En Allen, epicentro del fracking en la provincia, vecinas de distintos barrios se organizaron ante la invasión de camiones de arenas de sílice. Alrededor de cien vehículos cargados con unas cincuenta toneladas atraviesan diariamente la ciudad. Denuncian la falta de respuestas y el maltrato de las autoridades locales y provinciales.
Por Martín Álvarez Mullally.- Los ruidos son insoportables, en las viviendas se habla a los gritos y los televisores están al máximo. Las camas vibran, las paredes se están rajando y los techos suenan. Los barrios de Allen viven en una nube de polvillo constante que penetra en todos los rincones. Les niñes en la calle jugando es una postal del pasado. El tráfico de camiones de arenas de sílice que genera la empresa NRG es estresante para quienes viven en la zona. Y el cuadro se torna más preocupante en la medida en la que se evidencia que ni la Intendencia, ni la Provincia, están dispuestas a tomar medidas que atenten contra la rentabilidad de la empresa para preservar a la población.
Marcela Garcia es productora frutícola y vive desde hace sesenta años en Calle rural 17, trayecto que conecta la Ruta nacional 22 con la provincial 65. Según ella, la llegada de NRG al Parque Industrial Norte de Allen fue la gota que rebalsó el vaso. Primero pasaban los camiones con materiales para las obras de reforma de la Ruta 22 que llevan más de una década. Luego construyeron el gasoducto entre la planta de Estación Fernández Oro y el gasoducto troncal Neuba, y unos meses después, el acueducto que lleva el agua a la planta de arenas. Ahora, desde 2020 cuando comenzó a operar NRG, hay un tránsito de ochenta camiones diarios. Marcela García no es la única enojada. “Somos unos diez productores, más toda la gente que vive ahí, debemos ser unos cuarenta”, relata. Y explica que en la etapa de cosecha el polvillo daña la fruta durante el transporte, lo que implica que haya dejado de ser fruta de primera, exportable.
A partir de los reclamos de las vecinas en articulación con productores y la Asociación de Productores del Alto Valle (APAV) consiguieron reunirse con NRG, Vialidad Nacional, la Secretaría de Minería, el Consorcio de Riego y Concejo Deliberante. La respuesta fue trasladar parte del tránsito a la calle Martín Fierro. Sin embargo, siguen pasando los camiones que NRG terceriza.
“Nos está afectando en la salud, en nuestra calidad de vida. No podemos estar tranquilos, estamos todo el tiempo pensando que se nos viene la casa abajo, qué problemas de salud nos va a traer esto”, aporta Verónica Zapata mientras recorre las rajaduras de todas las paredes de su casa. Verónica vive en una hermosa esquina de la calle Martín Fierro en la que con mucho esfuerzo acaban de construir una ampliación. En su casa vibra todo, los cuadros, los vasos, los platos, la cama. “Hemos reclamado al municipio y no hay solución alguna”, explica. “¿Qué pasa si se cae una casa?”, le plantearon a Mauricio Morales, el presidente del Concejo Deliberante: “el municipio lo cubre”, respondió el funcionario. “¿Qué pasa si alguien fallece en esa caída?”, repreguntó Verónica. “El municipio lo cubre”, volvió a responder el funcionario. “Me respondió así, sin reparo alguno, con un desprecio por la vida que quedé sorprendida”, dice la vecina.
Graciela Cancelieri es otra de las pobladoras que impulsa los reclamos. Vive en la calle Perón cerca del paso de los camiones y padece los mismo problemas. Para ella las leyes están escritas pero las decisiones políticas no las cumplen. “Nuestra Carta Orgánica municipal tiene un capítulo sobre ambiente y nuestra Constitución provincial es referencia en sus capítulos sobre ambiente, porque habla de `delito ecológico´ que otras constituciones no lo tienen”, explica. Buenas leyes en malas manos, la constante en una provincia donde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Dina Migani, es dueña de una empresa de servicios que les vende químicos para fracking a las mismas empresas que, según su función pública, debería controlar.
Las formas del carácter extractivo
Las vecinas denuncian maltrato institucional y falta de seriedad de parte de NRG, el Deliberante, la intendenta Liliana Martín y Dina Migani. Dicen que en las reuniones dilatan las respuestas, evaden sus responsabilidades y prometen cosas que no cumplen. Para Cancelieri es algo que se repite. “Así como fue la política para instalar al fracking, están haciendo ahora con las arenas. Allen ya es una zona de sacrificio”, afirma.
Ante los reclamos, resolvieron regar las calles con una mezcla de residuos de pulpa moldeada. “Un producto sucio, oloroso, horrible’”, describen. La idea era que funcione como fijador para no tener que regar muchas veces. Pero una vez seco, el polvillo aparecía igual con mucho mal olor y se pegaba en todos lados.
En este peregrinar institucional, en 2020 lograron juntar al Secretario de Obras Públicas, al de Planeamiento, al de Gobierno y al de Tránsito. Las hicieron esperar más de tres horas para que se vayan, pero ellas se quedaron e hicieron un acta con los acuerdos: riego de calles, descenso de las velocidades de circulación, cese de tránsito pesado y asfalto. Nada se cumplió. “Vino la pandemia y se paró todo, menos los camiones”, relata Marcela García.
Romina Reus vive a pasos de la calle Martín Fierro y también describe el periplo que hizo para buscar alguna respuesta. “Llame a la municipalidad y me dijeron que ellos no se encargaban de esto, que era área de la provincia y que tenían una resolución. Me mandaron la resolución que son nueve páginas nada más, donde no hay Estudio de Impacto Ambiental”. Llamó a la delegación central de la Secretaría de Ambiente que queda en Viedma, le contestó una persona que no sabía lo que era una evaluación de impacto ambiental y que le dijo que no podía entregarle información a cualquier persona. Que si quería ver el legajo, tenía que ir hasta Viedma, a 550 km de distancia. Finalmente entregó una nota en la delegación de la localidad de Fernández Oro dirigida a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, pero todavía no obtuvo respuesta.
En septiembre de 2021, Dina Migani promulgó la Resolución 975 -la que le entregaron a Reus- que establece el recorrido desde las canteras Bauti, en la meseta rionegrina, hasta la Planta de lavado, secado y clasificación de NRG, en el Parque Industrial de Allen. Allí consta la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y del “Plan Transitorio de Transporte de Arenas” que implica dos etapas y habilita el paso por la zona urbana y rural desde las que surgen las protestas de las vecinas. Así será hasta que NRG acondicione un camino alternativo que la empresa Oldelval tiene en la traza del oleoducto.
En septiembre de 2022, Rocio Barrios fue parte de la delegación que asistió al Concejo Deliberante. También vive en la calle Martín Fierro y cuenta que cuando mencionaron la resolución que habilitó el transito temporal por el ejido, notaron que los concejales “no tenían idea”. “Nos enojamos porque sentíamos que no nos estaban escuchando y se excusaron diciendo que estaban buscando la información”, explica. Y agrega que cuando relató lo que viven y padecen, el Presidente del Concejo se enojó y manifestó vehemente que no iba a responder porque ella estaba diciendo “barrabasadas y faltándoles el respeto”.
Algo similar le ocurrió cuando fue a visitar a la intendenta Liliana Martín que la acusó de “maleducada” por un comunicado que Barrios había mandado a una radio. Rocío Barrios se sorprendió en aquel encuentro de que la intendenta no conociera la logística del transporte de la que, según Martín, es la inversión más importante de la historia de Allen. “¿Cómo habilitó los permisos entonces? Nos da mucha indignación e impotencia cómo nos tratan”, concluye.
Otro maltrato provino de NRG. Su gerente de relaciones institucionales Pablo Casals, ex Secretario de Planificación del ex gobernador Alberto Weretilneck, puso en duda a las vecinas y les exigió material fotográfico que respalde lo que denuncian.
NRG no respondió las consultas que le realizamos para la realización de este artículo. Igual que había sucedido cuando publicamos otro en enero.
Preocupación por la salud de la población
Una de las mayores preocupaciones son los impactos sanitarios. Algunos fueron inmediatos. Marcela Garcia cuenta que su vecina Clarisa tiene 78 años y en 1977 en San Juan sufrió el terremoto de 7,4 que dejó un saldo de 65 muertos y más de 300 heridos. Ahora, con la invasión de camiones de arenas, Clarisa no puede dormir, su casa vibra y ella teme que se le derrumbe encima. “Fue al médico y la mandaron a un psiquiatra para que le receten pastillas para dormir. Para nosotras es terrible, una vecina de esa edad, que trabajó toda la vida en la producción y nunca necesitó pastillas”, cuenta Marcela García. “¿La solución es empastillar a Clarisa? Porque hay muchas Clarisas en Allen”, concluye.
Rocío Barrios estudia medicina y para ella es preocupante lo que puede implicar que esto continúe. Su hermano tiene sensibilidad auditiva y está viviendo con los oídos tapados. “Tenemos alteraciones en el ciclo de sueño, eso nos repercute emocionalmente, psicológicamente, físicamente, es muy desgastante”, manifiesta. Explica que las arenas de sílice generan daños pulmonares, que esas afecciones avanzan de manera lenta y silenciosa hasta que se manifiestan en fibrosis, que es un deterioro importante en la capacidad pulmonar.
Por su parte, para Graciela Cancelieri reclamar es un acción preventiva ante el potencial contaminador de las arenas: “Nosotras no queremos tener a las personas enfermas, queremos prevenir que eso pase”.
NRG, el enigma
¿Quiénes son los dueños de NRG? Detrás del interrogante, surgen nombres de conocidos políticos que no aparecen en los registros. Entre 2019 y 2020, los empresarios César Oscar Güercio y Damián Strier constituyeron las firmas NRG Argentina, NRG Energía, NRG Air, NRG Construcciones, NRG Materiales, NRG Servicios Petroleros, NRG Transportes, NRG Ultra, NRG Metals Argentina, NRG Oil&Gas, NRG Global. Estas compañías cubren el amplio espectro del negocio de la arena, desde la cantera hasta los pozos de fracking. La financiación proviene de un fondo de inversión canadiense, los dueños no tienen experiencia comercial previa en el sector. Güercio fue dueño de una empresa que vendía pasajes turísticos, fue empleado de Schlumberger entre 2009 y 2012. Strier, por su parte, es docente, tiene un postdoctorado en energías renovables y pasó por la empresa Roch.
La planta de tratamiento, lavado y clasificación de Allen ocupa un predio de 140 hectáreas. Además, poseé otras 260 hectáreas de canteras y una planta en Ibicuy, en Entre Ríos, y 4100 hectáreas en la meseta de Río Negro. En las plantas hay problemas con los residuos de las arenas.
Además, las plantas consumen grandes cantidades de agua para el lavado de las arenas. En el caso de Allen, en abril de 2021, Güercio obtuvo del Departamento Provincial de Aguas un permiso para el uso de 200m³/hora de agua del río Negro y del sistema de riego. El mismo día, la intendenta Martín solicitó el uso de 300 m³/hora para el mismo predio, por lo que NRG cuenta con la autorización oficial para captar 500 m³/hora.
Pero NRG no solo lava arenas, la empresa fue allanada por Gendarmería Nacional y la AFIP en todas sus sedes en junio de 2022. El allanamiento se realizó a partir de una denuncia sobre lavado de activos y fuga de divisas a través de sobreprecios en la importación superiores al 300% del valor real. Este año, fue durante varios meses la mayor importadora de equipos del extranjero del sector energético. El Ministro de Economía, Sergio Massa, la denunció por contrabando, lavado de activos y fuga en el Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos.
