La Legislatura aprobó hoy un polémico proyecto de ley de “Economía del conocimiento” en Chubut, con asombrosa sintonía con el acuerdo para la instalación de un centro de datos de la empresa Green Capital. El proyecto incluye financiamiento, tierra y créditos para un amplio espectro de empresas dentro de las que se encuentra la prospección y servicios geológicos. ¿Entran los centros de datos por la puerta y la minería por la ventana?
Por Hernán Scandizzo y Felipe Gutiérrez Ríos (OPSur) / Foto: Chad Davis, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
La legislatura de Chubut convirtió en ley el proyecto N° 84/26, que crea el Régimen Provincial de Fomento a la Economía del Conocimiento. La nueva norma da un marco jurídico y financiero al Plan Estratégico Chubut Hub Digital 2030 presentado en julio por el gobernador Ignacio Torres (PRO), con el objetivo de promover el desarrollo de servicios digitales, computación en la nube e infraestructura tecnológica de nueva generación.
Si bien la ley es de amplio alcance, bajo el manto de la “economía del conocimiento” se esconde un instrumento para garantizar la instalación de centros de datos de hiperescala. Esta relación surge de una coincidencia temporal: la presentación del Plan Estratégico Chubut Hub Digital 2030 se hizo en simultáneo con el rimbombante anuncio del proyecto Atlas GigaHub, de la empresa polaca Green Capital, para la instalación de un megacentro de datos en cercanías de Trelew con una inversión de USD 3,3 mil millones. Esta empresa, también de manera estruendosa, presentó en 2024 un proyecto para la producción de hidrógeno verde con apoyo del programa Global Gateway de la Unión Europea, que no prosperó.
Durante el debate en el recinto, la autora de la ley y diputada del oficialismo María Andrea Aguilera respondió a las críticas con una defensa de las empresas tecnológicas. “Cuando se habla de centros de procesamientos de datos aparecen los fantasmas de que vienen a llevarse el agua, a quedarse con nuestra tierra, a apropiarse de nuestros recursos. Y la verdad que no llego a comprender eso. Los centros de datos sostienen los servicios que nosotros utilizamos diariamente”, dijo. A la vez emplazó al diputado Juan Aquino (MST en el Frente de Izquierda Unidad) para que explique “por qué agita esos fantasmas”, acusándolo de reducir la ley solo a centros de datos.
Aquino respondió que a los fantasmas no los agita él, sino el propio gobierno y su acuerdo con Green Capital. “No son fantasmas, son cosas muy concretas. Yo creo que hay que dejar de desviar la atención, de tapar el sol con un dedo y dejar de camuflar detrás de mucha letra el interés fundamental que tienen respecto de este proyecto”, señaló volviendo a ubicar a los centros de datos en el núcleo del debate.
Tierra, agua y energía sin límites
La ley deja grandes interrogantes ambientales. Aspectos como el consumo de agua y de energía, que son puntos críticos señalados por quienes se oponen a la instalación de centros de datos de hiperescala a nivel mundial, son mencionados de manera lateral. No plantea prioridades de acceso ni ningún tipo de resguardo: se limita a que los proyectos identifiquen sus “necesidades de agua y energía”.
La crítica central a la ley es que uno de los beneficios para las empresas del sector es facilitar el acceso a tierras fiscales, sea en concepto de cesión de uso o en venta. La administración de las tierras fiscales suele ser un punto de conflicto: la condición de tierra fiscal no implica que esté deshabitada. Es habitual en la región que la tenencia de tierras de comunidades indígenas y familias campesinas no esté regularizada. En este punto, llama la atención que en el Consejo Asesor que crea la ley no se incorpore al Pueblo Mapuche Tehuelche, dado que la radicación de estas empresas podría tener un impacto directo en sus territorios.
Entre los objetivos del proyecto, además, está reducir la desigualdad territorial e incluso se menciona la Meseta Central como lugar de posible establecimiento de estos emprendimientos en zonas de baja densidad poblacional. Surge el interrogante sobre qué tipos de proyectos pretenden que se desarrollen – más allá de la posible instalación de mega centros de datos y parques solares fotovoltaicos o eólicos que los abastezcan de energía – y con qué recursos una provincia endeudada como Chubut costeará la infraestructura y garantizará los servicios que escasean en las zonas de baja densidad poblacional – escasez que contribuyó a que se transformen, justamente, en zonas de baja densidad poblacional. El gobierno de Ignacio Torres negocia con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) la instalación de un punto de amarre de fibra óptica cerca de Puerto Madryn o Rawson, que se sumaría al de Las Toninas (Buenos Aires) y sería una pieza clave de la infraestructura que demandan estas empresas.
Si bien esta norma toma como referencia la ley nacional 27.506, de Promoción de la Economía del Conocimiento, se empalma con otras que otorgan beneficios como el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, que impulsa el Gobierno Nacional y tiene media sanción en el Congreso. Además de Chubut, otras provincias patagónicas como Neuquén y Santa Cruz apuestan a la instalación de centros de datos de hiperescala ofreciendo disponibilidad de tierras y energía.
Siempre hay lugar para la minería
Llama la atención la amplitud de definición de las empresas que pueden considerarse “economía del conocimiento” -que viene de la Ley Nacional 27.506-, desde una cooperativa para hacer software en escuelas rurales, a productoras audiovisuales, hasta la industria aeroespacial. Dentro de ellas se encuentran las empresas de “servicios geológicos y de prospección” lo que podría meter por la ventana a la minería en esta ley. Un tema particularmente sensible en Chubut, una provincia cuyos habitantes han señalado de manera reiterada su rechazo a la megaminería. En los últimos años el interés de las empresas y los gobiernos de la provincia se centraron en proyectos de explotación de oro, plata y uranio.
Aunque el proyecto dice de manera explícita que no se pueden habilitar actividades ya prohibidas, en Chubut la exploración no está prohibida. El riesgo, entonces, es que esta ley permita el uso de fondos para financiar la etapa previa de la minería. De manera explícita la ley sostiene que busca promover “cadenas productivas provinciales” entre las que destaca la “minería sustentable”. Dado que el proyecto prioriza que las empresas se radiquen en la meseta central, pone el ojo en los mismos territorios donde se buscó avanzar con la zonificación minera en 2021, que provocó la movilización popular conocida como el “Chubutazo”.
Un rechazo que crece a nivel mundial
La oposición que generó este proyecto en Chubut es parte de una ola mundial de rechazo. Las elecciones de medio término en Estados Unidos marcaron un hito en este sentido. El pasado 3 de noviembre, en paralelo a los comicios, la opción de restringir la instalación de estas infraestructuras ganó en 40 de 41 consultas locales, en la mayoría de los casos con más del 70% de los votos. Este rechazo en el corazón del capitalismo global muestra las tensiones que genera el intento de grandes empresas, como Amazon, de instalarse frente a pequeñas comunidades locales.
La oposición a los centros de datos se apoyó en dos argumentos centrales. Por una parte, los vecinos sostienen que el alto consumo eléctrico de estos centros obliga a ampliar la infraestructura de transmisión, un costo que se traslada a las facturas del servicio. Por otra parte, se movilizaron en defensa del ambiente y del territorio, frente a la ocupación de tierras y el enorme consumo de agua que requieren estas instalaciones. “El desarrollo de centros de datos representa una nueva frontera del capitalismo extractivo”, denuncia Andrea Crooms, militante de DSA (Socialistas Democráticos de América). “Esta demanda inmensa y concentrada tensiona las redes eléctricas públicas y las cuencas hídricas locales, y encarece los costos para todos los usuarios”. También en Europa se extienden las protestas contra los centros de datos por el excesivo consumo de bienes comunes y el escaso beneficio para la población general.
A nivel regional también ha habido una fuerte oposición a estos proyectos. En Chile, el gobierno de Gabriel Boric impulsó un plan nacional para el sector y flexibilizó las exigencias de evaluación ambiental. Actualmente operan 36 centros de datos, la mayoría en la periferia de Santiago, y hay otros 34 proyectados. Diversas organizaciones socioambientales denuncian el uso intensivo de agua en una zona afectada por la sequía y la presión sobre la red eléctrica. En Cerrillos, la movilización vecinal logró en 2024 que la justicia anulara parcialmente el permiso obtenido por la compañía Google, pero este año la empresa obtuvo luz verde para un nuevo diseño sin evaluación ambiental.
La mayor inversión proyectada en la región fue anunciada en octubre por la empresa española Solaria y el gobierno de Uruguay. Los US$5.700 millones comprometidos lo convertirían en la mayor inversión extranjera de la historia de ese país, y su demanda equivaldría a cerca de una quinta parte del pico de consumo eléctrico uruguayo. La parte “verde” del acuerdo son los parques solares que alimentarían los centros de datos, mediante un contrato que obliga a la estatal UTE a comprar esa energía durante 20 años, prorrogables por otros 20, y a garantizar el respaldo eléctrico. La empresa no aclaró de dónde obtendría el agua para enfriar los servidores.
Las mismas dudas que en otros pagos siembra el capitalismo digital se plantean en Chubut. “¿Qué derechos va a conservar el estado provincial sobre los desarrollos científicos y tecnológicos financiados con el dinero público?. ¿Va a estar puesto al servicio de la provincia o simplemente va a redundar en patentes privadas de las grandes corporaciones?” se preguntaba hoy el diputado Juan Aquino durante el debate en la Legislatura. “Porque la provincia pone todo. Y cuando digo la provincia me refiero a las comunidades, al pueblo trabajador de la provincia. Ponemos todo: los territorios, el agua, la energía. Bueno, está difícil ver los beneficios de este tipo de proyectos”, sentenció.
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