de Cancún donde los países latinoamericanos apoyaron nuestro reclamo por unanimidad; pero es una puerilidad pedir a la secretaria de Estado de los Estados Unidos que sea mediadora entre nuestro país e Inglaterra por fuera de las Naciones Unidas. Hay que presionar desde los foros internacionales, desde la ONU, el Mercosur y el Grupo Río, integrado hoy por países emergentes con un creciente peso específico de carácter político y económico.
Es un buen momento en la escena mundial para el reclamo, en tanto Inglaterra se debilita aceleradamente como potencia mundial inmersa en una crisis económica y financiera colosal. Su nivel de endeudamiento externo y su déficit público son enormes y su moneda –la libra esterlina– se devalúa sensiblemente, incluso a un ritmo mayor que otras de referencia.
Es hora de actuar con seriedad e intensidad a través de reclamos multilaterales, pero sin las contradicciones que habitualmente evidenciamos y que nos quitan autoridad como país.
(*) Abogado. Docente de la UNC
Río Negro