El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén anuló la probation que eximía de juicio a los imputados en la causa del basurero petrolero. Pero, en vez de liberar el camino hacia el juicio, reenvió aquel recurso nuevamente a primera instancia. Como por arte de magia, la resolución retrotrae ocho meses el debate. De esta manera, la causa ambiental más importante en la historia de Vaca Muerta queda estancada en el laberinto judicial.
Por Yamila del Palacio, Fernando Cabrera Christiansen y Paula Llana / OPSur. Fotos: Martín Álvarez Mullally
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén dio a conocer su resolución en torno a la suspensión del juicio a prueba -probation- en la causa contra los responsables del basurero petrolero Comarsa. En un fallo parcialmente dividido, el Tribunal anuló la controvertida probation otorgada por el juez Lucas Yancarrelli pero también revocó la decisión del Tribunal de Impugnación que la había dejado sin efecto. Pese a que el inicio del juicio oral ya tiene fecha prevista para el 15 de marzo del año próximo, el TSJ definió que el proceso sobre la probation deberá comenzar de nuevo desde foja cero.
Con esta resolución, detrás de argumentos en búsqueda de la recomposición del daño generado, los jueces vuelven a poner en riesgo un posible juicio contra la empresa emblema del desprecio ambiental petrolero.
Desde que la fiscalía formuló cargos en febrero de 2024, las defensas impugnaron gran parte de las resoluciones y buscaron salidas extraordinarias, como la probation. Esa medida, que posibilita evitar el juicio a cambio de asumir ciertos compromisos, les fue concedida en primera en marzo y luego revocada por el Tribunal de Impugnación en abril. Las defensas insistieron y el 11 de agosto el TSJ realizó una audiencia a cargo de los jueces Soledad Gennari y Alfredo Elosu Larumbe en la que expusieron las defensas, el fiscal ambiental Maximiliano Breide Obeid y las querellas de la Asociación de Abogades Ambientalistas y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH). También intervinieron como amicus curiae el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que respaldaron la continuidad del proceso penal.
La causa
Con el inicio de la explotación de fracking en Vaca Muerta se multiplicó la generación de residuos petroleros y Comarsa pasó de ser una planta de tratamiento a un predio de acopio que llegó a ocupar 17 hectáreas con residuos sin procesar. La empresa entregaba certificados ficticios a las operadoras petroleras, fundamentalmente YPF, y disimulaba el pasivo en los balances. Esa operatoria le permitía retirar ganancias mientras los barros y líquidos tóxicos se acumulaban en un terreno que se fue ampliando y en el que se instalaron, sin autorización, piletas de grandes dimensiones sin impermeabilizar. “Pasó de ser una tratadora a ser una acumuladora de residuos sin capacidad de darle tratamiento real, por lo que implementó una serie de piletas que llegaron a ser 10, muchas de ellas sin habilitación”, describió el fiscal durante las audiencias de control de acusación.
El predio de Comarsa, en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén, está ubicado a pocos metros de viviendas y proyectos urbanísticos. Gran parte de esa superficie fue incorporada mediante la ocupación ilegal de tierras fiscales provinciales y municipales. Allí se acumulan residuos con compuestos volátiles y altamente tóxicos, como BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno), hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales pesados como plomo, bario y mercurio. Al momento de la formulación de cargos se calculaban 210 mil metros cúbicos de barros tóxicos, equivalentes a unos 10 mil camiones batea. Sin embargo, la fiscalía comprobó que esa cifra corresponde solo a lo que está en superficie. “No sabemos cuánto hay enterrado”, advirtió Breide Obeid, quien en los allanamientos encontró residuos ocultos bajo la tierra. Tampoco se conoce la calidad de las napas, porque el estudio que la Subsecretaría de Ambiente encomendó a la empresa nunca se realizó.
Comarsa cerró sus puertas a mediados de 2018, pero recién a fines de 2024 —diez meses después de que sus máximas autoridades fueran imputadas— empezó a retirar los residuos sin tratarlos. El material se traslada más de 100 kilómetros hasta el predio de disposición final de Indarsa en Añelo, en un proceso aprobado por la ministra de Ambiente Leticia Esteves que debe finalizar en diciembre de 2026. El dueño de Comarsa ya avisó que no podrá cumplir con esos plazos. A esto se suma que el traslado contempla únicamente los residuos acopiados en superficie, y no los que permanecen enterrados. Esas cantidades no están contempladas en el traslado.
La desaparición progresiva de las montañas del paisaje del Parque Industrial no puede confundirse con la remediación del daño: hasta hoy no se dio a conocer ningún programa técnico de remediación integral que aborde las afectaciones sobre el suelo, el agua y el aire del predio y sus alrededores, donde las obras de urbanización ya se ubican a menos de 100 metros de los paredones.
Detrás de la causa hay más de una década de organización, denuncia e investigación. En octubre de 2014 se presentó públicamente la asamblea Fuera Basureros Petroleros, que agrupaba a familias vecinas a la planta y a organizaciones que acompañaban sus reclamos. A fines de 2015, tras la movilización y la presión en la Legislatura, el Ejecutivo provincial firmó el Decreto 2263, que prohíbe instalar este tipo de plantas a menos de ocho kilómetros de zonas urbanizadas. El plazo para adecuarse venció en noviembre de 2017, pero Comarsa dejó de ingresar camiones recién a mediados de 2018. En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas presentó la denuncia penal y luego se sumó como querellante la APDH. En febrero de 2024, la fiscalía formuló cargos contra el dueño y dos exgerentes. Desde OPSur acompañamos ese recorrido, entre otras cosas, con el informe “La basura del fracking en Vaca Muerta”, elaborado junto a La Izquierda Diario y Taller Ecologista.
Esta resolución judicial reconoce las inconsistencias del fallo de primera instancia, pero obliga a dar pasos atrás y rediscutir todo nuevamente, un proceso que en el 2026 demoró ocho meses. Así, la causa ambiental más relevante de la historia de Vaca Muerta corre el riesgo de perderse en los espinosos pasillos judiciales mientras los vecinos del lugar, que cada vez son más, siguen esperando soluciones.
