La falta de trabajo ha sido una constante durante los últimos años en Mar del Plata. La principal ciudad balnearia argentina, ubicada 400 kilómetros al sudeste de Buenos Aires, superó el promedio de desempleo nacional en varias oportunidades y por eso no es extraño que haya cierta expectativa ante el proyecto de exploración petrolera. La desocupación es un tema sensible para los habitantes de un conglomerado que tiene un crecimiento demográfico sostenido (650 mil habitantes, según el censo de este año) pero sin ofertas laborales acordes. La última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos reveló que cien mil personas tienen problemas de empleo.
Por Javier Andrada / Fotos: Flor Guzzetti .- En el puerto, un sector particularmente golpeado por la precarización, los sindicatos dan rienda suelta a la ilusión del oro negro. “Mar del Plata puede llegar a ser Dubai”, dijo entusiasmado Pablo Trueba, el Secretario General del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE).
Dubai expone desigualdades extremas, es considerada la ciudad más rica del mundo pero menos del 1 % de la población concentra el 90 % de la renta petrolera. La fundación humanitaria Equidem denunció que los trabajadores viven hacinados en barracas de hasta veinticinco personas, ganan apenas 150 dólares al mes, no tienen derechos sindicales (están obligados a trabajar con temperaturas de hasta con 50° C ) y ni siquiera gozan de la posibilidad de cambiar de empresa o volverse a su país porque les retiran el pasaporte. La mayoría son indios y pakistaníes; muchas veces quedan varados, vagando por las calles, sin dinero y solo cuentan con la comida que les acercan personas solidarias. Por estas razones, los suicidios de trabajadores son moneda corriente en el emirato.
Pero el dirigente portuario del SIMAPE insiste: según él, la industria petrolera va a generar 10 mil empleos en la primera etapa, 15 mil en la segunda y 65 mil en la última. Por otra parte, desde su perspectiva, el riesgo por el impacto ambiental es sólo visual: “Si te parás en Champagnat (una de las principales avenidas de Mar del Plata), al Obelisco no lo ves, esto es lo mismo, a 400 kilómetros de la costa ni siquiera se está pescando. No hay ninguna cámara pesquera que haya firmado un amparo en contra de las petroleras, los barcos andan a petróleo, no a vela”.
Ramiro Capuccio es biólogo y su ocupación consiste en controlar a bordo las tareas de prospección sísmica. “Tenemos una empresa (Marine Mammal Observers) que provee biólogos a las petroleras; monitoreamos las 24 horas a algunas especies, como delfines y ballenas. Cuando se las detecta, ordenamos frenar las operaciones. Tenemos la facultad absoluta para hacer eso. Hemos progresado mucho en la mitigación de daños”, afirma.
Las petroleras están obligadas a contratar empresas de servicios medioambientales que las proveen de biólogos. Estos profesionales realizan informes diarios sobre el comportamiento de los mamíferos y la actividad del barco. Capuccio asegura que el seguimiento es minucioso: “Los informes se entregan al Ministerio de Ambiente y a la petrolera, a las empresas les conviene, porque evitan problemas, mala prensa y ser multadas. Las paradas a veces son muy cortas, de unos 40 minutos, en las que el animal se retira inmediatamente; y hay otras paradas que duran horas, cuando los animales son curiosos, sobre todo los juveniles o grupo de delfines muy grandes a los que les gusta correr la ola que va haciendo el barco”.
En el caso de la pesca, la experiencia de contralor no permite demasiado optimismo. El inspector es un empleado más del armador pesquero. Está 30 días encerrado en el camarote, suele recibir una propina y nunca ve los descartes que se hacen. Un informe de la Fundación Vida Silvestre sacó a la luz que la industria pesquera descarta en el Mar Argentino 110 mil toneladas por año de especies o ejemplares juveniles que no le sirven. Se conoce como pesca incidental. Debido a la sobreexplotación del recurso, cada vez hay menos ejemplares adultos de merluza, entonces las empresas pescan ejemplares juveniles que aún no se desarrollaron ni se reprodujeron, lo que conspira contra la multiplicación de la especie y la preservación del ambiente. “Salvar los juveniles de hoy, es salvar la pesca de mañana”, aseguran desde la Fundación Vida Silvestre Argentina. La sobreexplotación está prohibida por la Ley Federal de Pesca y, además, es un atentado contra la seguridad alimentaria de las comunidades costeras.
Roberto Garrone, periodista especializado del sector y conductor del programa Desde el muelle (FM Residencias), advierte: “Si los controles del petróleo offshore van a ser como los de la pesca, estamos en problemas. Hay maneras de burlar el parte de pesca, hasta hace poco hubo un festival de sub declaración de capturas de merluza; eso tenía una tarifa de la que se servían los sindicatos, la Prefectura, el subsecretario de Pesca, el intendente y los inspectores”.
En el año 2019 la Cámara de Empresas Pesqueras planteó algunas dudas sobre el impacto que tendría la prospección sísmica en las especies del Mar Argentino, pero a medida que el debate avanzó el conflicto de intereses -que se suponía que podía haber entre la industria pesquera y la petrolera- no fue tal.
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El principal puerto pesquero del país es el de Mar del Plata, concentra el 60 % del total de la pesca argentina. Consolidado como puerto marítimo de ultramar, también tiene actividad en el rubro petrolero (se hacen operaciones con gas licuado de petróleo), cerealero y turístico. Además, está asentada la Base Naval Mar del Plata de la Armada Argentina. Y otro dato por demás relevante, un tercio del puerto Plata está ocupado con chatarra de barcos inservibles, también en este aspecto la pesca deja su huella ecológica.
Extranjerizada -los principales capitales son canadienses, españoles y chinos- y precarizada, la actividad del puerto parece languidecer, por lo que no sería extraña una reconversión. En el mar, las naves obsoletas están expuestas a naufragios y hundimientos. En tierra, funciona con pseudo cooperativas que son legales -las matrículas las entrega el Estado- pero en la práctica son manejadas por capangas que no cumplen con las asambleas, la distribución del trabajo y el reparto de excedentes. En general, los trabajadores no tienen obra social ni aportes jubilatorios.
Agustín Nieto, doctor en Historia y codirector del Grupo de Estudios Sociales Marítimos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sostiene que “el puerto no siempre fue pesquero, al principio estaba dominado por las grandes empresas cerealeras. Siempre funciona a partir de la lógica de maximización de ganancias, si el capital necesita reconvertirlo lo va a hacer porque lo que más les interesa no es el recurso si no el dinero”.
A partir de la década del 60 la industria pesquera local intensificó la producción de pescado fresco (merluza) apuntando al mercado internacional. Atrás fue quedando la industria conservera, que empleaba mayormente a mujeres, y fue ganando terreno el fileteado y luego el pescado congelado.
En muchas ocasiones, los cambios fueron resistidos por la clase trabajadora. La primera gran huelga de portuarios tuvo lugar en 1966 y fue reprimida por la dictadura del general Juan C. Onganía. Se erradicaron las ranchadas, esas viviendas temporarias que servían para estrechar los lazos sociales y delinear la organización obrera. A partir de esa ruptura, comenzó la privatización del puerto. La segunda ola de protestas importantes ocurrió durante el menemismo, a partir de 1991, cuando empezó la cooperativización forzosa y los obreros fueron transformados en monotributistas. Y en 2007 fue la última lucha en pos de que se regularice la actividad (el grado de informalidad es cada vez más alto), y también fue reprimida por el Estado: primero con la Infantería de la Policía Bonaerense, que desalojó la sede del Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP) ocupada por los manifestantes, y después con el Grupo Albátros de la Prefectura Naval Argentina. En la represión a esa lucha abundaron los apremios ilegales, el armado de causas judiciales y los efectivos policiales infiltrados en las marchas.
Actualmente el trabajo en tierra agoniza. La materia prima muchas veces se manda a otros países donde la mano de obra es más barata, como Perú o algunos de Centroamérica, por ejemplo. El SOIP cuenta con apenas 2.300 afiliados cuando en la década del 70 llegó a tener más de 10 mil. Cada vez que un trabajador registrado se jubila, las empresas descorchan champagne.
El Estado está ausente en el control del trabajo de procesado de pescado; las grandes empresas se sacan de encima las cargas laborales y tercerizan la producción en las pseudo cooperativas, que no pocas veces son cuevas con piso de tierra y sin las condiciones mínimas de salubridad. No es raro que las protestas sean apagadas con violencia física, como le pasó a la histórica filetera y luchadora Elda Taborda. Después de un reclamo laboral en la planta Santa Ana (el pescado que tenían que filetear era demasiado pequeño, lo que significaba realizar un mayor esfuerzo para producir la misma cantidad de kilos) sufrió el incendio de su camioneta en la puerta del establecimiento. “Con ese vehículo íbamos a trabajar con mi marido, lo hicieron para amedrentarnos pero no lo lograron. Ahora, como entramos a trabajar a las 4 de la mañana, a la ida tomamos un remise y a la vuelta nos volvemos en colectivo”, cuenta Elda, que tiene 67 años, cobra la jubilación mínima y trabaja en el pescado desde los 12, cuando empezó descabezando anchoas en un saladero.
El incendio quedó registrado en las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo municipal. En las imágenes se ve al sujeto que cometió el atentado recibiendo un paquete de parte del capataz de Santa Ana. También se lo ve hablar con el hermano de la responsable de la empresa. Sin embargo, el Poder Judicial no avanzó en la investigación.
En el plano laboral, las exigencias de la patronal para que los trabajadores aumenten la producción son constantes. Elda Taborda relata que antes los cajones de merluza traían 70 piezas grandes y que ahora traen 300 piezas chicas. “Nos matamos laburando y no ganamos nada, se abusan, esta forma de producción nos baja el salario a la mitad”. Los fileteros y fileteras del puerto de Mar del Plata trabajan entre ocho y doce horas diarias y reciben 60 pesos por kilo de merluza procesada. En las pescaderías y supermercados los consumidores tienen que pagarlo entre 900 y 1.100 pesos.
En ese contexto, la promesa de la industria petrolera se erige como la salvación para un sector muy castigado durante las últimas décadas. Aunque se trate de un espejismo, de una ilusión que puede traer aparejadas contrariedades, como por ejemplo, la disminución de la pesca ante posibles derrames
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La convivencia de la actividad costa afuera con el turismo, que ha mostrado una recuperación importante después de la pandemia, también preocupa. Mar del Plata es la ciudad que más turistas recibe en el país; el Ente Municipal de Turismo publicó en su web que entre el 1 de diciembre de 2021 y el 31 de marzo de 2022 recibió más de 4 millones de visitantes.
Antes de la pandemia, a la Perla del Atlántico llegaban 8 millones de personas por año. Si se considera que la industria turística genera empleo para casi el 15 de la población económicamente activa -según la Encuesta Permanente de Hogares- y que la actividad petrolera expone a riesgos permanentes a los ecosistemas costeros, tal como quedó de manifiesto con los derrames en Brasil y Perú, ambas actividades no parecen compatibles. Son el agua y el aceite -tal vez de forma literal- y parece difícil que puedan convivir, o como mínimo representa un riesgo muy grande para una ciudad como Mar del Plata, que no puede darse el lujo de perder puestos de trabajo en uno de los sectores más dinámicos de su economía.
