Luego de que la justicia norteamericana fallara en contra del Estado nacional en el juicio por la expropiación de YPF, el Observatorio Petrolero Sur trae 4 escenas para entender qué pasa con la empresa estatal de energía, la explotación de Vaca Muerta y las políticas en la materia en nuestro país.
Por Fernando Cabrera Christiansen / OPSur.– Una jueza estadounidense falló en contra del Estado argentino en una causa iniciada por dos fondos de inversión por la expropiación de YPF en 2012. La magistrada del distrito sur de Nueva York determinó que Argentina deberá pagarles una indemnización. La resolución vincula las dos grandes decisiones de política hidrocarburífera de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Una novela en escenas que permite analizar los resultados de Vaca Muerta, la gran apuesta energética del país que está a punto de cumplir 10 años.
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Primera escena
Pese a provenir de una provincia con petróleo, las primeras dos gestiones del matrimonio Kirchner al frente del Ejecutivo Nacional no realizaron modificaciones sustantivas en esa materia. Antes de la expropiación parcial de YPF en 2012, la propuesta más audaz había sido el ingreso de la familia Eskenazi a Repsol-YPF.
Como parte de una política de nacionalización, en la búsqueda de torcer el proceso de desinversión y caída de extracción que llevaba adelante Repsol-YPF, el presidente Kirchner promovió el ingreso de la compañía Petersen a la gestión de la mayor petrolera nacional. En 2008, ese grupo propiedad de la familia Eskenazi adquirió el 25% de las acciones de YPF mediante un préstamo que pagaría con las ganancias futuras. Con ese objetivo, el gobierno nacional les habilitó a girar los dividendos al extranjero.
La lógica gubernamental suponía que el ingreso de un grupo económico argentino favorecería la implementación de políticas en pos del mercado interno. Sin embargo, la agresiva distribución de dividendos –USD 850 millones entre 2008-2009, y de un 90% de las utilidades totales en los siguientes balances– necesaria para garantizar el pago de los préstamos recibidos, le permitió a Repsol reubicar las divisas en otros mercados. En esos años sólo el 10% de las utilidades disponibles fueron reinvertidas, lo cual contribuyó al declinante desempeño de la empresa y del sector en su conjunto.
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Segunda escena
Hacia 2010 la salida de divisas del país se había convertido en un problema de política general en el que las importaciones energéticas eran centrales. La adquisición de combustibles en el exterior significó en 2011 una sangría de USD 9.400 millones.
Como respuesta a ese déficit, el gobierno de Cristina Fernández promovió la Ley de Soberanía Hidrocarburífera que expropió el 51% de las acciones YPF con lo que el Ejecutivo nacional se hizo del comando de la principal empresa energética. Posteriormente, el gobierno no hizo una oferta por las acciones que no estaban en manos de Repsol, tal como establecía su estatuto, argumentando que este no podía estar por encima de una decisión soberana.
Al mismo tiempo, la compañía definió que la totalidad de los dividendos fueran reinvertidos. A partir de entonces, y en asociación con compañías trasnacionales, se avanza sobre Vaca Muerta, una formación rica en hidrocarburos que debe ser explotada mediante la utilización de la controvertida técnica del fracking.
Tercera escena
Tras la expropiación YPF, y con la imposibilidad de pagar el préstamo que había recibido para ingresar en la compañía, el Grupo Petersen se declaró en quiebra y dos fondos de inversión, Burford Capital y Eton Park, compraron los derechos de litigio. Con esa adquisición demandaron al Estado Nacional y a YPF acusándoles de que no haber hecho una oferta pública de adquisición a todos accionistas tras la expropiación.
Esta semana se conoció que la jueza de primera instancia del tribunal del Distrito sur de Manhattan Loretta Preska falló en contra del Estado argentino y eximió a YPF. Sin bien quedan todavía dos instancias judiciales más, la situación es muy complicada en un terreno donde estos fondos de inversión tienen todas las de ganar. Según medios especializados, el juicio podría costarle unos USD 3000 millones al Estado argentino.
En 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos ya había resuelto que en este caso era aplicable la jurisdicción de Preska.
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Escena final
El estado nacional al frente de YPF promovió dos objetivos: apuntar al autoabastecimiento para revertir la tendencia deficitaria en la balanza energética y beneficiar a la población de las zonas de extracción, fundamentalmente en la provincia de Neuquén.
Los publicitados resultados de Vaca Muerta son, sin embargo, ambiguos por la baja, al mismo tiempo, de la explotación convencional. En gas, los “récords” han podido frenar la caída de la extracción total, que se sostiene rondando los 140 millones de metros cúbicos diarios desde el 2019. La capacidad de transporte es el principal motivo de ese techo. El crudo, en cambio, sí aumentó sus totales. Esto debido a que la extracción convencional tuvo una caída menor, está menos concentrada en la cuenca neuquina y tiene mayores posibilidades de transporte. Hoy se exporta crudo desde Neuquén, cuando históricamente se exporto de Chubut casi con exclusividad. Así, los hidrocarburos colaboran en la balanza comercial: disminuyen la importación de gas y generan dólares. No obstante, esta cuenta sigue siendo deficitaria. El año pasado el resultado comercial fue negativo en USD 4500 millones y si sumamos el pago de deudas privadas, intereses y otros servicios, la salida de dólares del sector alcanza los USD 8500 millones.
Por otro lado, pese a las abultadas cantidades de divisas que han llegado a Vaca Muerta, y pese al aumento del empleo privado que este tipo de yacimientos implica, los índices sociales de Neuquén siguen siendo malos: el 38,4% de las personas son pobres y el 4,3% indigentes en el conglomerado Neuquén-Plottier.
Finalmente, la intensificación de la explotación, la presión sobre la infraestructura con falta de inversión y el déficit de preparación de quienes trabajan en el sector han multiplicado los incidentes ambientales –que en Neuquén treparon de 2,8 diarios a 5,6 entre 2017 y 2021– y los “accidentes laborales” que ya se cobraron 15 vidas desde 2017.
En la sanción de una ley provincial de Neuquén el 28 de agosto de 2013 puede signarse el inicio de la explotación de Vaca Muerta. A poco de cumplirse 10 años y pese a las entusiastas cobertura mediáticas, por lo general, como en el reciente fallo judicial norteamericano, los mayores beneficios quedan en manos de compañías trasnacionales o especulativas. Transformar la matriz energética argentina que depende en un 85% de la quema de hidrocarburos, así como buscar otros horizontes económicos que no aten al país a proyectos corporativos económicamente volátiles y nocivos para el ambiente es una tarea aún pendiente.
Esta nota se publicó en la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social
